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El desafío del nuevo INE
Javier Morales
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El nuevo director del Instituto Nicaragüense de Energía (INE) tiene un gran desafío por delante. La crisis energética es el problema más importante de Nicaragua primero por ser un impedimento competitivo de las actividades productivas; segundo, por ser el mayor causante de la inflación; tercero, por ser un factor que previene a grupos vulnerables a salir de la pobreza; y cuarto, porque fomenta el deterioro ambiental. La crisis energética es fuente de conflicto a todos los niveles de la sociedad.
Estamos al borde del colapso del sector energético por la ausencia de un marco legal que defina las reglas del juego para la inversión en este sector. La Ley para la Promoción de Generación Eléctrica con Fuentes Renovables, ratificada en abril del 2005, es un tímido esfuerzo para atacar el grave problema.
Los recientes incrementos de los precios del petróleo pronostican un nivel de precios que difícilmente bajará de los 50 dólares por barril y algunos estiman que puede llegar a 100 dólares el barril de petróleo en el mediano plazo.
Nicaragua gastará este año en importaciones de petróleo y combustibles el 70 por ciento de sus exportaciones, una suma de 640 millones de dólares. Por cada diez dólares de aumento en el precio del petróleo se necesitan cien millones de dólares adicionales para cubrir la factura petrolera. Si el precio llegara a niveles de cien dólares, la factura petrolera sería equivalente al 1.5 veces las exportaciones totales.
Nicaragua necesita una política energética integral. Solamente con energía a bajo costo podremos aprovechar las oportunidades del DR-Cafta. Los demás obstáculos para la competitividad como el clima de negocios y la mala infraestructura son manejables si el insumo básico de la estructura de costos de las empresas, como es la energía eléctrica, se consigue a un costo razonable.
Por otro lado, la política energética debe cuidar el impacto inflacionario que produce el costo de la energía, producto de una mala planificación o ausencia de ésta. La inflación, el impuesto más severo del sector laboral, se dispara en cada crisis energética. Sube el costo del transporte, sube la factura de luz de los hogares, sube el costo de los alimentos y sube el costo de los servicios. Se estima que el impacto de los precios del petróleo en el 2004 va a provocar un aumento adicional de cinco por ciento en la inflación anual. Esto implica un deterioro significativo del poder de compra de los consumidores y un freno al consumo.
La política energética tiene impacto en el sector urbano y el rural. La mayor fuente de deterioro ambiental es la utilización de leña y la tala indiscriminada del bosque para producir energía en el sector rural, donde no llega la distribución de energía comercial. Sólo con un programa ambicioso de electrificación rural y una generación eficiente de energía usando fuentes alternas, puede prevenir un deterioro ambiental de proporciones catastróficas.
El sector del turismo, que es fuente importante de generación de empleo y de ingresos de divisas, no puede dinamizarse si no cuenta con suministro de energía confiable en zonas de destinos turísticos. Adicionalmente, el deterioro ambiental por la tala de los bosques en las riberas de los ríos que fluyen a las playas con destino turístico, ha exacerbado el problema de suministro de agua y deteriorado el clima y la calidad del ambiente.
El nuevo director del INE debe:
** Evaluar el potencial energético de todas las fuentes alternativas de generación, tales como eólico, geotermia, hidroeléctrica, biomasa e incluso explotar las reservas petroleras que han sido ya concesionadas por el INE.
** Hacer una planeación cuidadosa del programa de inversión energética, empezando primero con fuentes probadas de energía alternativa, como la energía eólica y geotérmica y dando tiempo en el mediano plazo para el desarrollo de la infraestructura hidroeléctrica.
** Considerar la integración regional como un elemento clave para la política energética. Con una población de 30 millones de habitantes con ingresos crecientes y un programa de interconexión eléctrica que cuenta ya con el financiamiento del BID, las exportaciones de energía al resto de Centroamérica pueden convertirse en una fuente importante de generación de divisas. El costo de transmisión es bajo debido a las cortas distancias que separan los centros poblacionales en Centroamérica y ningún país de la región ha focalizado la industria eléctrica como un sector exportador.
**La política energética rural debe estar centrada en suministrar energía barata a los grupos vulnerables y poblaciones con bajos niveles de ingreso. Esencialmente debe de haber una estructura de precios diferenciada considerando la pobreza extrema en que vive la población rural.
**Las maquiladoras que existen en México están migrando a China por el bajo costo de mano de obra y de energía. La posición geográfica de Centroamérica de estar más cerca del mercado y de las empresas de producción textil y automotriz puede ser un atractivo importante para atraer inversión extranjera directa. Las inversiones energéticas en este sector las debe realizar exclusivamente el sector privado.
** Se debe formar un Centro de Investigación del Sector Energético, con carácter independiente y con afiliación del sector privado para dar asesoramiento al Gobierno y facilitar el diálogo entre las empresas del sector privado y el Gobierno, además de identificar las mejores prácticas para el aprovechamiento exitoso de las oportunidades que ofrece el sector energético.
** Se debe buscar consenso en el marco legal y constitucional para la utilización justa de la renta petrolera, derivada de futuras explotaciones petroleras y no dar discrecionalidad a los gobiernos de turno para politizar el uso de los recursos sino más bien canalizarlos a programas de desarrollo social y alivio de la pobreza. La futura renta petrolera debería de ser fuente de recursos para la innovación tecnológica y el financiamiento al desarrollo.
El autor es economista.
