Mirna Velásquez [email protected]
El Juez Primero de Distrito del Crimen de Managua, David Rojas, revocó las medidas cautelares que había impuesto a seis funcionarios que ocupan cargos ministeriales en el gabinete de gobierno y son procesados por delitos electorales.
Desde ayer, los ministros Julio Vega Pasquier, Miguel Ángel García, Leonardo Somarriba, Carlos Arturo Harding, Mario Salvo y Fausto Carcabelos no tienen ninguna restricción para salir del país, por orden de Rojas, que también le quitó esa restricción a la funcionaria Vilma Rosa León York.
El juez tomó esa decisión después del entendimiento político que hubo entre el presidente Enrique Bolaños y el secretario general del Frente Sandinista (FSLN), Daniel Ortega.
ROJAS EXPLICA
En una comunicación enviada por el juez Rojas a Juan Marcos García Borgen, director de Migración y Extranjería, le informa que, de oficio, revocó la orden de impedimento de salida de los funcionarios públicos que había sido impuesta el 22 y 27 de septiembre, respectivamente.
Conforme el escrito, el juez cambió de opinión porque los ministros tienen que “realizar constantes actividades fuera del país en función de su cargo y en aras de la buena marcha gubernamental”.
El 27 de septiembre el juez Rojas dio apertura al juicio por delito electoral y otros ilícitos, contra los ministros Vega y Salvo y más tarde decretó la retención migratoria para los procesados.
EJECUTIVO LO SOLICITÓ
“La base jurídica tiene que ver con necesidades de la nación. Aquí prima ante todo el interés de la nación. Eso es muy importante señalarlo porque el pedimento del Poder Ejecutivo es que estos señores, que ostentan cargos ministeriales, tienen que hacer un sinnúmero de diligencias gubernamentales, inclusive algunas de representación del Estado nicaragüense fuera del país”, justificó Rojas.
La retención migratoria de los ministros había sido impuesta por el mismo juez después que la Asamblea Nacional les privó su inmunidad y éstos viajaron a Washington, Estados Unidos, para denunciar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA que estaban siendo sometidos a un proceso penal encaminado a un golpe de Estado.
Aunque la decisión judicial parece más política que jurídica, Rojas insistió en que nada más se trata de una petición del Ejecutivo, porque deben hacer gestiones fuera del país a beneficio del Estado nicaragüense.
“Si ya hay interpretaciones sobre la vinculación política de esto a la coyuntura política, obviamente que aquí vivimos en una democracia y hay que respetar toda la opinión de todos los ciudadanos”, expresó.
El juez explicó que la decisión de revocar las medidas cautelares están basadas en el Código de Instrucción Criminal, que le da la discrecionalidad al judicial de decidir el rumbo del juicio y las medidas cautelares, oficiosamente.
JUEZ A FAVOR DE DIÁLOGO
El juez declaró que, como ciudadano, le parece “excelente” que los principales dirigentes políticos lleguen a un diálogo y se pongan de acuerdo para que el país avance.
“En la medida que todas las instituciones y los poderes del Estado busquen una armonía, como establece la Constitución Política, en esa medida toda la situación política institucional de las instituciones del Estado, van a ir avanzando en beneficio del país”, comentó.
SIGUEN INDAGACIONES
La agenda del juez Rojas, sin embargo, no ha variado porque para hoy a las 10:00 a.m. está previsto que se presente al despacho judicial el Ministro Agropecuario y Forestal, Mario Salvo, para que amplíe su declaración indagatoria.
Vilma Rosa León York, directora del Fondo de Garantías al Desarrollo (Fogade), también está citada para declarar esta mañana.
Rojas instruye un juicio contra 32 personas, entre actuales funcionarios del Gobierno y diputados, por su supuesta participación en el desvío de fondos del erario para beneficio del Partido Liberal Constitucionalista (PLC).
El juicio, después de la recepción de las declaraciones indagatorias, estaría listo para que se dicte una sentencia.
