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El jefe del Sistema Penitenciario Nacional (SPN), prefecto Carlos Sobalvarro, secundó ayer la iniciativa de aumentar el porcentaje que por ley recibe esa institución, producto de los bienes incautados al narcotráfico.
La idea proviene del Procurador de Defensa de Derechos Humanos, Omar Cabezas Lacayo, quien opina que el porcentaje debe pasar del actual 20 por ciento a un 45 por ciento.
La Ley 285, de Estupefacientes Psicotrópicos y otras Sustancias Controladas, establece que producto de los bienes o multas establecidos en la presente ley, debe ser distribuido por el judicial competente un 20 por ciento para los programas de rehabilitación del Ministerio de Salud, y otro igual porcentaje repartido entre el Consejo Nacional de Lucha Contra Las drogas, la Policía Nacional, el Sistema Penitenciario Nacional y programas de prevención y rehabilitación que ejecutan organismos no gubernamentales legalmente establecidos en el país.
Sobalvarro dijo que la idea de Cabezas pretende garantizar más fondos al SPN, donde mayor tiempo pasan reos.
Ayer se celebró el 26 aniversario de fundación del SPN, con la participación del Arzobispo de Managua, monseñor Leopoldo Brenes, quien ofició una misa campal con la asistencia de un grupo de seis mil internos que habitan en los ocho penales del país.
Tanto monseñor Leopoldo Brenes como el reverendo Ramón Brenes, del patronato de reos, coincidieron en que deben revisarse casos de reos ancianos y de enfermos crónicos que podrían beneficiarse con el régimen de la convivencia familiar.
“Una persona que está muy enferma creo que es de humanos que pueda ir a los hospitales y también pueda estar en su casa y de manera especial, es más doloroso cuando esta persona ya es mayor de edad”, indicó monseñor Brenes.
El reverendo Brenes manifestó que es muy importante que los jueces y los centros penales se pongan de acuerdo, pues la Ley 473, establece que los privados de libertad mayores de 70 años, que tengan enfermedades crónicas o enfermedades terminales, confirmado por el Instituto de Medicina Legal, pueden recibir la convivencia familiar.
Los sacerdotes también pidieron revisar la situación del hacinamiento. En el penal de Chinandega por ejemplo, con capacidad para 466 reclusos, su población penal es de 740.
