- Debate sobre interpretación auténtica sigue en pie, a pesar del acuerdo marco
María José Uriarte [email protected]
A pesar del acuerdo marco alcanzado por el Gobierno y el FSLN para superar la crisis entre los poderes del Estado, el diputado Edwin Castro confirmó que la Comisión de Justicia continuará el trámite sobre la interpretación auténtica de la Ley Orgánica de la Policía Nacional.
La interpretación de la Ley 228 se originó durante la confrontación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, cuando el presidente Enrique Bolaños ordenó a la Policía Nacional no acatar resoluciones judiciales que ordenaban a la Policía que los funcionarios electos de la Superintendencia de Servicios Públicos (Sisep) asumieran sus cargos.
“Creo que es importante dejar claro que no pueden por órdenes administrativas, sobreponerse sobre resoluciones jurisdiccionales; eso debe quedar totalmente claro, y ese es el espíritu de la ley, que una cosa es que administrativamente vos estés subordinado a alguien, y otra cosa es que incumplás resoluciones jurisdiccionales”, señaló Castro.
El parlamentario sandinista, quien presentó la iniciativa con el presidente del Poder Legislativo, René Núñez, estima que la Comisión de Justicia puede analizarla el próximo martes, así como también lo referente a las causales para remover mandos policiales, a propósito de la separación de Francisco Bautista Lara.
No obstante, el diputado Azul y Blanco, Orlando Tardencilla, no cree que el dictamen pueda ser aprobado en la presente legislatura, dadas las prioridades que existen en la agenda con las leyes de carácter económico y estructurales, por lo que otras legislaciones de naturaleza puntual, que tienen algún nivel de componente político, aunque son importantes, pasan a segundo plano.
“Ya lo que resta de aquí a la culminación del año legislativo, dentro de 45 días no tenemos posibilidades de discutirlo, hace falta discusión de ley del Fondo de Mantenimiento Vial (Fomav), una revisión de la Ley de Fondo de Garantía para Depósitos, Presupuesto General de la República, que ese es un debate amplísimo”, observó Tardencilla.
El presidente Bolaños, mediante los decretos presidenciales 43-2005 y 44-2005, ordenó a la Policía Nacional, acatar el fallo de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), que planteaba que las reformas a la Carta Magna eran inaplicables. Ahora las mismas fueron postergadas.
