Claudia Paniagua
Un día reciente nos levantamos con otra noticia más sobre la degradación del Poder Judicial. Una noticia muy triste por las implicancias que los actos de corrupción tienen en contra del pueblo de Nicaragua. Un Poder Judicial que en lugar de defender a la ciudadanía del narcotráfico internacional, lo apoya dejándole libre y devolviéndole cientos de miles de dólares para seguir destruyendo a la población.
El narcotráfico no sólo está utilizando a Nicaragua como puente, sino que está minando la voluntad de muchos jóvenes y adolescentes en nuestros barrios. Cada día aumenta el número de expendios de drogas en nuestras ciudades, poblados y barrios. Cada día son más los que se enriquecen a través de la venta de drogas. Cada día son más los jóvenes y adolescentes expuestos al consumo de drogas. Sin embargo, esto no parece importarle a nuestros magistrados y jueces, quienes alegremente y sin ningún rubor se coluden con el narcotráfico.
En este último acto de corrupción del sistema judicial de Nicaragua, el mismo Presidente de la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo a las investigaciones de los medios, firma un cheque por la suma de seiscientos nueve mil dólares para ser regresado supuestamente a narcotraficantes colombianos, condenados a diez años de cárcel por lavado de dinero, monto que posteriormente es desviado.
Otros cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia se mencionan como involucrados en este hecho, al haber firmado el proyecto de sentencia que permitió dejar en libertad a los traficantes colombianos, mediante una dudosa falsificación.
Yo me pregunto, y me imagino que la mayoría del pueblo también, ¿cómo es posible que un Presidente de la Corte Suprema de Justicia apruebe la emisión de un cheque de semejante suma sin indagar por qué y para qué? Igualmente me pregunto: ¿cómo es posible que otros cuatro magistrados de la misma Corte firmen sentencias que, aparentemente, ni siquiera leen? ¿Como es posible que no sepan lo que hacen? Todo esto en mi opinión plantea muchas dudas que deben ser aclaradas. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, si es que les queda un poco de decencia, deben llamar a una profunda investigación y castigar con todo rigor a todo aquél que salga involucrado, por acción u omisión, sin importar el cargo o la afiliación partidaria.
Es muy desalentador observar cuán bajo ha caído este Poder del Estado, minado a todo nivel, desde los magistrados hasta los notarios y abogados, pasando por los jueces. Creo que los honestos que existen en ese Poder del Estado no pueden seguir callados, es hora que de ellos mismos salga la necesidad de una transformación. Callar es aceptar.
Un informe reciente realizado por el AID sobre el DR-Cafta en Nicaragua, señala “la abrumadora necesidad de la reforma judicial en Nicaragua supera en urgencia a todas las otras iniciativas de reformas gubernamentales. La falta de independencia judicial en el país, imparcialidad, y competencia sustantiva y administrativa domina el paisaje legal de Nicaragua y de las instituciones económicas”.
Todos los ciudadanos honestos del país debemos denunciar y reprobar los actos cometidos en el Poder Judicial, ya que los mismos afectan la vida misma de nuestros hijos y la seguridad ciudadana de nuestro territorio. Basta ya de tanta corrupción en este Poder del Estado que ha dejado de ejercer la justicia por dedicarse a la política.
La autora es Directora de la Fundación Nicaragua Nuestra, organización sin fines de lucro que trabaja con la juventud.
