Mirna Velásquez [email protected]
La Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (Enacal) no sólo tiene el “no” del Ejecutivo para aplicar una nueva alza a la tarifa del agua potable, sino también la desaprobación de parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El magistrado Francisco Rosales, miembro de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la CSJ, recordó ayer que existe un acuerdo suscrito en el 2003, que impide aplicar el incremento en la factura del agua; por lo tanto, una nueva alza sería ilegal.
Este miércoles, el Presidente de la República, Enrique Bolaños, rechazó la aplicación del aumento, pese a que el Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA), ente regulador de los recursos hídricos, validó la solicitud de alza hecha por Enacal, del 13 por ciento.
Pero en el 2003, el INAA firmó un acuerdo en la CSJ con la Liga de Defensa del Consumidor Nicaragüense y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), en el que ratificaron que las tarifas serían congeladas hasta abril de 2006.
“Si INAA no respeta efectivamente el arreglo, cae inmediatamente fuera del acuerdo, y ese arreglo tiene carácter de sentencia ejecutoriada, y las sentencias, como dice la Constitución, son de ineludible cumplimiento. Entonces estaría fuera de la ley y de la legalidad”, declaró el magistrado Rosales.
