María José Zamora
La escandalosa “desaparición” de los 609 mil dólares de la cuenta de la CSJ no me extraña en lo más mínimo, pues no es la primera vez que escucho en las noticias o leo en los periódicos que de las oficinas del sistema judicial desaparece el dinero incautado a narcotraficantes o delincuentes. La diferencia con este último atraco es que la cantidad es exorbitante.
Antes se “perdían” cinco mil o tres mil dólares, que por cierto no debería de perderse ni un córdoba; pero en esta ocasión es más de medio millón de dólares, cantidad que en lugar de quedar en unos cuantos bolsillos, habría sido utilizada para apoyar a algunas instituciones, entre ellas la Policía Nacional, que tanta necesidad tiene de asistencia económica, para precisamente, evitar que Nicaragua vuelva a ser como en los ochenta, territorio seguro para el narcotráfico.
La agilidad, la maestría y el descaro con el que los autores de este “recupere” han actuado, sugiere una vasta experiencia en este tipo de actividades y la seguridad de que este atraco “legal”, como lo fue la quiebra de varios bancos en el gobierno anterior, quedará impune y tendrá que ser nuevamente el Estado, es decir los ciudadanos, quienes pagarán con más pobreza, el enriquecimiento ilícito de los corruptos. Hay que agradecer y felicitar a los medios de comunicación que informan sobre este tipo de delitos para que la ciudadanía que no quiere una Nicaragua empobrecida, sea más consciente de la necesidad de cambiar la política tradicional de los partidos, como el FSLN y el PLC, que utilizan el puesto público para pagar fidelidad política y complicidad delictiva.
La actitud y las explicaciones que magistrados, abogados, diputados y fiscales han brindado sobre este caso, hace evidente que en Nicaragua la justicia tiene un precio y un color político específico y que además estos funcionarios no tienen la calidad moral necesaria para el puesto que ocupan.
Es deplorable escuchar, por ejemplo, de un diputado que votó a favor de las reformas constitucionales que le quitaban poder al Ejecutivo, declarar que prefiere que la Asamblea Nacional no se inmiscuya en este caso y que la Corte Suprema “en sí misma revise las actuaciones”, pues según dice él, “es muy respetuoso de los otros poderes”.
Por otra parte, un magistrado del Poder Judicial, al asegurar que la CSJ fue “víctima de todo un complot”, pretende deslindar la responsabilidad que él y el resto de miembros de este Poder del Estado tienen de esclarecer este hecho ante la opinión pública. El Ministerio Público también se lava las manos decidiendo que, “por prudencia”, suspende las investigaciones porque la CSJ creará una comisión para investigar este caso.
Finalmente los jueces de la Asociación de Jueces y Magistrados (Ajumanic), que en otras ocasiones han sido tan beligerantes en defender la honorabilidad de su gremio, y deberían de ser los primeros en exigir una investigación seria, no emiten ningún juicio y pacientemente “esperarán a que el Consejo de Administración aclare el asunto”.
Muy conveniente el concepto de la “autoinvestigación” que, particularmente ha sido tan promovido en este caso. Ya se verá en los próximos días, cuántos se “autoacusan” y se “autocondenan”.
No creo que exista forma posible de construir un país próspero y digno mientras las instituciones del Estado sigan siendo utilizadas para fines políticos y económicos de unos pocos. Es urgente que las personas honestas de este país se involucren en la política, para que Nicaragua se libere de una vez de la catástrofe permanente que significa la corrupción institucionalizada.
La autora es psicóloga.
