Rosa Marina Zelaya Velásquez*[email protected]
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¿Es mucho pedir?
Rosa Marina Zelaya Velásquez*
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En repetidas ocasiones y en diferentes medios de comunicación, dos señores del Consejo Supremo Electoral (CSE) han expresado comentarios negativos de las elecciones de 1996, a pesar que uno de ellos, fue magistrado propietario del Consejo en esas elecciones ¿ya se le olvidó? Guardo fotocopia de las actas de las sesiones donde consta que la casi totalidad de los acuerdos fueron tomados por unanimidad.
Lo toral de esas elecciones de 1996 es que se respetó la voluntad popular, a pesar de que miembros de Juntas Receptoras de Votos (JRV) pertenecientes a partidos políticos, de forma inescrupulosa, con instrucciones que los nicaragüenses saben de quiénes, tiraron materiales y boletas electorales a cauces, en horas de la madrugada del día siguiente a la elección. No obstante, esto y otros actos de boicot y amenazas telefónicas que recibí, se hizo respetar la voluntad popular.
No pueden decir lo mismo los ciudadanos de Granada, Santo Tomás y otros municipios en las elecciones municipales del 2004, ni los partidos políticos que sostienen les hicieron fraude en ellas.
Tampoco pueden decir que obtuvieron justicia electoral los 15 partidos políticos que el CSE no les dejó participar en las elecciones del 2000 y, encima, les quitaron su personería jurídica y no pudieron participar en la elecciones del 2001 y 2002.
Por primera vez en la historia del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua recibe dos sentencias de fondo en contra de sus actuaciones: 1) De la CSJ de Nicaragua el 8 de noviembre del 2003, que obliga al Presidente y magistrados del CSE a devolverles la personería jurídica a los 15 partidos que se las habían quitado ilegalmente; y, 2) de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en Sentencia del 23 de junio del 2005 a favor del Partido Yatama, que denunció violaciones a sus derechos políticos precisamente por no haberles permitido participar en las elecciones municipales del año 2000. Y mandó a pagar US$95,000 al Estado de Nicaragua (léase al pueblo de Nicaragua) por la actuación de los magistrados del CSE y a efectuar reformas a la Ley Electoral para que exista una instancia superior al Consejo Supremo Electoral que pueda revisar lo actuado por sus magistrados. Una verdadera bofetada a los mismos.
Ya que quieren comparar, comparemos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al conocer de una supuesta violación de los derechos políticos de Álvaro Robelo en las elecciones de 1996, emitió sentencia el 5 de marzo del 2001 confirmando que lo actuado en ese caso por el Consejo Supremo Electoral de entonces, fue totalmente apegado a derecho. Transcribo parte de la sentencia: “62. La Comisión considera que la Convención de 1917 no es aplicable a la situación del señor Robelo y que fundamentalmente la ley nicaragüense no permitía poseer la nacionalidad italiana y la nicaragüense, simultáneamente, después de la mayoría de edad. La adquisición de la nacionalidad italiana implicó en este caso la pérdida ipso iure de la nacionalidad nicaragüense del señor Álvaro Robelo”.
Tras seis años de permanencia de estos señores en el CSE lo que la ciudadanía ha visto y denunciado, entre otros, es: una involución del sistema electoral y de la credibilidad de los magistrados del CSE. Magistrados que fueron declarados non gratos en el 2002 en las elecciones de la Costa Atlántica; permitido el “ratón loco” y como consecuencia, miles de nicaragüenses no pudieran votar en las elecciones municipales del 2004, contribuyendo con ello al 54 por ciento de abstención ciudadana.
No concluyeron el proyecto del “Sistema Integrado del Registro del Estado Civil de las Personas, Cedulación Ciudadana y Padrón Electoral”, que se diseñó para que la ciudadanía no tenga problemas para votar y esté debidamente incorporado en el sistema electoral.
Ahora que vienen de nuevo elecciones y tras las irregularidades del año pasado, hablan de realizar una verificación ciudadana, que de antemano saben no será totalmente eficaz —además gastar un montón de dinero— es querer hacer en cuatro días, lo que no hicieron en seis años.
Es fundamental retomar el camino profesional de la organización de las elecciones en Nicaragua y despartidarizarlo en su totalidad, de lo contrario habrá de nuevo crisis administrativa y política en las elecciones de la Costa Atlántica y en las nacionales del 2006. Todos sabemos el daño que se le ha ocasionado al sistema democrático en Nicaragua.
Retomar el trabajo electoral-institucional en base a las leyes de la República y de servicio igual a la ciudadanía y organizaciones políticas participantes en las elecciones. ¿Es mucho pedir?
* La autora fue Presidenta del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua.
