- La eterna crisis económica que atraviesa el país ha influido negativamente en la lucha que llevan a cabo las instituciones contra el narcotráfico y el crimen organizado. Sin embargo, las múltiples misiones encomendadas para contrarrestar esos males han sido cumplidas a fuerza de voluntad
Carlos Martínez Morá[email protected]
La Costa Atlántica nicaragüense es una región de poca densidad poblacional, pero proporcionalmente con los niveles de desempleo y pobreza más altos del país.
Para la Fiscalía General de la República esa condición ha favorecido mucho el accionar de los narcotraficantes, que desde hace algún tiempo han insistido en usar ese pedazo del territorio nacional como corredor para el trasiego de droga, lo que ha hecho que el trabajo de las autoridades nacionales tome visos peligrosos.
UNA LUCHA DESIGUAL
El fenómeno ha estado presente, aunque en menor escala, en otros lugares del país y las acciones que realizan las instituciones del Estado nicaragüense para contrarrestarlo se ven afectadas en algunas ocasiones por las limitaciones económicas, indicó la doctora María Lourdes Bolaños, Fiscal Adjunta del Ministerio Público.
En esa lucha desigual, algunas instituciones como la Policía Nacional han tenido que lamentar la muerte de algunos de sus miembros a manos de criminales expertos ligados al narcotráfico.
El Ministerio Público todavía no ha tenido que enfrentar casos como esos , pero como efecto del problema de las actividades del narcotráfico, los funcionarios del Ministerio Público son sujetos a cada momento de amenazas de muerte en los diferentes lugares del país donde tienen presencia.
La doctora Bolaños señaló que el mayor problema lo enfrentan en la Costa Atlántica nicaragüense, donde los riesgos que corren los funcionarios de la institución son enormes.
Para ilustrar la difícil situación, relató que en Puerto Cabezas los funcionarios del Ministerio Público no pueden salir libremente a la calle como cualquier ciudadano, pues la gente inconforme con su trabajo se les aparece en cualquier esquina con insultos o amenazas de muerte.
“A veces estiran el brazo en dirección al Fiscal y hacen como que le están disparando. En otros casos se pasan el índice por la parte inferior del cuello para hacerle entender que lo van a degollar o que lo tienen en la mira”, indicó Bolaños.
Señaló que como efecto de estas presiones, recientemente una fiscal tuvo que renunciar a su cargo para salir de ese lugar.
Por esa misma situación, otros funcionarios de la institución han pedido traslado a otros departamentos del país para evitar ser blanco de los criminales.
PUNTOS DE RIESGO
Según María Lourdes Bolaños, las amenazas de muerte también son muy frecuentes en El Ayote y Acoyapa, en el departamento de Chontales. También en algunos lugares de los departamentos de Rivas, Jinotega y Managua.
El Ministerio Público considera El Ayote y Acoyapa, como lugares peligrosos, porque además de las amenazas de muerte que reciben los fiscales, éstos no tienen lugares seguros donde guardar sus expedientes. Muchas veces se ven obligados a cargar con los documentos en cajas de cartón, por temor a que se los roben en los locales designados como oficinas.
A pesar de los múltiples peligros, según Bolaños, los funcionarios del Ministerio Público, la Policía Nacional y los miembros del Ejército nicaragüense realizan grandes esfuerzos por hacer que en cualquier parte del país donde se produzca un delito, prevalezca el imperio de la justicia, no sólo en los delitos comunes sino también en los casos asociados al crimen organizado.
DÉFICIT DE FISCALES
Para atender la demanda de la población o representar a la víctima en los tribunales de justicia, el Ministerio Público tiene 231 fiscales a nivel nacional, incluyendo al fiscal general Julio Centeno Gómez y a la fiscal adjunta María Lourdes Bolaños. Teóricamente, la institución debería contar con al menos 600 funcionarios.
“Pero tomando en cuenta el comportamiento de la delincuencia y la situación económica del país, consideramos que la demanda de la población la podríamos resolver con 350 fiscales, sin problema”, indicó la Fiscal Adjunta.
Agregó que lo ideal sería que el Ministerio Público tuviera representación en todos los municipios del país, pero eso no es posible.
En la zona del Atlántico nicaragüense la institución tiene únicamente a 16 fiscales, lo que para la Fiscalía es insuficiente si toman en cuenta que ese lugar es uno de los principales escenarios de lucha en contra del narcotráfico.
En el Atlántico, los fiscales deben ocuparse no sólo del trabajo administrativo, también deben participar en las diferentes operaciones que realiza la Policía Nacional contra la narcoactividad.
También deben acompañar a la Fuerza Naval del Ejército Nicaragüense en los diferentes “quiebres” de droga que se efectúan en alta mar.
Según el cúmulo de trabajo, para la cobertura de esa zona del país, el Ministerio Público debería tener tres veces más esa cantidad de fiscales, pero los pocos recursos económicos que reciben del Ejecutivo no se los permite.
Bolaños sostiene que la institución tiene un plan para incrementar la cantidad de fiscales en los municipios del país. Para concretar ese objetivo solicitaron un techo presupuestario para el próximo año, de 199 millones de córdobas pero el Ejecutivo sólo les asignó 102 millones.
