Néstor Avendañ[email protected]
Sin conocerse la versión oficial y el avance en la ejecución del Presupuesto General de la República de 2005 la Asamblea Nacional iniciará pronto las discusiones para aprobar el Presupuesto Nacional de 2006. Por lo tanto, una primera sugerencia para los legisladores es que soliciten al Poder Ejecutivo la referencia presupuestaria del año en curso con el ánimo de mejorar la calidad de la aprobación presupuestaria.
Para 2006, sobre la base de datos oficiales, con un crecimiento económico esperado de 3.7 por ciento, elevado para un año electoral en el que siempre se observa un retraimiento de la inversión, tanto pública como privada —pero aún anémico para reducir la tasa de desempleo abierto imperante de casi 12 por ciento de la población económicamente activa—, en la propuesta del presupuesto nacional se observa una apropiada proyección de ingresos tributarios de C$15,171 millones, sin “ocultamiento” como diría la Coordinadora Civil, indicando un aumento de 12.6 por ciento respecto a la meta revisada de este año. Por supuesto, esa meta de impuestos indicada por el Gobierno para el 2006 también descansa en una supuesta inflación de 7.3 por ciento, que en mi opinión es bastante realista por la proyección del precio CIF de un barril de petróleo pagado por Nicaragua, que pasaría de US$55 en el 2005 a US$65 en el 2006.
Pero entre los egresos, la principal asignación presupuestaria es el pago de la deuda gubernamental —principalmente a los acreedores internos— por C$4,923.4 millones que absorbe el 32.4 por ciento de los impuestos y el 20 por ciento del gasto total propuesto. Le siguen en orden de importancia la educación pública y la salud pública, con el 12 por ciento y el 11 por ciento del gasto total respectivamente.
Otra sugerencia para nuestros legisladores, en este caso, es legalizar parte de la deuda gubernamental interna —que usualmente se paga con el imperio de la ley— tomando en cuenta la denuncia que hiciera recientemente la Contraloría General de la República sobre el carácter ilícito de la emisión de Certificados Negociables de Inversión asociados con las quiebras bancarias, hoy renombrados como Bonos Bancarios al ser reestructurados con ese riesgo moral, y proceder al canje de papeles ilícitos por papeles lícitos reestructurados en una forma soberana, con la menor tasa de interés y con el mayor plazo posible, y, además, reconsiderar con todos los acreedores internos del Estado de Nicaragua una gradualidad adecuada del pago de todas las obligaciones en función de su capacidad de recaudación de impuestos y de la reducción de la pobreza de la mayoría de los nicaragüenses.
Esa reestructuración soberana de la deuda pública interna es necesaria porque el principal obstáculo presupuestario para reducir la pobreza ha sido, continúa siendo y será en el largo plazo el pago de la onerosa e ilícita deuda gubernamental interna.
Es muy seguro que el gasto de reducción de la pobreza disminuya en el 2006, debido al pago de la deuda gubernamental, al financiamiento de los gastos electorales equivalente a US$50 millones, a la declinante cooperación y a la inapropiada asignación del alivio HIPC que se estima en US$198 millones para el próximo año. Tanto las autoridades gubernamentales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) continúan mostrando una pronunciada falta de interés para definir, en una forma apropiada, el gasto de reducción de la pobreza, al incluir el presupuesto nacional en dicho concepto el gasto social ordinario, tradicional, en salud y educación.
Harta demostrada ha sido la actitud contumaz del FMI en Nicaragua de avalar el desvío de los recursos liberados del pago de la deuda externa de Nicaragua hacia el pago de la deuda gubernamental interna desde el 2001, en vez de supervisar la exclusiva asignación de la reducción de la deuda externa hacia el financiamiento de proyectos de reducción de la pobreza, tal como lo mandó el Grupo de los Ocho, especialmente en educación, salud y saneamiento ambiental, que se agregaría al gasto social ordinario del presupuesto.
