Marcela Sánchezwashingtonpost.com
La muerte de cerca de una docena de africanos que intentaban llegar a territorio español a través de Marruecos —y el maltrato de otros miles, algunos aparentemente abandonados en el desierto del Sahara— ha caldeado el debate sobre inmigración y España, la principal puerta de entrada de inmigrantes ilegales a Europa. Imágenes de jóvenes negros esposados y amontonados en buses con dirección al sur han llenado acá las primeras páginas y las pantallas de televisión por días.
Críticos aseguran que el actual gobierno español se buscó estos problemas. El aumento de personas que buscan entrar al país es el resultado directo, aseguran, de los esfuerzos del Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de normalizar la condición de ilegalidad de miles de inmigrantes en España.
El gobierno de Zapatero defiende con vigor un programa que comenzó a comienzos de este año y que le otorga amnistía a cientos de miles de inmigrantes que trabajaban acá ilegalmente. Casi 700 mil respondieron, una importante proporción del estimado millón de trabajadores ilegales en este país. Casi el 45 por ciento de aquellos que ya se han beneficiado vinieron de América Latina, particularmente de Ecuador y Colombia.
Para cumplir los requisitos de la amnistía y empezar el proceso de convertirse en ciudadanos españoles, los inmigrantes tenían que presentar un empleador dispuesto a contratarlos por al menos seis meses y comprobar que habían vivido en el país seis meses antes de que el programa entrara en vigencia.
El período de amnistía de tres meses venció en mayo y funcionarios españoles calculan que unos 550 mil trabajadores cumplirán los requisitos. Aquellos que no lo hagan serán deportados. El Gobierno ha intensificado, además, los esfuerzos para multar a empleadores que todavía estén contratando indocumentados.
A pesar de los críticos, la búsqueda por parte de España de una reforma migratoria a gran escala es un experimento que Washington debiera mirar de cerca. En particular debiera evaluar si España es capaz de combinar exitosamente o no objetivos aparentemente dispares. En una mezcla de valores humanitarios, incentivos financieros y condiciones que podrían facilitarle a los inmigrantes regresar a sus países de origen, el plan de amnistía de España ofrece una valiosa experiencia.
Según los últimos datos oficiales, el mercado laboral indocumentado de España ya se ha reducido en 353,000 personas gracias al programa de Zapatero, apoyado por sindicatos y asociaciones de empleadores.
Menos trabajadores ilegales significa menos presiones a reducir salarios y mejoras en las condiciones laborales a medida que los trabajadores empiezan a ganar salarios similares y a esperar las mismas protecciones que reciben los trabajadores legales.
El gobierno español estima que gracias a la amnistía, trabajadores previamente ilegales aumentarán las contribuciones al fondo de seguridad social este año en un 3 por ciento. Aunque es una cifra todavía modesta, se espera que las contribuciones aumenten.
Por otra parte, en balance, los inmigrantes —en su mayoría jóvenes y con pocas personas a su cargo— representan menos demandas al sistema de seguridad pública, según Walter Actis, un especialista en inmigración de la organización de investigación social con sede en Madrid, Colectivo Ioé. Según cifras oficiales, casi un 80 por ciento de los que ya han sido legalizados están entre los 16 y los 39 años de edad.
El programa ya está dando un importante vistazo a una fuerza laboral que hasta ahora se había desempeñado lejos del alcance gubernamental. Funcionarios españoles están descubriendo, por ejemplo, que inmigrantes ilegales ganan mejores salarios de lo que pensaban. En vez de contribuir $990 dólares anualmente a la seguridad social están contribuyendo $1,300 dólares en promedio.
Gracias a acuerdos bilaterales que España tiene con algunos países latinoamericanos, los trabajadores de países como México, Argentina o Perú podrán retirar del fondo de seguridad social en España una vez se jubilen, incluso, si regresan a su país de origen. Durante la decimoquinta Cumbre Iberoamericana que se realiza acá esta semana, se espera que líderes de América Latina, España y Portugal conviertan dichos instrumentos en un acuerdo multilateral que beneficiaría a todos los trabajadores de los 22 países miembros.
Esto claramente proveerá cierto incentivo para que los trabajadores regresen a sus países de origen, pero no será suficiente si las oportunidades siguen siendo muy inferiores a las de Europa. No hay duda que mejores niveles de vida en América Latina es el camino seguro para reducir el flujo de inmigrantes ilegales y es por eso que algunos consideran la legalización, un importante factor de desarrollo.
Una vez que los inmigrantes puedan ir y volver libremente, ganar más, ahorrar más e invertir más, los propios inmigrantes ayudarán a preparar sus países para su retorno. Enrique Iglesias, secretario general de la Cumbre Iberoamericana y una de las voces mas respetadas acá y en Washington sobre América Latina, dijo en una entrevista, que los inmigrantes podrían convertirse en “puentes” para el desarrollo de la región, mucho más allá de lo que ya hacen a través de sus multimillonarias remesas. Pero para que eso suceda, agregó, “no se puede aceptar que los inmigrantes permanezcan fuera del circuito” como ciudadanos de tercera clase.
Enrique Iglesias, secretario general de la Cumbre Iberoamericana y una de las voces mas respetadas acá y en Washington sobre América Latina, dijo en una entrevista que los inmigrantes podrían convertirse en “puentes” para el desarrollo de la región, mucho más allá de lo que ya hacen a través de sus multimillonarias remesas. Pero para que eso suceda, agregó, “no se puede aceptar que los inmigrantes permanezcan fuera del circuito” como ciudadanos de tercera clase.
