Eduardo Luis Montiel
Las distorsiones causadas por la política en Nicaragua son de tal magnitud que situaciones que en otros países serían consideradas como aberraciones institucionales aquí pasan ya inadvertidas. Vemos casi como normal que las distintas superintendencias e intendencias, máximos entes reguladores de actividades económicas, sean objeto de negociaciones partidarias. Los costos y riesgos de permitir que instituciones que deben regirse con estrictas consideraciones técnicas sean parte de acuerdos políticos son inmensos y deben ser motivo de reflexión.
Para entender el problema, analicemos el caso de las Superintendencias de Bancos sobre las que hay mayor experiencia a nivel mundial. Un estudio reciente de las prácticas de supervisión bancaria en 55 países concluía que “hay un consenso emergente, producto de la abundante investigación sobre las causas de las crisis bancarias, de que la independencia de la autoridades supervisoras es crucial para que los bancos funcionen bien y para la misma estabilidad del Sistema Financiero”.
La independencia de un ente regulador tiene múltiples dimensiones, pero una de las más importantes es la forma en que son electas sus máximas autoridades. Mientras en prácticamente todos los países el Superintendente de Bancos o su equivalente es seleccionado por el Presidente de la República, en Nicaragua es electo por la Asamblea Legislativa, el ente político por excelencia. En los países con la mejor supervisión bancaria, la selección del Presidente es final (Colombia), mientras que en otros es sujeto sólo a ratificación del Legislativo (Chile y Estados Unidos). Pero en nuestro supuesto régimen presidencialista, lo más que puede hacer el Ejecutivo es presentar una lista para consideración de los legisladores.
Países como Guatemala, mejorando su supervisión bancaria con leyes modernas, tienen, a mi juicio, el mejor sistema en este campo para un país tan politizado como Nicaragua. Para también evitar nombramientos políticos del Presidente, éste puede elegir al Superintendente y las otras máximas autoridades regulatorias sólo de una terna presentada por una amplia mayoría del equivalente de nuestra Junta Directiva del Banco Central. Estos países van más allá, prohibiendo a “dirigentes de organizaciones de carácter político, gremial, empresarial o sindical” ser siquiera directores del ente regulador.
En este país de lo insólito, las prohibiciones en otros lugares se convierten más bien en requisitos. En Nicaragua, un representante del partido minoritario en las últimas elecciones tiene derecho a un puesto en el Consejo Directivo de la Superintendencia de Bancos y en la Directiva del Banco Central. No contentos con la anterior politización de lo técnico sin precedentes en la región, nuestra clase política quiere ir aún más allá. En las reformas a las leyes bancarias se ha intentado darle más poderes al Consejo Directivo para colegiar las decisiones y limitar las funciones del Superintendente.
Generalizando, pensemos en el futuro de unas superintendencias colegiadas al estilo de la Contraloría General de la República. Directivos serían negociados en acuerdos políticos y los Superintendentes e Intendentes repartidos entre los partidos mayoritarios. Añadamos a un ente supervisor dependiente de intereses políticos, el enorme poder económico del narcotráfico más las presiones de los regulados y tendremos una mezcla explosiva para el país.
Los riesgos van mucho más allá del uso potencial de información de todo tipo de los entes regulados para fines políticos. Imaginémonos una simple llamada de una autoridad regulatoria a un directivo bancario, operador de telecomunicaciones o generador de energía solicitando algún apoyo para determinado partido político. La mera negativa de un “favor” para un ente politizado podría significar desde una fuerte multa a la suspensión definitiva de operaciones sin mucha posibilidad de apelación.
Lo grave del caso es que aunque lo anterior no sucediera, si es incentivado por un marco institucional sujeto al poder político, la mera posibilidad es suficiente para causarnos enormes daños. Compañías clasificadoras de riesgo aumentarán el riesgo país hasta llevarnos a listas negras en las que bancos locales serían excluidos de los mercados internacionales. Las posibilidades de lavado de dinero y de violación de tratados internacionales aumentarían así como la posibilidad de mayores crisis bancarias. Empresas serias en telecomunicaciones y energía evitarían las inversiones que tanto necesitamos para no estar expuestas a chantajes políticos. Estamos todavía a tiempo de echar pie atrás en reformas que mucho daño causarán a una nación empobrecida por malas políticas y peores políticos.
El autor fue Ministro de Hacienda y Crédito Público de Nicaragua.
