Ángela Saballos
La corrupción en cualquier país está en proporción directa a una baja autoestima de su ciudadanía —discapacitada para exigir cuentas claras— y al secreto conque sus gobiernos administran la cosa pública. Éstos aprovechan la falta de leyes para que una pueda informarse y fiscalizar el manejo del tesoro estatal y las políticas públicas.
Respondiendo a este derecho ciudadano demandado mundialmente, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, junto a otras organizaciones, inició en 2003 una gama de actividades que pusieron sobre el tapete nacional una propuesta de Ley de Acceso a la Información Pública.
Este grupo, compuesto por algunos dueños de medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales, personeros universitarios y del actual gobierno, incidió con sus sugerencias en el borrador del proyecto de dicha ley escrito ese año por la Asamblea Nacional.
Aunque las constituciones de muchas naciones contempla el Acceso a la Información Pública, solamente México, Dominicana y Panamá tienen aprobada una ley que aclara ese derecho ciudadano.
Para compartir opiniones y conocer experiencias en la conformación de esta ley, en octubre viajé a República Dominicana para representar a la Fundación Violeta Barrios de Chamorro en una mesa redonda sobre Acceso a la Información Pública que auspició el Diálogo Interamericano, un destacado centro estadounidense de análisis. Llegamos personas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, México y Panamá.
Así comprobé que mientras en Nicaragua hay actualmente un consorcio de organizaciones, o Grupo Promotor, que consulta nacionalmente el proyecto de ley e impulsa su aprobación; unos diputados que señalan esta ley como prioritaria para ser aprobada y un gobierno que se está preparando para una transparencia voluntaria electrónica, en otros países esta sinergia no existe.
En Honduras, según información de organizaciones que respaldan el proyecto de ley, periodistas y empresarios privados obligaron a la Comisión Dictaminadora de la Cámara Legislativa a posponer la discusión sobre la ley de Acceso a la Información Pública. Tampoco el gobierno la está impulsando.
En El Salvador, asociaciones de periodistas promocionan el derecho a la información pública, pero ningún grupo impulsa alguna iniciativa que desarrolle un anteproyecto de Ley de Acceso a la Información Pública.
A pesar de que la Constitución de Guatemala permite el libre acceso a la información, aún no ha sido aprobado el proyecto de ley específico introducido en el parlamento en 2001. Ningún grupo político ha demostrado interés en impulsarlo, aunque hay restricciones para recibir la información solicitada a las autoridades.
Costa Rica apenas está en la fase de estudiar las lagunas y restricciones existentes en su legislación para tener acceso a la información pública. No tiene propuesta de ley. Algunos casos han sido resueltos a través de jurisprudencia sentada por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, o Sala Cuarta.
Este vistazo a la situación del resto de centroamericanos, nos demuestra que en Nicaragua vamos caminando en conjunto y rápido hacia la aprobación de esta ley.
La ley, por imperfecta que sea, será un instrumento para detener el abuso y la corrupción gubernamental. A la par, habrá que trabajar en la apropiación ciudadana de sus posibilidades. La ciudadanía deberá solicitar información pública y estar convencida que tiene el derecho a obtenerla.
También habrá que crear una cultura de entrega gubernamental de información, pues la experiencia de países que ya cuentan con la ley nos informa la dificultad de vencer el secretismo histórico de los funcionarios públicos. Pero los frutos de esta victoria son dulces y llenan de autoestima nacional al ciudadano.
Los foros especializados para periodistas, las visitas a los territorios a nivel nacional, las charlas, discusiones, explicaciones y presentaciones, que el actual Grupo Promotor de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) está realizando, deberán servir no sólo para conocer que estamos ejerciendo la ley de participación ciudadana al incidir en la elaboración de leyes, si no que para ser un muro de contención en contra de la corrupción.
Con la ley en mano exigiremos y los dineros públicos serán invertidos en las necesidades de una ciudadanía empobrecida que hasta ahora ha bajado la cabeza o se ha marchado asqueada ante el intenso saqueo de las arcas públicas realizado impunemente por distintos gobiernos.
La autora es periodista.
