Mirna Velásquez Sevilla y Carlos Martínez Morá[email protected]
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Solís: No se puede destituir a Argüello
Mirna Velásquez Sevilla y Carlos Martínez Morán
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El magistrado sandinista Rafael Solís, aseguró ayer que no se puede destituir al magistrado Rogers Camilo Argüello —implicado en la trama de los 609 mil dólares— porque no existe una ley sobre esa materia.
El PLC ofreció los votos de sus 42 diputados para destituir a Argüello, pero según el magistrado Solís, una ley de ese tipo debería ser aprobada en enero por la Asamblea Nacional, misma que estaría sujeta a la aprobación final de la misma Corte, que tiene la facultad de declararla inconstitucional o no.
Hace tres años, la CSJ declaró inconstitucional una ley de destitución de magistrados que apenas tuvo unos meses de vida. El argumento para su rechazo fue que sólo requería del voto de 47 legisladores y no le daba derecho a la defensa a los funcionarios, según explicó Solís.
“A mi criterio, debiera mantenerse esa misma mayoría de 56 votos para destituirlos. Esa es una ley que la Asamblea debería aprobar y pasar en enero. No veo problema en que la Corte después la vaya a considerar inconstitucional”, condicionó.
Para el magistrado Solís, los liberales están politizando el caso de los “narcodólares”, porque “probablemente hay jueces de procedencia sandinista involucrados”.
Manuel Martínez, presidente de la CSJ, reconoció que magistrados liberales y sandinistas están estancados en el caso, debido a que los sandinistas están a favor de “suavizar” las sanciones.
El sandinista Marvin Aguilar es de la tesis que no se pueden imponer tres sanciones contra jueces y ser suspendidos además como abogados y notarios. Los liberales, al contrario, piden sanciones más fuertes.
Los magistrados de la Sala Constitucional han renegado de la sentencia que salió de esa sala y que fue utilizada para la excarcelación de Leyla Bucardo y la liberación de los 609 mil dólares del supuesto narcotraficante Luis Ángel González Largo. Pero a pesar de este supuesto “malestar”, todavía no han emitido un juicio oficial donde se defina la legalidad de esta sentencia, que para algunos entendidos es nula porque contiene defectos de procedimiento.
La Fiscalía sostiene que esa sentencia sigue siendo legal a pesar de sus defectos, pero el cuestionamiento gira alrededor del tipo de recursos que se podrían usar para dejar sin validez esa resolución, utilizando el principio de que: en Derecho, lo que se hace, se deshace como se hace, y que no basta con decir es nula o que los magistrados retiren su firma.
“Una sentencia se ataca a través de los recursos que la ley refiere, una violación se ataca a través de los recursos”, indicó Armando Juárez, fiscal especial.
Según Juárez, la última palabra a este embrollo la podría tener sólo la Corte Plena, que adquiera algunas facultades jurisdiccionales. “Para mí hay una sentencia, perfecta o imperfecta. Sujeta a iniquidades, pero sentencia hay, y lo correcto es revocarla si la van a revocar, o confirmarla si la van a confirmar. Pero ellos ( los magistrados), no han tenido personalidad para sostener lo que resolvieron”, expresó.
