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Gato por gato
A lo largo de los últimos meses y en el marco de la más reciente —pero seguramente no la última— crisis institucional provocada por los políticos sandinistas y liberales (en esta ocasión por las reformas constitucionales que los pactistas aprobaron en contra del Poder Ejecutivo y a espaldas de la sociedad), mucho se ha hablado acerca de que el problema principal de dichas reformas y lo que las hace inaceptables es que pretenden poner fin al sistema de gobierno presidencialista y sustituirlo con una modalidad de parlamentarismo, semiparlamentarismo, cuasiparlamentarismo, o algo así.
El abanderado de tal cambio de sistema de gobierno en Nicaragua es el FSLN, y personalmente su líder Daniel Ortega, pero con el pleno y obsecuente respaldo de la cúpula del Partido Liberal Constitucionalista (PLC). Esto a pesar de que históricamente y en toda América el liberalismo ha sido una corriente política abanderada del presidencialismo, y sin que hasta ahora haya quedado en claro si ese apoyo ha sido por ignorancia de los actuales líderes del PLC, o por oportunismo para compartir el botín del Estado con Ortega y la cúpula del FSLN, o por la situación penal de su líder, Arnoldo Alemán Lacayo.
Como sea, hay que señalar al respecto que no es cierto que el FSLN lo que quiere es establecer un sistema de gobierno parlamentario. En realidad, el parlamentarismo —lo mismo que el presidencialismo— es un sistema político democrático y honorable, que en muchas partes del mundo se ha aplicado, se aplica y se continuará aplicando quién sabe hasta cuándo de manera muy exitosa, independientemente de las eventuales crisis políticas y de las grandes controversias que son propias de la democracia y que más bien la fortalecen.
Desde esa perspectiva y ante la situación de crisis crónica que sufre el país, es válido discutir de manera seria y responsable, teniendo en cuenta el interés y la opinión de los ciudadanos, si en realidad sería beneficioso o perjudicial para el país adoptar el sistema parlamentario de Gobierno, o el semiparlamentarismo, como es el caso de Francia donde generalmente “cohabitan” en el poder un Presidente de la República que pertenece a un partido y un primer ministro de otra colectividad política.
Al respecto es atendible la observación de algunos politólogos democráticos, quienes sostienen que al incentivar la formación de coaliciones legislativas el sistema parlamentario podría ser un buen antídoto contra el faccionalismo partidista que tanto daño le causa a la sociedad, y para prevenir la corrupción mediante un mecanismo que le permita a un partido controlar al otro u otros. De esa manera, aseguran, el parlamento sería el ámbito central de la representación democrática y el poder colectivo tendría mayor protagonismo, en vez del personalista y a menudo excesivo e ineficiente sistema presidencialista que concentra todo o casi todo el poder en una sola persona, la que a veces puede ser benigna —como Violeta Chamorro— pero casi siempre es todo lo contrario, como fueron Anastasio Somoza, Daniel Ortega y Arnoldo Alemán.
En todo caso lo que el FSLN y personalmente Daniel Ortega pretenden establecer no es el parlamentarismo, como el que funciona exitosamente en España o Alemania, en Japón o Australia. Lo que ellos quieren imponer es una modalidad del sistema político totalitario, similar o parecido al que existe en Cuba con el nombre de poder popular, o como el que existió en la extinta Unión Soviética con la denominación de poder de los consejos (soviético).
Tal como lo desentrañó LA PRENSA el domingo recién pasado (“¿Democracia participativa o gato por liebre?”), lo que Daniel Ortega y la cúpula del FSLN quieren para Nicaragua es un esquema de dominación política basado en lo que ellos llaman “asambleas populares”, en las que sus representantes recogerían las propuestas del pueblo y las llevarían a la Asamblea del Poder Ciudadano, como dicen que se llamaría aquí, que sería lo mismo que la Asamblea del Poder Popular que es como se denomina en la Cuba comunista de Fidel Castro.
O sea que tales “asambleas populares”, dirigidas u orientadas por activistas como Jasser Martínez y Gustavo Porras, serían las que elaborarían las propuestas del pueblo para que las apruebe una Asamblea integrada por diputados sometidos al caudillo del partido. Lo mismo que en Cuba. Pero eso no es parlamentarismo y ni siquiera significa ofrecer gato por liebre, sino que es el mismo gato descaradamente.
