- El candidato presidencial se muestra menos pesimista respecto a una posible inhibición política
- Sin embargo, su candidatura podría ser objeto de negociación
María José Uriarte [email protected]
El ex alcalde de Managua y candidato presidencial, Herty Lewites, se mostró optimista ayer a raíz del amparo judicial que —de forma momentánea— le aleja del peligro de una inhibición política.
La Sala Civil I del Tribunal de Apelaciones de Managua, integrada de forma “fortuita” por tres magistrados liberales, amparó ayer a Lewites frente a una supuesta resolución en su contra por parte de la Contraloría.
El ente fiscalizador examina la venta de un terreno de la municipalidad de Managua, en un precio inferior al verdadero, según lo denunciado. Lewites ha negado el señalamiento.
“Ya con esto se desvaneció totalmente, como dicen, el fantasma de la inhibición; puedo decir con toda seguridad que Herty Lewites, el día de hoy, se siente tranquilo”, manifestó Lewites.
¿SERÁ “ALEGRÓN DE BURRO”?
Las resoluciones deben ser dilucidadas por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), donde liberales y sandinistas la conforman en igual número de miembros.
Por tanto, es presumible que sea objeto de un acuerdo liberosandinista, que también afecte la candidatura del liberal Eduardo Montealegre.
Sin embargo, uno de los puntos que brinda confianza al equipo de Lewites, es que actualmente existen más de 600 recursos de amparo, los que pueden tardar en resolverse en un tiempo mínimo de dos años, de ellos el Gobierno presentó poco más de 300 recursos.
Para que se analice tanto el caso de Lewites y Montealegre, explicó el diputado Orlando Tardencilla, se tiene que aplicar el precepto aquel de “primero en tiempo, primero en derecho”, lo que significa que se tendrían que resolver los amparos pendientes en el sistema judicial.
MONTEALEGRE TAMBIÉN SE FÍA
Los magistrados liberales de la Sala Civil I del Tribunal de Apelaciones de Managua, también fallaron a favor de Jorge Castillo Quant, presidente del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), quien solicitó un amparo en contra de la autorización del Poder Electoral al cambio de nombre y emblemas de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), liderada por Eduardo Montealegre.
Ahora el Tribunal ha mandado a suspender el cambio de nombre de la alianza del liberal disidente.
Tanto Montealegre como Eliseo Núñez, sin embargo, afirmaron ayer que se regirán por la resolución del Poder Electoral a su favor, ya que no se les ha notificado lo contrario, de parte de ese Poder del Estado.
Es decir, el cambio de nombre y emblemas a su favor está vigente, según razonan.
“La instancia superior a la Dirección de Atención a Partidos Políticos —que falló a su favor—, es el CSE y no el Tribunal de Apelaciones”, dijo Montealegre.
LIBERALES AMENAZAN
En tanto, el representante legal de la Alianza PLC para las elecciones regionales, Silvio Américo Calderón, no descartó que puedan acusar por la vía penal al director de Atención a Partidos Políticos, Julio Acuña, por atribuirse funciones que no le correspondían, al aprobar el cambio de nombre de la ALN.
Calderón expresó que Acuña cometió —supuestamente— los delitos de usurpación de facultades contra la Constitución, al establecerse que ningún funcionario puede ejercer funciones que la ley no le establece; y supuestamente el de prevaricato, al ser un director técnico, lo que a su criterio no le daba la potestad para emitir la resolución a favor de Montealegre.
En este sentido, Acuña aclaró que lo que emitió fue un auto y no una resolución, actuación que le fue delegada mediante un acuerdo del Poder Electoral, al transmitirle las diligencias la Secretaría de Actuaciones.
Por su parte, el contralor Guillermo Argüello Poessy respondió que acatarán la resolución del TAM, por lo tanto, quedaba suspendido —desde que fueron notificados— el hecho reclamado y no pueden seguir conociéndolo. Agregó que era un derecho de Lewites ampararse, y el de esa Sala, emitir una resolución de esa naturaleza.
DENUNCIA
Herty Lewites presentó ayer ante los medios, un proyecto de resolución con fecha de 4 de noviembre, que supuestamente presentaría la Contraloría, la que señaló fue realizada con prisa, ya que incluso el contralor Luis Ángel Montenegro fue nombrado como contralor suplente.
En la misma, se presume responsabilidad penal en contra de Lewites, por ocasionar en forma intencional un daño patrimonial al municipio de Managua, por la cantidad de un millón 681,092 dólares por la venta de un terreno a una empresa privada, lo que asegura Lewites, contó con la aprobación del Concejo municipal.
También se determinaba responsabilidad administrativa, al incumplir varios artículos de la Ley de Municipios, entre otras.
El conocimiento de ese proyecto de resolución, provocó un amparo del candidato en contra de esa supuesta medida.
“ANTIJURÍDICO”
Eliseo Núñez, de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), afirmó que la resolución emitida por la Sala Civil Uno es antijurídica, porque tenían que cumplir con dos requisitos: el primero, agotar la vía administrativa ante el Poder Electoral y, en segundo lugar, no cabe ulterior recurso en contra de resoluciones del Poder Electoral, según Núñez.
