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Ley Marco: deseos y realidad
Cuando se dio a conocer el acuerdo —o pacto, compromiso, entendimiento, como se le quiera llamar— entre el presidente Enrique Bolaños y el líder sandinista Daniel Ortega, para aprobar una Ley Marco de las reformas constitucionales mediante la cual se pudiera posponer su entrada en vigencia hasta el 20 de enero del 2007, o sea 10 días después de que asuman sus cargos el Presidente de la República y los diputados que resulten electos en los comicios del próximo año, dijimos que ésta podía ser una nueva oportunidad histórica para la clase política nicaragüense y que ojalá que no fuera desperdiciada, de igual modo como se han desaprovechado tantas otras a lo largo de 184 años de vida política independiente.
O sea que estuvimos claros y lo estamos ahora que ya se aprobó la Ley Marco, de que ésta es la única salida factible de la crisis política provocada por la aprobación de dichas reformas, aunque jurídicamente no sea la mejor solución. En realidad, hubiera sido preferible que el Movimiento por Nicaragua y demás fuerzas democráticas de la sociedad civil, pusieran de rodillas a los pactistas y que los hubieran obligado a derogar estas reformas constitucionales, que pretenden modificar el sistema de gobierno de la República sin consultarle al soberano nacional que es el pueblo. Es más, mucho mejor hubiera sido que la movilización popular obligara a todos los magistrados, diputados, contralores, fiscales y demás altos funcionarios pactistas y corruptos, a renunciar de sus cargos para sustituirlos con personas íntegras y capaces, con gente que no esté maleada profesional y moralmente por el pactismo y la corrupción.
Pero es obvio que lo más que se podía lograr y se pudo hacer para desactivar —al menos temporalmente— las reformas constitucionales pactistas, era aprobar esa Ley Marco que ciertamente es como un parche feo en la ortodoxia jurídica pero desgraciadamente es indispensable para poder salir de la crisis, por ahora.
Con todos los defectos de naturaleza, contenido y forma que pueda tener esa Ley Marco, como en efecto los tiene, su aprobación que de manera sorpresiva fue casi por unanimidad ha sido una buena noticia para la población de Nicaragua, la cual está visiblemente cansada de tanta crisis causada por la politiquería; aunque a juzgar por ciertas reacciones a la aprobación de la Ley Marco, ésta también ha sido una mala noticia para quienes por las razones que sean quieren que el país permanezca atrapado por la crisis.
Por otro lado, también se podría decir que lo mejor hubiera sido incluir en la Ley Marco la moción que presentaron los representantes de Herty Lewites, para evitar que a éste le impidan ser candidato presidencial en las próximas elecciones nacionales. Y también que se incorporara la propuesta de los partidarios de Eduardo Montealegre, de que las reformas constitucionales sean sometidas a un referendo popular el mismo día de la elección presidencial y de diputados, en noviembre del próximo año.
Sin embargo, pretender que se introduzcan en la Ley Marco ésas y muchas otras cosas más que son de sumo interés para determinados sectores de la sociedad nicaragüense, o de la nación en términos generales, no sólo podría ser improcedente según el mecanismo de formación de la ley, sino que podría significar que se pierda el objetivo principal e inmediato cual es impedir la aplicación de las reformas constitucionales. Y en todo caso se enredaría más el problema, tal como Daniel Ortega quiere complicar la propuesta de referendo sobre las reformas constitucionales que proponen los seguidores de Eduardo Montealegre, al proponer que se agreguen otras preguntas de índole ajena al propósito de la consulta popular, lo que desenfocaría la atención de los votantes.
Nosotros no podemos saber si es cierta la acusación de los partidarios de Herty Lewites contra los diputados de la alianza liberal-conservadora, en el sentido de que no respaldaron la moción sobre las inhibiciones porque están de acuerdo con Daniel Ortega, para que el ex Alcalde sandinista de Managua sea excluido de la participación electoral, a cambio de que no se haga lo mismo con la candidatura de Eduardo Montealegre.
Esperamos que no sea así, porque el atractivo y lo positivo que tiene la candidatura de Eduardo Montealegre, lo mismo que las de José Antonio Alvarado y del mismo Lewites, es que representan una alternativa democrática ante el pactismo corrupto de Alemán y Ortega. Y lo importante, bueno y necesario para Nicaragua es que todos ellos compitan libremente en elecciones transparentes y honestas.
