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El Leviatán de Nicaragua
LA PRENSA informó en su edición de ayer que “Entre 40 y 45 mil contribuyentes, menos del uno por ciento de la población, son los que garantizan los impuestos en este país y sobre sus bolsillos recae la responsabilidad de asegurar el 61 por ciento de los fondos para el Presupuesto General de la República, según datos oficiales”.
La información se refiere a la gente que paga impuestos directos, lo cual en todo caso representa una gran inequidad, sobre todo si se considera que gran parte de la enorme carga que soporta ese menos de uno por ciento de la población que trabaja, produce, crea riqueza y paga impuestos, es para que se aproveche una reducida capa de políticos y funcionarios corruptos e ineficientes que se han apoderado del Estado y lo convirtieron en un botín para su enriquecimiento particular.
Precisamente porque el Estado es un ente que oprime a la gente y devora la riqueza ajena es que Thomas Hobbes lo calificó como un Leviatán, en comparación con esa monstruosa criatura descrita en el Antiguo Testamento —libros de Job y de Isaías— cuyo nombre aprovechó el insigne filósofo inglés del siglo XVII para titular su más famosa obra política: Leviatán, o sea la materia, la forma y el poder de un Estado eclesiástico y civil.
Pero Hobbes escribió esa obra en 1651, cuando todo el mundo vivía en el más penoso atraso y el poder estatal se hacía sentir de manera rudimentaria y despiadada, no sólo sobre pueblos hambrientos sino también encima de una naciente burguesía que tenía visión de futuro, voluntad y capacidad para crear riqueza, pero carecía de libertad para trabajar porque se la negaba el Leviatán estatal.
Sin embargo, ahora que vivimos en el siglo XXI, cuando se supone que hasta en los países periféricos del planeta, como Nicaragua, los Estados funcionan en base de modernos conceptos y normas de libertad que no existían en la época de Hobbes, aquí la maquinaria estatal continúa operando como un Leviatán. Supuestamente en la época actual el Estado es una institución que regula el funcionamiento de la sociedad de acuerdo con los principios de derecho y justicia; que provee a la gente la seguridad social y pública que necesita; que facilita la inversión de capital y trabajo para la creación de riqueza y que la redistribuye equitativamente por medio de la recaudación de impuestos y los servicios sociales. Pero la realidad es muy diferente.
Es cierto que el Estado ya no se impone de manera brutal como lo hacía durante la dictadura somocista y, peor todavía, mediante el “poder popular” sandinista, pero en casi todos los demás aspectos es una carga que un provecho de la sociedad. El Estado es un ente ineficiente cuyos operadores menosprecian a la gente común y corriente y obligan al uno por ciento de gente que trabaja y produce, a financiar los megasalarios y los múltiples privilegios de las capas burocrática superior e intermedia, aparte de mantener a todo el inmenso ejército civil, militar y policial que depende de un sueldo público. De manera que no es el Estado el que está al servicio del público, como debería ser, sino que es la población la que sirve al Estado.
Se dice que es un deber cívico de todo ciudadano pagar sus impuestos al Estado, porque de esa manera contribuye a financiar el gasto social, las inversiones públicas y el crecimiento económico del país. Pero una gran parte de esos impuestos se destina a pagar la abultada deuda pública creada por las quiebras bancarias que enriquecieron a unos cuantos individuos; y el costo de la piñata sandinista; y las indemnizaciones a los antiguos propietarios que fueron confiscados por el sandinismo, inclusive la familia Somoza; y la gigantesca corrupción del gobierno liberal anterior. Y el colmo es que ahora se habla de “indemnizar” con los impuestos de los contribuyentes a las personas que integraron los aparatos burocráticos creados por las reformas constitucionales pactistas que la Ley Marco puso en el congelador, e inclusive de reponer los 609 mil narcodólares que se “perdieron” de una cuenta bancaria de la Corte Suprema de Justicia.
Lamentablemente todo eso seguirá ocurriendo en Nicaragua, mientras los ciudadanos no elijan a personas honradas, eficientes y genuinamente democráticas para administrar el Estado, a fin de que éste deje de ser el Leviatán que mencionaba Hobbes y el cual “es emblema de la maldad y símbolo de todos los vicios y pecados”.
