- Juez de Rivas deja libres a supuestos “lavadores” de dinero y reparte ilegalmente US$1.2 millones
- Y en Managua, otra Juez anuló pruebas en un caso de US$300 mil
Mirna Velásquez Sevilla yJorge Loáisiga [email protected]
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Dólares ensucian justicia
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Juez de Rivas deja libres a supuestos “lavadores” de dinero y reparte ilegalmente US$1.2 millones |
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Y en Managua, otra Juez anuló pruebas en un caso de US$300 mil |
Mirna Velásquez Sevilla y
Jorge Loáisiga Mayorga
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Dos juicios en los que están de por medio millonarias sumas de dinero, ponen al descubierto el manejo antojadizo de las leyes en el Poder Judicial, que en las últimas semanas ha sido cuestionado por el robo de otros 609 mil dólares ocupados a dos acusados de lavado de dinero.
Mientras en Rivas un juez repartió 1.2 millones de dólares que formaban parte de las evidencias en un juicio a dos guatemaltecos, en Managua una juez prestó las condiciones para que un jurado de conciencia declarara no culpables a dos mexicanos capturados con 300 mil dólares.
Luis David Ramírez y Rigomilda Valencia Barragán (mexicanos) fueron declarados no culpables por un jurado de conciencia la noche del martes, después que la Juez Sexto Penal de Juicio, Miriam Guzmán, anuló las pruebas más importantes con las que contaba la Fiscalía.
El fiscal auxiliar designado para el caso, Javier Morazán, quedó “desarmado” al final del juicio, porque la juez Guzmán decidió en el último momento “botar” las pruebas documentales que según el fiscal demostraban la culpabilidad de los dos mexicanos, acusados de contrabando aduanero en menoscabo del Estado de Nicaragua.
Morazán informó que minutos antes de realizar el debate final, la juez botó una declaración aduanera (que demostraba que el dinero no fue declarado), las tarjetas de ingreso al país de los procesados, el registro migratorio, entre otras pruebas.
El argumento de la juez, según el fiscal Morazán, es que en el escrito de ofrecimiento de las evidencias debía especificarse en base a qué artículo de la ley estaba solicitando la incorporación de las pruebas al juicio, lo cual calificó de “ridículo”, porque lo que manda la ley es establecer con claridad qué se pretende demostrar con cada documento.
Sergio Morales, abogado defensor de Ramírez, y quien hizo la petición a la juez Guzmán de declarar nulas las pruebas, expuso que en este caso no hubo delito, porque la Ley de Contrabando Aduanero señala que introducir billetes al país sin reportarlos es un infracción administrativa, que no constituye delito.
Con este hecho, la Fiscalía no pudo referirse durante los alegatos finales a la documentación frente al jurado, porque no formaban parte del juicio, y los miembros del jurado no tuvieron más que dictar un fallo de no culpabilidad.
¿Y EL DINERO?
Los 300 mil dólares que constituían la principal evidencia del delito de contrabando aduanero, fueron llevados al juicio y al conocerse el resultado final, los abogados defensores pidieron que fuesen puestos en una cuenta bancaria de la Corte Suprema de Justicia (CS J).
De acuerdo con el fiscal, la intención es “garantizarse” el dinero, pero finalmente la juez no accedió a la petición y el dinero continúa en manos de la Dirección General de Servicios Aduaneros.
OTRA “DE RIPLEY”
Mientras tanto, en el Juzgado Penal de Juicio de Rivas se presentó otra situación anómala en septiembre pasado, en la que un juez ordenó la distribución arbitraria y contraria a la ley entre varias instituciones del Estado, entre éstas la Corte Suprema, de 1.2 millones de dólares que habían sido incautados a dos guatemaltecos.
El Procurador Penal Nacional, Iván Lara, confirmó que la Procuraduría General de la República (PGR) solicitó ante el Juez de Audiencia de Distrito Penal de Rivas, Edward Peter Palma Mora, un recurso de reposición de la sentencia, pero ahora Peter Palma ha dicho que en el acta de audiencia no quedó consignado el recurso de reposición solicitado por la PGR.
Los guatemaltecos Carlos Estuardo Méndez y Selvin Aníbal Betancourt Juárez, procesados por contrabando aduanero, reconocieron el delito en una audiencia especial y el juez Palma ahí mismo los condenó a tres años de prisión e inmediatamente les otorgó el benefició de la libertad condicional, facultad que le compete a un Juez de Ejecución de Sentencia.
ALEGRE REPARTICIÓN
De acuerdo con la sentencia de Palma, se estableció que el dinero sería distribuido en partes iguales entre el Ministerio Público, la Policía Nacional, la Dirección General de Aduanas y la Corte Suprema de Justicia, correspondiendo a cada institución 301,480 dólares.
“La Ley 42, Ley de Defraudación Aduanera, establece que las mercancías decomisadas deben distribuirse equitativamente entre los captores, la Dirección General de Aduanas y el denunciante, cuando lo haya, pero no establece que debe entregársele dinero a la Fiscalía y a la Corte”, explicó Lara.
“El juez hizo una interpretación antojadiza, ilegal, indebida y arbitraria de la ley”, agregó por su parte el procurador auxiliar penal César Guevara.
IRRESPONSABILIDAD
El viernes 3 de septiembre, el Juez de Distrito Penal de Audiencia de Rivas, Edward Peter Palma Mora, fue detenido por la Policía del departamento de Carazo por conducir en estado de ebriedad, pero además por no portar placas, licencia ni circulación del vehículo en que se movilizaba.
Según la versión de las autoridades policiales de ese departamento, el hecho ocurrió pasadas las once de la noche del 3 de septiembre en la Carretera Panamericana, cerca de la entrada a la colonia Santiago, en Jinotepe.
Los informes policiales señalan que en aquella ocasión las autoridades encontraron escondidos en el interior del vehículo que conducía el juez, dos mil dólares, y al momento de ser alcanzado por los agentes, se volvió agresivo con ellos.
Palma Mora, originario del municipio El Rosario, Carazo, fue liberado horas después, luego de reconocer su falta y calmarse ante las autoridades, de acuerdo a informes policiales del departamento de Carazo.
JUEZ MORALES LO VIO
El juicio de los US$ 300 mil incautados a dos mexicanos, estuvo en manos del juez Julio Morales (implicado en el caso de los US$ 609,000), a quien le pidieron que el caso no llegara al conocimiento de un jurado de conciencia.
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