- En el juicio por delitos electorales
Mirna Velásquez [email protected]
Cinco funcionarios de la administración del Presidente Enrique Bolaños, sometidos a un juicio por delito electoral, pasaron a ser testigos del caso, conforme a una resolución del Juez Primero de Distrito del Crimen de Managua, David Rojas.
La resolución, dictada ayer, incluye al ministro de Gobernación, Julio Vega Pasquier; al viceministro de Hacienda, Fausto Carcabelos; al ministro del Ambiente, Arturo Harding; al ministro de Educación, Miguel Ángel García; al ministro Agropecuario y Forestal, Mario Salvo Horvilleur y a la directora del Fondo de Garantía de Depósitos (Fogade), Vilma Rosa León York.
El juez Rojas, tomó esta decisión en base a una petición que la Fiscalía hizo el 3 de marzo del 2003, según explica la misma resolución.
MINISTERIO PÚBLICO ALEGA CONFUSIÓN
La decisión judicial causó confusión porque el Fiscal Auxiliar Penal, Elton Ortega, afirmó que en ningún momento han hecho tal petición, como lo señala el juez y realmente se referían a otros procesados.
“(Nos referíamos) a otras personas que no tienen ningún cargo relevante en el actual Gobierno”, declaró Ortega vía telefónica.
PETICIÓN DATA DESDE MARZO DEL 2003
El Fiscal Auxiliar Penal habría solicitado al juez en marzo de 2003 que mantuviera en calidad de testigos y no de procesados a los ministros que el 29 de octubre de 2002 fueron acusados de haber participado en el uso de fondos del erario para financiar la campaña electoral del Partido Liberal Constitucionalista (PLC).
De acuerdo a la resolución del juez Rojas, la Fiscalía expresó en aquel momento que consideraban que algunas personas que originalmente fueron denunciadas no tienen indicios de participación alguna en los distintos grados que se les imputó.
Esto, permitiría obtener mejores datos para el esclarecimiento de los hechos.
PGR SE SUMA A LAPETICIÓN DE FISCALÍA
El viernes, 21 de octubre pasado, la Procuraduría General de la República (PGR) introdujo un escrito en el cual expresa que se adhiere a la petición del Ministerio Público y solicitó al juez tener como testigos a los funcionarios mencionados.
Este último escrito también sirvió de sustento para el juez Rojas. Pero para el fiscal Ortega hay una confusión creada en la cual participó la Procuraduría porque la Fiscalía no ha mencionado a las personas beneficiadas.
LA PRENSA intentó localizar a la procuradora auxiliar Ada Luz Valerio, quien en representación de la PGR pidió cambiar la condición legal de los ministros, pero no respondió a las llamadas telefónicas a su teléfono móvil.
