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Otra oportunidad
Una vez más, gracias a la presión extranjera y no por un sentido de responsabilidad ni de amor a Nicaragua, a la clase política nicaragüense se le presenta la oportunidad de rectificar el rumbo torcido por el que ha venido caminando. Y puede, si quiere, restablecer la gobernabilidad del país para sacarle más provecho a las grandes posibilidades de crecimiento y desarrollo que los TLC y la globalización ofrecen en la actualidad a los países cuyas poblaciones quieren trabajar y prosperar.
Ciertamente, si no fuese por la intervención de la Organización de Estados Americanos (OEA) y los buenos oficios de su Secretario General, José Miguel Insulza, y del representante personal de éste, Dante Caputo; y si no hubiera sido por los “golpes sobre la mesa” que vino a dar el Subsecretario de Estado de Estados Unidos, Robert Zoellick, Daniel Ortega no hubiera aceptado ponerse de acuerdo con el presidente Enrique Bolaños para desactivar la crisis política e institucional que sufre el país; una crisis que fue provocada por el mismo Ortega —por su codicia de poder—, asociado con el caudillo del PLC, Arnoldo Alemán Lacayo.
Además, Ortega tampoco hubiera permitido la ratificación del DR-Cafta en la Asamblea Nacional, de no haber sido por esas presiones externas, en este caso las de Estados Unidos y de los organismos financieros internacionales que respaldaron los esfuerzos internos que el Gobierno, los empresarios y otros sectores sociales hicieron en favor de la aprobación del TLC.
Pero no hay que cantar victoria todavía, pues si bien es cierto que ésta no sería la primera vez que Ortega es obligado a ceder, tampoco sería la primera ocasión en la que el líder sandinista se retractara de un acuerdo. Para no ir muy lejos, apenas a comienzos de este año Ortega firmó con el presidente Enrique Bolaños el compromiso de no aprobar en segunda legislatura las reformas constitucionales que rompen el equilibrio de los poderes del Estado, pero al día siguiente sus diputados se juntaron a los de Arnoldo Alemán para ratificar las reformas.
Tampoco sería ésta la primera vez que Nicaragua —o más bien dicho su clase política dominante— desperdiciaría una oportunidad para establecer las bases que permitan a todos los nicaragüenses vivir en paz, con gobernabilidad, tolerancia, respeto a la voluntad popular expresada en elecciones transparentes y libres, y bajo el imperio de un Estado de Derecho, que es como viven las naciones civilizadas y merecen vivir todos los pueblos de la Tierra.
En realidad, Nicaragua podría competir —y ganaría el primer lugar— con aquellos países que por sus propios errores e incompetencias pierden con frecuencia las oportunidades de tener una vida mejor. Un rápido vistazo a la historia nacional demuestra cómo se perdieron esas oportunidades, por ejemplo cuando la independencia nacional de 1821; después del Pacto Providencial de 1857 y los treinta años de democracia conservadora; cuando la revolución liberal de 1893 que sacrificó sus principios de libertad, alternancia en el poder y Estado de Derecho, por la codicia de poder de un caudillo autocrático; cuando la revolución popular y democrática que llevó al poder a los sandinistas en 1979, quienes lo que hicieron fue imponer una dictadura peor que la derrocada; y finalmente, la conquista electoral de la democracia en 1990, que fue distorsionada por la corrupción gubernamental, sobre todo la del gobierno liberal de Arnoldo Alemán que ha sido uno de los más corruptos de toda la historia nacional.
Ahora, gracias a la mediación de la OEA y la presión de Estados Unidos,y como resultado de la lucha del mismo pueblo nicaragüense —que bajo la bandera azul y blanco de la Patria y atendiendo a la convocatoria de un liderazgo independiente de la sociedad civil se ha manifestado masivamente en las calles, contra los pactistas—, los políticos dominantes de Nicaragua tienen la oportunidad de poner fin a la prolongada crisis política e institucional. Y además tienen el chance de retomar el camino correcto de la democracia, comenzando por congelar las reformas constitucionales antidemocráticas y garantizar unas elecciones auténticamente libres, sin la exclusión de nadie ni fraudes de ninguna clase.
Sin embargo permanece la inmensa duda: ¿Cumplirá esta vez Daniel Ortega? O, planteado en otros términos, ¿podrán, la comunidad internacional y la sociedad civil nicaragüense obligarlo a cumplir? Nosotros, por el bien de Nicaragua esperamos que sí.
