- Superintendencia de Pensiones tuvo una vida efímera
Luis Felipe [email protected]
Paz a sus restos. La Superintendencia de Pensiones (SIP) feneció este viernes, tras una corta existencia.
Ayer, diputados de la Asamblea Nacional aprobaron el cierre definitivo de la SIP, que se creó en abril del 2000 para supervisar las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que nunca funcionaron en el país pero que se presentaron como la panacea que salvaría el sistema de seguridad social.
La decisión de cerrar la SIP se tomó con el respaldo de 61 diputados, en una sesión parlamentaria que tuvo una estricta seguridad policial, debido a la presencia, en las afueras del parlamento, de médicos, maestros, universitarios y jueces que aguardaban la discusión del presupuesto del 2006.
LIBERALES DIVIDIDOS
El cierre de la SIP evidenció una división en la bancada liberal, debido a que no hubo consenso entre ellos por extinguir o no la institución.
De los 42 legisladores liberales, sólo 18 votaron por la desaparición de la SIP, entre ellos la diputada María Dolores Alemán Cardenal, hija del ex presidente y reo Arnoldo Alemán.
El liberal José Castillo Osejo, quien votó en contra del cierre de la SIP —al igual que su colega Noel Ramírez— dijo que con la desaparición de esa institución se dejan sin vigilancia “millones de córdobas” resguardados en el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
RECHAZAN MOCIONES
Los liberales, ante sus diferencias, presentaron dos mociones para crear dos nuevos artículos que buscaban prorrogar la vida de la SIP por tres meses más, pero tampoco consiguieron los votos suficientes .
Una de las mociones, presentada por la liberal Lilliam Morales Tábora, sugería reformar el Decreto 32-2000, sobre el reglamento general de la Ley de Seguridad Social.
La otra moción, presentada por el también liberal Donald Lacayo, pedía nombrar a una comisión que se hiciera cargo, en un plazo de 90 días, de la entrega de bienes de la institución y de la liquidación de los 42 trabajadores de la SIP, a la cual se le asignarían nueve millones 316 mil córdobas para esa función.
“Ambas mociones están fuera de lugar. Cuando se decide el cierre de una institución del Estado, ya está planteado por la ley el mecanismo para la absorción de sus bienes y rendición de cuentas”, dijo el sandinista Bayardo Arce.
Las mociones de los liberales tampoco tuvieron el consenso entre ellos.
DESEMBOLSARÁN PRÉSTAMOS
Según el sandinista José Figueroa, el cierre de la SIP permitirá reasignar 21 millones de córdobas, que se otorgarían en el presupuesto del 2006 a las demandas de los sectores sociales.
Figueroa dijo que el cierre de la SIP también permitirá dos desembolsos, por el orden de 40 millones de dólares cada uno, en concepto de préstamos.
El legislador sandinista indicó que los desembolsos provienen del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Mundial, organismos que tenían condicionados esos préstamos a la derogación de la SIP y su reglamento.
REUBICARÁN TRABAJADORES
Figueroa explicó que los 42 trabajadores de la SIP quedan cubiertos por la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, “además que fue un compromiso que asumió el Gobierno en el diálogo nacional para que no se afecte a ninguno de los trabajadores de la institución”.
La propuesta de derogar la Ley 340 o Ley Creadora del Sistema de Ahorro para Pensiones y Ley 388 o Ley Orgánica de la Superintendencia de Pensiones, la hizo el Ejecutivo el pasado 28 de octubre, tras concluir que la SIP no era viable porque provocaría un déficit millonario al INSS.
Agregó que le corresponde al Ejecutivo reubicar a los trabajadores de la SIP.
El superintendente de Pensiones, Ramiro Sacasa Gurdián, ha dicho que el cierre de esa institución provocará un “retroceso” en la seguridad social, donde los más afectados serían los cotizantes y pensionados.
