- Periodistas de Panamá y México exponen experiencias
Ludwin Loáisiga Ló[email protected]
Un periodista de México y otro de Panamá disertaron ayer respecto a la Ley de Acceso a la Información Pública de sus respectivos países, destacando dos temas: los funcionarios siempre buscan instrumentos legales para retener la información de interés general y agregaron que la danza de los millones que efectúan los funcionarios de Estado “es sorprendente”.
Daniel Lizárraga de México y Rolando Rodríguez de Panamá realizaron ayer una presentación respecto a las leyes de acceso a la información pública de sus respectivos países, invitados por la Fundación Violeta de Chamorro y otros organismos cívicos del país.
“Es muy difícil saber cuánto dinero ha sido malversado, pero puedo decirte que en el caso de las partidas discrecionales de los ex presidentes Ernesto Pérez Balladares y Mireya Moscoso, la cifra sumó más de sesenta millones de dólares”, dijo Rodríguez.
En México, explicó Lizárraga las autoridades todavía pueden evadir el derecho contemplado en la Ley de Acceso a la Información Pública aprobada en el año 2002, al mantener parte de la información bajo la figura de “seguridad nacional” o “información personal”.
“Es muy difícil saber cuánto se ha gastado, pero se ha revelado la actitud de los gobernantes por despilfarrar el dinero, de cómo lo mal utilizan”, sostuvo Lizárraga al comentar el resultado de las indagaciones periodísticas y añadió que “las cantidades son sorprendentes”.
El periodista mexicano también señaló que en otras ocasiones el Gobierno decide clasificar los documentos de interés general por un período que alcanza hasta los doce años.
DANZA DE LOS MILLONES
En México, los medios de información han puesto a la luz pública las presuntas sumas millonarias que la Primera Dama de ese país, Martha Sahagún, ha utilizado para comprar prendas de vestir. También respecto a las fascinantes cifras empleadas para decoraciones, indicó Lizárraga.
El periodista relató que al obtener documentos oficiales, los medios de prensa descubrieron que en una ocasión las autoridades compraron prendas de vestir para un evento que en realidad ya había concluido.
Según Lizárraga, las autoridades de México pretendieron evitar dar a conocer los gastos en la compra de prendas de vestir, al decir que se violentaba el derecho de “información personal”: la talla de la Primera Dama de México.
Agregó que en pescados y mariscos, la pareja presidencial de México ha dispuesto en distintas actividades de cien mil dólares.
Lizárraga sostuvo que el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAIP), encargado de hacer llegar a los interesados la documentación de interés general, no tiene ni el presupuesto ni el personal suficiente para atender la demanda de los ciudadanos.
Asimismo, el periodista dijo que una de las formas en las cuales las diferentes instituciones retienen información, es utilizando el mayor tiempo posible para entregar los datos.
Según Lizárraga, transcurren hasta noventa días, aunque al final las autoridades alegan que no tienen la información solicitada.
EL CASO DE PANAMÁ
En Panamá, el reportero Rolando Rodríguez señaló a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) como el Poder del Estado que más impide a las personas ejercer el pleno derecho que ofrece la Ley de Acceso a la Información Pública.
A pesar de que la Ley de Transparencia de Panamá contempla el “habeas data”, un recurso legal que sirve para apelar ante la CSJ cuando las autoridades no facilitan la información requerida, Rodríguez manifestó que la parcialidad de los magistrados judiciales —elegidos por el Presidente— obstruye el proceso.
“En los fallos de la CSJ hay una tendencia a favorecer a los presidentes que le dieron el puesto”, comentó Rodríguez.
El periodista manifestó que cuando las autoridades entran en pugna con los ciudadanos para decidir cuándo una información debe ser considerada de interés público, es la CSJ la encargada de solucionar el diferendo.
La CSJ ha resuelto a favor 10 de 65 recursos de habeas data, dijo Rodríguez.
IGUAL A MÉXICO
Al igual que en México, en Panamá los medios informativos han denunciado en diferentes ocasiones los abusos de las autoridades con el erario.
Rodríguez planteó el caso de los ex presidentes Ernesto Pérez Balladares y Mireya Moscoso.
En el caso de Moscoso, relató Rodríguez, utilizó durante su gestión presidencial 25 millones de dólares en gastos discrecionales. Otros 70 mil dólares en la decoración del Palacio Presidencial en una de las navidades y otros cien mil dólares más en la decoración de su casa.
Asimismo, 1.2 millones de dólares en joyas y prendas de vestir. El salario del Presidente en Panamá es de siete mil dólares.
Por otro lado, tras ser obligado a cumplir con la Ley de Transparencia, el ex presidente Pérez Balladares debió reportar facturas cuyo monto alcanzó la astronómica cifra de 37 millones de dólares.
Además, a través de la ley se obliga a los ministerios que publiquen en páginas de Internet la ejecución del presupuesto.
En el caso del Congreso, la sociedad conoce los modelos y el precio de los vehículos que los diputados importan libre de impuestos, entre ellos algunos que alcanzan la cifra de 124 mil dólares, algo inalcanzable para el público en general.