Durante la actual administración pública, o sea en el período 2002-2005, el Club de París y las instituciones financieras internacionales —principalmente el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM) y el FMI— concedieron a Nicaragua un alivio de la deuda externa de US$845 millones, pero sólo se asignaron US$375 millones al gasto de reducción de la pobreza en ese mismo período, además con la errónea consideración de incluir como gasto contra la pobreza al gasto social ordinario del presupuesto nacional.
Así, una tercera sugerencia para nuestros legisladores es solicitar al Poder Ejecutivo una mayor transparencia de las fuentes y usos del alivio HIPC facilitado por esos dos grupos de acreedores externos en el 2006 —a los cuales se les pagó plenamente el servicio de la deuda desde cuando existen acuerdos del FMI en Nicaragua. No basta que el Poder Ejecutivo sea transparente en el uso de los recursos públicos, sino también en la formulación del presupuesto nacional, con el fin de que los legisladores aprueben un presupuesto que no contravenga nuestra legislación interna y los acuerdos internacionales.
Nicaragua debe continuar dando muestras de ser un excelente alumno frente a las reformas estructurales administradas por el FMI, para que nueve fuentes de cooperación internacional, que han adoptado la nueva modalidad de apoyo presupuestario para la reducción de la pobreza desembolsen, casi a finales de este año, US$97 millones para el presupuesto del 2005 y aproximadamente US$84 millones para el presupuesto del 2006.
No hay que obviar que desde el tercer trimestre del 2004, las ventanillas del FMI, BID y BM que facilitan los préstamos concesionales de divisas líquidas para apoyo de la balanza de pagos del país (o sea, para pagar deuda a las mismas instituciones y aumentar las reservas internacionales) permanecen cerradas por los atrasos en la emisión de las leyes vinculadas con las reformas estructurales.
Con el fin de normalizar la cooperación destinada al aumento de las reservas internacionales, al pago de la deuda multilateral y, ahora, para reducir la pobreza, se requieren, dice el FMI, aprobar el Código Tributario, reformas a la Ley General de Bancos, nuevas reformas de las leyes financieras ya reformadas por la Asamblea Nacional en agosto de este año, la reforma de la Ley de Pensiones de Seguridad Social, la reforma de la Ley de Transferencias Municipales para neutralizar el 50 por ciento de dichas transferencias en el 2006 y el 100 por ciento en el 2007 —o sea, reducir el gasto de las instituciones centrales estatales en los municipios en un 50 por ciento del monto de las transferencias municipales en el 2006—, y ajustar rápidamente, con la más mínima gradualidad, las tarifas de energía eléctrica.
Finalmente, ¿existe efectivamente un programa económico con el FMI? Su tercer programa trienal venció en septiembre de este año, porque se aprobó en el cuarto trimestre del 2002, y el Gobierno busca una extensión de ese plazo hasta diciembre del 2006. Los servidores públicos afirman que el programa económico está “dormido” o no está “operativo”, pero hoy agregan que el proyecto del presupuesto nacional para el 2006 “está enmarcado dentro de los acuerdos con los organismos internacionales para el cumplimiento del Programa Económico y el desembolso de recursos externos”.
Creo que operativamente, en la práctica, estamos fuera de programa —porque el país no cuenta con el apoyo financiero externo del FMI, BM y BID que “garantiza” la estabilidad macroeconómica—, pero también creo que el programa existe por el respaldo político internacional que goza nuestra administración pública. Y en ese escenario, cae la propuesta de la Ley del Presupuesto, ya tenso por la exigencia del respeto a la Constitución con el caso de la asignación del 5.2 por ciento en vez del 6.0 por ciento del presupuesto total a las universidades, el congelamiento del fondo de subsidios al transporte público de pasajeros en autobuses en la ciudad de Managua en el 2006 y las demandas salariales del personal de la salud y la educación públicas.
* El autor es economista.
