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Dos empresas en conflicto legal
Juan Carlos Tijerino A.
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Una empresa multinacional y una compañía nicaragüense se encuentran en un conflicto legal originado por una deuda en la que está en juego un millón de dólares.
Las inconformidades entre la suplidora internacional ADM Central Agrícola S.A. y la empresa Aceitlán, de origen nica, se originaron a raíz de que la segunda regresara un pedido millonario de aceite de girasol que no pudo procesar en su fábrica.
DAN SU VERSIÓN SOBRE MOTIVO DEL CONFLICTO
“El año pasado nos solicitaron un aceite y se los enviamos, pero el representante de Aceitlán decidió no aceptarlo al ver que su planta procesadora no podía definirlo por falta de equipos”, dijo Annelise Nissen, gerente financiera y administrativa de ADM Central Agrícola S.A.
“En ese momento el precio del aceite bajó y nosotros asumimos esas pérdidas. Una vez que sucedió esto, les comunicamos que tenían una deuda que sobrepasaba los 900 mil dólares antes del embarque , y nos respondieron que nos pagarían en pagos parciales”, explicó.
De acuerdo a Nissen, aceptaron el trato porque no tenían ningún interés en perjudicar a la compañía local, pero luego de unos cuantos meses comenzaron a surgir los primeros inconvenientes que han llegado a parar hasta los juzgados de Managua y el Tribunal de Apelaciones.
“Interpusieron una demanda en contra nuestra tratando de anular el instrumento de crédito que le otorgamos. Nosotros aceptamos como garantía una planta procesadora, una empresa que está fungiendo como fiadora y la firma de unas letras de cambio por el monto de un millón de dólares”, indicó Nissen.
HAN OCURRIDO IRREGULARIDADES
Gustavo Antonio López Argüello, apoderado de ADM Central Agrícola, expresó que han ocurrido una serie de irregularidades desde que iniciaron el proceso de recuperación del crédito.
Según López , ante esta situación decidieron solicitar al Tribunal de Apelaciones de Managua que enmiende los errores que han cometido los judiciales de los juzgados Quinto y Sexto de lo Civil de Managua, porque de lo contrario se estaría creando la inseguridad jurídica y la anarquía judicial.
“Las juezas de los juzgados del Distrito Civil de Managua han actuado mal por otorgar la intervención legal a un apoderado de la sociedad extranjera, argumentando que una sociedad extranjera debe estar inscrita en Nicaragua cuando ésta no tiene agencia o sucursal”, señaló López.
Afirmó que para el colmo de los males, nombraron un guardador ad litem a la empresa extrajera y le negaron intervención a su legítimo apoderado que se personó con un poder ilegalmente constituido.
Exclamó que tienen la esperanza de que la Sala Uno de lo Civil del Tribunal de Apelaciones remedie la actuación de las juezas.
LA PRENSA intentó localizar a los representantes de la otra parte en conflicto, pero fue imposible ubicarlos por la vía telefónica para conocer su versión sobre el caso.
