Daniel Ortega.

Ortega: falta un voto para la Ley Marco

Ludwin Loáisiga López yLuis Felipe [email protected] El dirigente sandinista Daniel Ortega anunció ayer que la aprobación en el parlamento de una Ley Marco, que acordó el lunes con el presidente Enrique Bolaños, para congelar las reformas constitucionales hasta enero del 2007, necesitará del voto del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), que no suscribió el convenio. De […]

Ludwin Loáisiga López yLuis Felipe [email protected]

El dirigente sandinista Daniel Ortega anunció ayer que la aprobación en el parlamento de una Ley Marco, que acordó el lunes con el presidente Enrique Bolaños, para congelar las reformas constitucionales hasta enero del 2007, necesitará del voto del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), que no suscribió el convenio.

De acuerdo a Ortega, los 38 votos del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) sumados a los ocho que calculó para las bancadas Azul y Blanco y de Camino Cristiano Nicaragüense (CCN), alcanzan la cifra de 46 diputados, por lo que se necesitaría de un diputado más para llegar al número mágico de 47, que se requiere para ratificar la Ley Marco en la Asamblea Nacional.

Sin embargo, la bancada Azul y Blanco y CCN tienen nueve diputados: Miguel López Baldizón, Jaime Morales Carazo, Jaime Cuadra, Augusto Valle, Orlando Tardencilla, Delia Arellano, Guillermo Osorno, Eduardo Gómez y Jorge Matamoros; quienes sumados a los 38 del FSLN logran los 47 votos necesarios para aprobar una Ley Marco.

El lunes por la noche, Ortega acordó con el presidente Enrique Bolaños congelar las reformas constitucionales, sin embargo el PLC no participó en ese convenio, por lo cual el dirigente del FSLN remarcó la necesidad del respaldo del voto de los liberales para aprobar un acuerdo Marco.

ALCANCE DEL CONVENIO

Al suspender la vigencia de las reformas, el Poder Ejecutivo tendrá la potestad de nombrar a los cinco directores de la Superintendencia de Servicios Públicos (Sisep), y a los del Instituto de la Propiedad, del Seguro Social y de la Superintendencia de Seguridad Social, informó Ortega ayer en conferencia de prensa.

No obstante, de acuerdo a Ortega, a partir del 10 de enero del año 2007 los funcionarios electos en el Poder Legislativo —surgidos de las filas sandinistas y liberales— serán quienes tomen posesión de la Sisep y las otras instituciones.

El ex presidente sandinista indicó que el acuerdo suscrito con Bolaños se asemeja al firmado el 12 de enero pasado, cuando el FSLN y el Ejecutivo firmaron un acuerdo por el diálogo nacional, sin la presencia del PLC y su posterior rechazo.

Por lo tanto, Ortega manifestó que el convenio firmado con Bolaños debe ser discutido con el PLC, para sumar los 47 votos que se necesitan para aprobar la Ley Marco.

DESAFUEROS SEGUIRÁN SUS CURSOS

Por otro lado, Ortega comentó que los desafueros en contra de seis ministros de Estado por supuestos delitos electorales y el que está en la agenda del parlamento en contra del presidente Bolaños, seguirán sus respectivos cursos, una vez que lleguen a los juzgados.

“No podemos invadir el Poder Judicial (…) no tenemos ninguna facultad” el FSLN y el PLC en el sistema judicial, aseguró Ortega ante los medios de prensa.

El diputado sandinista José Figueroa dijo que el proyecto de ley será una especie de acuerdo político que permitirá diferir en el tiempo la entrada en vigencia de las reformas, “para buscarle una solución a la crisis institucional y política que vive el país”.

El legislador Orlando Tardencilla, de la bancada Azul y Blanco, observó que una ley ordinaria, como sería la Ley Marco, no puede pasar encima de la Constitución y detener unas reformas constitucionales.

“La Ley Marco es un instrumento de dudosa juridicidad, porque una ley ordinaria, en teoría y por mandato constitucional, no puede detener la entrada en vigencia de la ley”, argumentó Tardencilla, quien admitió sin embargo que “París bien vale una misa y si ya hubo una ley marco (en 1995), porqué no otra más”.

El diputado sandinista Bayardo Arce admitió que “la Ley Marco es una heterodoxia —herejía— jurídica”, pero igual se puede volver a aplicar como en 1995.

“La verdad es que ese debate ya creó, si se quiere, una jurisprudencia, porque ya se dio, ya se hizo y ya se aceptó, entonces ahora no vas a venir a decir que lo de 1995 ya no es aplicable”, razonó.

LA TRAMPA DEL FSLN

Arce advirtió que mientras no se apruebe la Ley Marco, las reformas a la Constitución estarán en vigencia.

Observó que hasta el momento sólo existe consenso entre la bancada sandinista y el presidente Enrique Bolaños, por lo que “habrá que ver si tenemos los votos suficientes entre Bolaños y el FSLN, si es que el PLC no se hace parte de ese acuerdo, para aprobar esa ley”.

“Si no tenemos capacidad, qué vamos a hacer. La otra vez habíamos acordado con Bolaños elegir a los magistrados de común acuerdo, pero no se pudo elegir a ninguno de sus candidatos, por falta de votos. Igual pudiera pasar, hipotéticamente, con esta ley”, señaló.

SISEP EN EL AIRE

Figueroa explicó que la creación de la Superintendencia de Servicios Públicos (Sisep) y la elección de sus funcionarios, así como la creación del Instituto de la Propiedad Reformada Urbana y Rural (Inprur), será un tema que se tendrá que discutir en el seno de la Ley Marco, en el diálogo.

Ambas instituciones nacieron a raíz de las reformas constitucionales, que serían postergadas hasta el 2007.

Sin embargo, para Tardencilla la creación de la Sisep “va a quedar más o menos como estaba: estancada, en la nada, dudoso y que nadie les hace caso”.

El legislador Jaime Morales Carazo, de la Azul y Blanco, minimizó los vacíos de legalidad en que se pueda caer con la Ley Marco, porque a su juicio debe imponerse el pragmatismo.

“La Ley Marco es una erosión al Estado de Derecho, porque se impone el Estado de hecho, pero Nicaragua siempre ha vivido en Estado de hecho y las crisis políticas se resuelven por caminos y vericuetos de orden político”, comentó.

LA EXONERACIÓN A LOS MEDIOS

La posibilidad de que una Ley Marco congele las reformas constitucionales, también deberá beneficiar a los medios de comunicación, comentó ayer el vocero presidencial Lindolfo Monjarretz.

“Inicialmente la lucha se dio para que no se rompiera el equilibrio entre los poderes del Estado, lo que había sido motivado por acciones eminentemente políticas contra el gobierno del presidente Enrique Bolaños. Dentro de ese mismo esquema, se golpeó a los medios de comunicación, restringiendo los derechos constitucionales de exoneración de los medios. Todas estas reformas tienen un mismo hilo conductor, por lo tanto deben quedar congeladas todas”, señaló.

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