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La verdad sobre las inhibiciones
En la edición del diario LA PRENSA del día lunes 21 de noviembre, se alude al hecho de que en Nicaragua hay una historia de inhibiciones por razones políticas, es decir, que obedecen a intereses de ciertos sectores que pugnan por sacar de la contienda electoral a figuras que podrían representar un peligro desde el punto de vista competitivo.
Actualmente, los aspirantes a la candidatura para la Presidencia de la República más populares, el liberal Eduardo Montealegre y el nominado candidato por Alternativa Cristiana (AC) y el Movimiento Renovador Sandinista (MRS), Herty Lewites, enfrentan la posibilidad de ser inhibidos. Supuestamente, el fundamento para estas inhibiciones sería de tipo jurídico. A Eduardo Montealegre se le señalan supuestas irregularidades en su gestión como Ministro de Hacienda. A Lewites se le acusa de haber vendido en cinco millones de dólares un terreno propiedad de la Alcaldía en las inmediaciones de la Pista Jean Paul Genie valorado en 12 millones, cuando era Alcalde de Managua. La presunción que se ha dejado flotar en el ambiente es que el ex alcalde se benefició de alguna manera con esta transacción: o se quedó con una parte del dinero o recibió soborno por venderlo.
Por otro lado, también hay quienes afirman que don Herty Lewites no se benefició económicamente con esta transacción, sino que la venta apresurada del terreno tenía el propósito de cancelar deudas asumidas por la Alcaldía durante su gestión. Si alguna de estas acusaciones fuera probada y ambos candidatos son llevados a juicio y condenados con sentencia firme por un tribunal de justicia, sus derechos civiles quedarían suspendidos y el Consejo Supremo Electoral rechazaría la inscripción de sus candidaturas.
El pueblo nicaragüense sabe muy bien que ésta ha sido la meta tanto de Daniel Ortega Saavedra como del ex presidente y reo Arnoldo Alemán.
Con Eduardo Montealegre y Herty Lewites fuera de la contienda electoral, el camino queda libre para que los caudillos hagan de las suyas, pues un gran número de ciudadanos no podría optar por los dos candidatos de su preferencia. En efecto, según los resultados de la encuesta realizada por M&R en el área rural de la zona norte del país, publicados en LA PRENSA el día 31 de octubre, asumiendo que las elecciones presidenciales no se decidieran en la primera vuelta, Eduardo Montealegre (35.1 por ciento) superaría a Arnoldo Alemán (20.7 por ciento) con un margen de casi 15 puntos. Y aunque Daniel Ortega (29.3 por ciento) supera a Herty Lewites (24.8 por ciento) por un pequeño margen de 4.5 puntos, lo cierto es que el ex alcalde Lewites es más popular que Ortega en las áreas urbanas.
Las estadísticas indican que aunque Lewites no ganara las elecciones, restaría un gran número de votos al caudillo Ortega y esto tendría efectos en la composición del nuevo Poder Legislativo. Lo mismo se puede decir por Montealegre.
Una Asamblea Nacional en la que los caudillos Ortega y Alemán no sumen la mayoría absoluta, rompería todo el esquema del pacto Ortega-Alemán, que presupone el control legislativo de ambos caudillos. Aún cuando Montealegre o Lewites no logren ganar las elecciones presidenciales (algo que no se prevé en las encuestas) es de suponerse que sus bancadas se encargarían, en el peor de los casos, de bloquear el pacto.
Así las cosas, es fácil ver el porqué del creciente interés de sacar del escenario a Montealegre y Lewites. En el proceso de aprobación de la Ley Marco, el diputado Orlando Tardencilla, quien ahora apoya la candidatura de Herty Lewites, propuso incluir en las discusiones el tema de las inhibiciones. Sin embargo, esta moción fue rechazada y el magistrado del Consejo Supremo Electoral, Emmet Lang, dijo que “la introducción de una ley para que no haya inhibición para ninguna persona, significa una apología al delito electoral”.
Tal vez. Pero, ¿está en efecto el magistrado Lang protegiendo del delito nuestro sistema electoral, o sirviendo los intereses de su candidato, Daniel Ortega? Aunque ninguno de los caudillos (ni la cúpula que les acompaña) tiene estatura moral para exigir honestidad, rectitud y justicia de parte de otros candidatos a la Presidencia, la ciudadanía tiene derecho de ser informada con la verdad.
Por lo tanto, los señores Montealegre y Lewites deberían adelantarse a lo que sus enemigos políticos fraguan en su contra y dar una explicación satisfactoria a quienes han depositado su confianza en ellos como candidatos presidenciales.
