Francisco Xavier Aguirre Sacasa
La aprobación por la Asamblea Nacional de la Ley Marco para la Estabilidad y Gobernabilidad del país, el 19 de octubre, despertó todo un debate entre aquellos que ven esa acción con buenos ojos y los que argumentan que fue una equivocación.
Es interesante que prácticamente ninguno de sus apologistas defienden la Ley Marco con entusiasmo. Algunos la respaldan porque piensan que era necesaria para poner fin a la crisis política que tenía al país en ascuas. La ven como una especie de aspirina que bajó la alta calentura política que aquejaba a la nación y que le dio un respiro a la débil democracia nicaragüense. Otros ven a la polémica ley como un “mal menor” necesario para asegurar que el presidente Bolaños pudiera completar su período con las mismas atribuciones que heredó el 10 de enero de 2002 a la vez que protegía a sus funcionarios desaforados y acusados de delitos electorales.
Por otro lado, un número importante de juristas y comentaristas de los medios de comunicación —especialmente varios prominentes anfitriones de los programas matutinos de opinión— han criticado fuertemente la Ley Marco. Algunos fustigan a los políticos por no haber buscado esta solución “de facto” a la crisis nicaragüense hace meses en lugar de esperar hasta casi el final del año.
Implícito en su crítica está la premisa que el tiempo perdido de alguna manera tuvo un alto costo económico y social para Nicaragua. Hay otros que la censuran porque la ven como una acción profiláctica que comprará tiempo para el gobierno —pero poco tiempo ya que vislumbran nuevas crisis en un futuro próximo— a un alto costo institucional ya que la ley claramente violenta la Constitución Política de la República.
Confieso que simpatizo con aquellos que se oponen a la Ley Marco. No me malinterpreten. Al igual que la vasta mayoría de los nicaragüenses, deploro la prolongada y costosa crisis institucionalizada que vivió Nicaragua por tanto tiempo. Lamento que el país haya retrocedido tanto desde el 2002 hasta el presente en áreas tan importantes como lo son la reconciliación nacional y la armonía, elementos esenciales para cualquier democracia funcional.
Por eso, considero loable y apoyo el objetivo de la Ley Marco: dejar de un lado la cada vez más apasionada pugna partidaria que amenazaba con llevar Nicaragua a un espiral vicioso que podría hasta destruir a nuestra democracia. Pero definitivamente no estoy de acuerdo con el alcance de la ley ni con la modalidad de su “aprobación”.
En cuanto al alcance, considero que si las “reformas” de la Ley Marco que se suspendieron no son buenas, deberían de haber sido derogadas de una vez por todas y no sólo postergadas en su aplicación hasta comienzos de la próxima administración. En buen nicaragüense, si estas reformas no eran buenas para el ganso (en este caso el Gobierno actual) tampoco lo serían para la gansa (el próximo Gobierno).
Pero más importante para mí es que las “reformas” —independientemente de lo que pensemos de ellas— fueron aprobadas por la Asamblea Nacional legalmente, es decir conforme a la Constitución Política. Recordemos que votaron a favor de ellas una amplia mayoría de los diputados en dos legislaturas tal como lo exigen los artículos 192 y 194 de nuestra Constitución Política. Esta realidad fue finalmente reconocida por el mismo Gobierno a pesar de que durante meses éste sostuvo la tesis que las reformas eran inaplicables porque la Corte Centroamericana de Justicia así lo decía.
Lo correcto, por consiguiente, hubiera sido comenzar a rescindir las “reformas” constitucionalmente con una mayoría calificada de los diputados el 19 de octubre y concluir el proceso —a como lo manda la Constitución— a comienzos de enero del 2006. Cualquier otro proceder, incluyendo el mecanismo de la Ley Marco, es ilegal y viola nuestra Constitución.
A comienzos del siglo XX, se puso de moda en ciertos círculos norteamericanos hablar de las pequeñas naciones del Caribe como “repúblicas bananeras”. Este término despectivo connotaba que estos países —incluyendo el nuestro— no ameritaban respeto porque eran pobres, desordenados, poco serios, inestables y carecían de estado de derecho. Este mismo argumento, entre otros, se utilizó para justificar las intervenciones estadounidenses, incluso militares, en nuestros países.
Lamento decirlo, pero al irrespetar nuestra Constitución, al proceder ilegalmente a aprobar la Ley Marco por considerarlo conveniente políticamente no fueron Herty o Eduardo quienes perdieron ni Bolaños o Ortega quienes ganaron. No, al actuar con poco seriedad y al sentar un precedente de que una ley ordinaria puede reformar la Constitución, fue Nicaragua entera la que perdió. Desgraciadamente al aprobar “alegremente” la Ley Marco, nos comportamos como una república bananera. Es tan sencillo como eso …y tan grave como eso.
El autor fue Canciller de la República