La Fiscal Adjunta dijo que piensan reunirse con los diputados de la Asamblea Nacional para ver la posibilidad de que se les incremente el techo presupuestario y puedan subsanar las necesidades que quedan pendientes de resolver en el Ministerio Público.
“Pero así como está el presupuesto no podremos hacer mucho. No podríamos aumentar la cantidad de fiscales que la institución debería tener”, aseguró.
PORCENTAJE DE GASTOS
El Ministerio Público declara un gasto del 40.1 por ciento en salarios. El 6.8 por ciento lo emplean en servicios no personales, como viáticos y otras necesidades. El 16 por ciento lo gastan en papelería y otros productos de oficina.
Un poco más del 37 por ciento lo emplean en bienes de uso, como pago de local de oficinas.
PROBLEMAS DE MOVILIZACIÓN Y ALOJAMIENTO
Según la Fiscal Adjunta, en la mayoría de municipios del país, los funcionarios del Ministerio Público se movilizan a pie. Algunos en buses y otros en taxi para poder atender los casos o representar a las víctimas en los tribunales de justicia.
Muchos de ellos cubren los costos de transporte con sus propios recursos.
“Las institución no dispone de los recursos para garantizar un medio de transporte en cada una de sus sedes. Algunas veces los fiscales resuelven con los medios de la Policía Nacional”, explicó.
Sin embargo, aseguró que debido a las limitaciones económica de esa institución no les puede resolver todas las necesidades de transporte. “Entonces hay casos en que ellos (los fiscales) deben resolver con sus recursos”, dijo.
En algunas sedes del Ministerio Público, los fiscales han debido asumir también la adquisición de computadora, máquinas de escribir, alguna papelería, ventiladores y otros medios que la institución no les proporciona.
A este esfuerzo hay que sumar las largas jornadas de trabajo que en algunos departamentos del país deben realizar con bastante frecuencia.
Bolaños explicó que el problema de logística de los fiscales en alguna medida lo resuelven con ayuda de las otras sedes que se encuentran más próximas de la comunidad donde está la necesidad.
REQUIEREN MÁS SEDES Y MEDIOS
El Ministerio Público tiene 65 oficinas en el país y la cantidad mínima que debería tener es de 72 oficinas. Necesitan darle apertura a unas siete delegaciones más, para completar la normativa mínima.
Destacó que la Policía Nacional ha sido un importante apoyo para la Fiscalía. Desde el momento que asumió la defensa de las víctimas, la institución policial orientó en sus delegaciones asignar lugares para que el Ministerio Público instalara sus oficinas.
Explicó que la carencia de medios de comunicación es otro de los problemas que enfrenta la institución.
En algunos lugares de Río San Juan han logrado abrir con mucha dificultad una pequeña oficina, pero por falta de medios adecuados, deben comunicarse con el Fiscal a través de Costa Rica.
RIESGOS LATENTES
La Fiscal Adjunta señaló que las dificultades de la institución no dejan de preocuparles, pues se corre el riesgo de que originen en los funcionarios del Ministerio Público cierta apatía al trabajo.
“Tenemos miedo de que por la ausencia de soluciones, empiecen a perder el interés en el trabajo, a pensar de que no vale la pena enfrentar los riesgos. O en el peor de los casos, que empiecen a perder la honestidad, la transparencia y otros valores muy importantes para la institución”, señaló.
DEBILIDADES EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO
De acuerdo a las estadísticas del Ministerio Público, durante el primer trimestre de este año los funcionarios de la institución atendieron 23 mil 229 casos de diferentes delitos.
La doctora María Lourdes Bolaños aseguró que de esta cantidad, el Ministerio Público sólo ha presentado 7,210 acusaciones que equivalen a un 45 por ciento de denuncias recibidas en las delegaciones de la institución.
Reconoció que durante estos años el Ministerio Público ha experimentado algunas debilidades en el trabajo de investigación que ha realizado sobre algunos casos.
Esas debilidades han generado a los fiscales serias dificultades cuando llega el momento de presentar la acusación ante el juzgado correspondiente.
“Pero siempre vamos adelante. Algunas veces se nos caen los casos por mal trabajo de los peritos o por una mala presentación de los casos”, dijo.
Señaló que por mala investigación han tenido que regresarle a la Policía 1,289 causas.
De esa cantidad sólo 145 casos han sido sometidos a una investigación completa.
Sin embargo, la Fiscal Bolaños aseguró que esos obstáculos los han venido superando poco a poco con la práctica en el trabajo.
“Y seguimos adelante superando los problemas que a cada momento nos encontramos en el camino”, dijo.
Bolaños consideró también que la Policía tiene serias dificultades en la investigación, porque necesitan mayor capacitación tanto en el área de investigaciones criminales como en el área de laboratorio.
Pero señaló que la fuerza pública ha hecho un esfuerzo grande en capacitar a toda su dirección, a quienes considera excelentes profesionales, pero debe haber mas preocupación por los agentes que andan recolectando la información en la escena del crimen.
UNIDADES MÓVILES
Para contrarrestar el déficit de fiscales y oficinas de la Fiscalía, la entidad programa crear unidades móviles equipadas para atender las necesidades de la población en los lugares distantes. El proyecto iniciaría en Matagalpa y Jinotega, zonas pobladas y donde existe gran demanda del trabajo profesional del Ministerio Público. El proyecto tendrá ayuda de organismos internacionales.
