Roman, Times, serif»>
La encuesta rural
El Consejo Editorial de LA PRENSA sugirió a la firma encuestadora M&R Consultores hacer una encuesta rural, a fin de percibir las diferencias de opinión política e intención de voto que hay entre el campo y la ciudad, así como para apreciar el mayor o menor impacto que han tenido allí el pacto y la corrupción liberosandinista.
El resultado de la encuesta ha sido interesante, aunque no sorprendente. Y lo más importante es que resulta alentador para quienes aspiran a un cambio político positivo en el país, pues revela que también en las zonas rurales del país —aunque no tanto como en las zonas urbanas— la mayoría de los nicaragüenses repudia a los pactistas y corruptos. De manera que se fortalece la expectativa de que éstos puedan ser derrotados en las elecciones nacionales de noviembre del 2006, siempre y cuando sean verdaderamente libres, limpias y sin exclusiones.
En realidad, aunque según la encuesta rural si las elecciones fueran hoy Daniel Ortega obtendría la mayor votación en el campo, con el 29.2 por ciento de los votos (Arnoldo Alemán tendría 20.7 por ciento, Eduardo Montealegre 19.2 por ciento, Herty Lewites 8.9 por ciento y José Antonio Alvarado 2.1 por ciento), sin embargo con esa cuota de voto rural el candidato del FSLN no ganaría la elección presidencial, debido a que su expectativa de voto es mucho menor entre los electores urbanos y por lo menos tendría que ir a una segunda vuelta .
En efecto, combinando la votación rural con la urbana el resultado para Daniel Ortega —al que también en el campo la mayoría de la gente lo asocia con guerra, desastre, miedo, migración, muerte, corrupción y robo— sería de 19 por ciento a nivel general, mientras que el disidente sandinista Herty Lewites obtendría el 29 por ciento, seguido por el también disidente —pero del PLC—, Eduardo Montealegre, con 25 por ciento.
Por supuesto que esta primera encuesta rural es sólo un punto de referencia estimativa cuando todavía falta un año para las elecciones nacionales. Sin embargo su resultado permite aproximarse al conocimiento de lo que está pensando la población rural sobre la situación del país, qué tanto le importan el pacto y la corrupción y cuáles podrían ser las posibilidades de unas tercera y cuarta fuerzas electorales, que vengan a romper el monopolio y la hegemonía bipartidista que han tenido hasta ahora el PLC y el FSLN y por lo cual la población ha tenido que pagar un elevado costo material y moral.
Al respecto es interesante la observación que hizo para LA PRENSA el señor Raúl Obregón, de M&R Consultores, de que el sentimiento antipacto menos intenso que hay en la zona rural, en relación con la urbana y la semirrural, “posiblemente se deba a que la gente en el campo está menos influenciada por los medios de comunicación”. Lo cual es cierto, sin duda, pero lo fundamental es que las fuerzas emergentes no han hecho todavía un trabajo apropiado en el campo. De modo que la encuesta debe servir para que los partidos, alianzas y candidatos democráticos refuercen y reorienten su trabajo de proselitismo, el que sin duda y por razones comprensibles tiende a ser bastante fuerte en los centros urbanos pero muy débil en las áreas rurales.
Por supuesto que los políticos, en relación con esta primera encuesta rural han reaccionado en público —como siempre lo hacen en estos casos—, aceptándola o rechazándola según sus conveniencias particulares. Pero todos ellos tendrán que tenerla en cuenta para reajustar sus estrategias, pues ningún partido político puede sustraerse a la realidad actual de que la democracia, además de representativa y/o participativa es una democracia de opinión, y por lo consiguiente está vinculada de manera inevitable con las encuestas y la función de los medios de comunicación social.
Y en lo que respecta a las fuerzas democráticas de la sociedad civil, la primera encuesta rural advierte que no se debe descuidar la lucha contra cualquier tentación y tendencia de los pactistas, a aprovechar el control que ejercen sobre las instituciones de administración de justicia y electoral con el fin de inhibir a candidatos “peligrosos” para ellos y/o perpetrar un fraude, que al parecer sería la única manera de que podrían seguir mangoneando el poder y aprovechándose de los recursos públicos.
