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El seis por ciento y la educación básica
Nadie ignora que la calidad de la educación pública primaria y secundaria en Nicaragua ha decaído substancialmente en los últimos años. La infraestructura de los centros de estudio es calamitosa. Institutos de larga tradición como el Ramírez Goyena, por ejemplo, no tienen suficiente presupuesto para renovar sus instalaciones ni para darles un adecuado mantenimiento. Lo mismo ocurre en centros de primaria. En consecuencia, se van deteriorando paulatinamente. Faltan pupitres, pizarras y otras herramientas de estudio básicas. Muchos centros ni siquiera cuentan con una biblioteca adecuada y mucho menos con computadoras y acceso a Internet.
Por otro lado, el salario que devengan los maestros de primaria y secundaria es vergonzoso si se le compara con el de maestros del mismo nivel en países como Honduras, por mencionar uno que está en un nivel económico similar al nuestro. Todas estas limitaciones producen efectos negativos que se convierten en un círculo vicioso. Uno de ellos, desde luego, es un bajo nivel de la calidad de la enseñanza lo que se traduce en estudiantes faltos de preparación que van a fracasar en la universidad o en el ejercicio de su profesión.
Cada vez que esto ocurre se pierde la inversión que el Estado hace en un estudiante porque no se producen los resultados esperados. Se trata de un desperdicio. Otro efecto negativo de la desastrosa situación del sistema educativo primario y secundario es que se pierde la motivación en quienes tienen vocación de maestros. La carrera docente deja de ser una opción inteligente y promisoria porque los maestros son menospreciados con un salario indigno. A mediano plazo la carrera de docente de nivel básico podría desaparecer.
Desde el sandinismo hasta hoy, el apoyo gubernamental a la educación primaria y media ha sido ineficiente e insuficiente. La defensa de la revolución fue la prioridad a lo largo de todo el período de gobierno sandinista, y aunque hubo un ingreso masivo a las escuelas, la calidad de la educación se vino al suelo. Los maestros calificaban a sus estudiantes sobre la base de su participación en las tareas de la revolución y muchos se bachilleraron por haber cortado café o algodón o por destacarse como activistas políticos.
Irónicamente, antes de entregar el poder, los sandinistas aprobaron, de manera apresurada e irresponsable, una ley que otorgaba el 6 por ciento del presupuesto nacional a las universidades. La decisión de los legisladores sandinistas obedecía simplemente a un deseo de congraciarse con los universitarios para poder manipularlos después en su lucha por seguir gobernando desde abajo. Es muy comentado dentro de la comunidad universitaria que los estudiantes que no apoyan las huelgas, paros y quema de la propiedad privada en las asonadas de los sandinistas para presionar al Gobierno de turno, son castigados con el retiro de becas y de otros privilegios que se conceden con el 6 por ciento que reciben las autoridades universitarias. Esto fue el interés que primó en la aprobación de ese fatídico seis por ciento.
El gobierno del presidente Bolaños tampoco ha hecho mucho para mejorar la situación del sistema público de enseñanza primaria y media. Sus esfuerzos se han concentrado en sobrevivir. Pero la necesidad está allí y hay que hacer algo al respecto. Parece que al presente, como han sugerido algunos interesados en este tema, lo más que se puede hacer es negociar para que el seis por ciento de las universidades se calcule únicamente sobre la base de los ingresos ordinarios del Estado y se excluyan las donaciones y los préstamos recibidos.
Sin embargo, hay que prevenir el despilfarro y exigir a las autoridades universitarias que presenten un informe general de la distribución que se hace de estos más de mil millones de córdobas que reciben cada año. Además, habría que exigir que el CNU pague sus gastos por consumo de agua, luz y teléfono pues actualmente el Estado tiene que darles alrededor de cien millones de córdobas adicionales al 6 por ciento para este fin. Y cuando la conformación del Poder Legislativo lo permita, será necesario hacer una reforma constitucional para que el monto del presupuesto para las universidades no produzca una injusticia en el nivel primario y secundario con los efectos negativos que hemos planteado al principio.
