Hugo Ramón García
La sociedad nicaragüense vive en sus momentos actuales uno de sus períodos más dramáticos de la historia. La delincuencia como problema social ha venido tomando fuerzas terminantes a tal extremo que se vuelve difícil controlarla porque los medios competentes para combatirla, o exterminarla no tienen a su alcance presupuestos amplios que les permitan hacerlo.
En este sentido, aunque la autoridad respectiva esté asistida de un carácter profesional, sus facultades son indudablemente limitadas, y por este motivo los traficantes del delito se aprovechan para aumentar, y desarrollar a su “máxima expresión” sus tenebrosos planes. ¿De qué sirve la Policía Nacional persiga a los delincuentes, los capture, y al final los remita a las órdenes de los tribunales comunes para entablar y tramitar el proceso de ley, si después un tribunal de jurados que se supone que es de “conciencia”, los absuelve, y los exime de toda responsabilidad?
Debemos estar claros que la misma Policía cumple con las obligaciones que le fija la Constitución Política, y demás leyes de la República, pero se topa con ese agravante de no encontrar ningún sinónimo de “conciencia” en los encargos de hacer justicia con sus veredictos. La Policía se halla circunscrita a ser una captora, y guardadora del que delinque, pero la aplicación de la justicia mediante un veredicto eso se sobreentiende que le atañe al tribunal de jurados. Definitivamente en este país no hay justicia, ni habrá mientras no se junten esfuerzos para hacerla realidad. El delincuente fácilmente delinque porque sabe que pronto sale de la cárcel en vista de que “no hallaron pruebas en su contra”, y los señores del jurado no encontraron “argumentos de rigor” para establecer la culpabilidad.
Entonces la situación de la justicia en Nicaragua tiene graves complicaciones que no se pueden superar de la noche a la mañana, mientras los tribunales de jurados no hagan mérito a las delicadas funciones que se les encomiendan desde el momento en que son situados en una sala para escuchar atentamente la lectura del expediente que es la “brújula” principal para asimilar y formarse un criterio evidente del proceso que se ha levantado, y se ha tramitado.
Decía el poeta y sacerdote Azarías H. Pallais, que “la peor cárcel del hombre es su misma conciencia”. El fallecido literato y religioso está en lo cierto, porque aún cuando el hombre sabe que ha cometido un delito, y no se castiga por ausencia de justicia, la conciencia se halla de por medio señalándole a diario sus culpas. Ya es tiempo que los tribunales de jurados antepongan sobre “cualquier consideración” los mandatos de la conciencia; que entiendan bien la responsabilidad que se les encarga, y que con lucidez de espíritu, y de mente, hagan posible el establecimiento de la justicia para acabar definitivamente con la delincuencia que ya no se soporta en el cuadro clínico de nuestra atrasada cultura.
La justicia es un patrimonio, y una virtud de las sociedades civilizadas. ¿Y, por qué los nicaragüenses no podemos instaurar un modelo de sociedad de ese género, si por una parte hemos sido un país con grandes valores, y por otra, estamos dentro de un nuevo siglo que demanda por efectos de razón una cultura necesaria?
Nicaragua no puede, ni debe continuar ahogada por la delincuencia. Tiene que sacudirse de esa polilla, y de ese virus, aportando los esfuerzos comunes de la buena voluntad que conduzcan a este país a una evolución humana que nos haga vivir bajo el termómetro de la paz social, y para alcanzar esa finalidad tienen la última palabra los tribunales de jurados.
El autor es periodista de Somoto.
