- Quieren liquidar a los que tienen los US$609 mil procedentes del lavado de dinero
Jorge Loáisiga Mayorga yMirna Velásquez [email protected]
Supuestos sicarios a sueldo del narcotráfico habrían ingresado al país “con la misión de liquidar” a las personas involucradas en la sustracción ilegal de los 609 mil dólares, decomisados al colombiano Luis Ángel González Largo, condenado a diez años de prisión por lavado de dinero, según indicaron fuentes extraoficiales.
Los presuntos sicarios serían dos hombres, con acento mexicano, de pequeña estatura, que se movilizan en un vehículo de lujo y están visitando a algunos abogados implicados en el caso, antes de cumplir con su cometido, indicó la fuente.
“Estamos investigando algo de eso”, aseguró por su parte una fuente policial que prefirió el anonimato y calificó el hecho como una “colombianización” de Nicaragua.
La fuente recordó que Nicaragua es un país de tránsito no sólo de drogas, sino también de dinero. “En estos días en Panamá, en Paso Canoa, se incautaron siete millones de dólares que pasaron por toda Centroamérica”, detalló la fuente.
Sin embargo, hasta ayer en horas de la noche ni las agencias internacionales de noticias, ni los diarios de Panamá habían registrado ese supuesto hecho.
El ex abogado de González Largo, Pánfilo Orozco, había denunciado días atrás que a su cliente lo habían querido matar en el penal de Tipitapa y que incluso había recibido amenazas externas. “Él expresó temores de que lo podrían matar tanto adentro como en el exterior”, habría asegurado Orozco.
Consultado al respecto, el magistrado Francisco Rosales, presidente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dijo desconocer completamente tal situación y hasta ahora no existe ningún tipo de medida de seguridad para los magistrados que han sido mencionados en el caso de la “liberación” de los 609 mil dólares de una cuenta de la Corte.
“Es primera noticia que tengo sobre eso”, dijo Rosales luego de añadir que nadie, con los rasgos mencionados, le ha pedido ninguna cita.
“Yo camino solo. Lo que me decís no deja de causarme alguna preocupación”, continuó el magistrado.
Mientras tanto, la comisión especial de la CSJ, encargada de investigar los hechos irregulares ocurridos en la sustracción del dinero no se ha reunido, no han fijado fecha para iniciar la investigación ni tiene un calendario para citar a los jueces involucrados y dice no conocer el expediente.
El presidente de la Corte, Manuel Martínez, no ha convocado a Corte Plena para analizar el caso y varios magistrados tienen versiones encontradas sobre cómo llevar a cabo el proceso administrativo de investigación.
“Para ser sincero, en este momento no se ha realizado ningún tipo de actuación, como debería haberse realizado”, aseguró el magistrado Edgard Navas, miembro de la comisión.
RODARÁN CABEZAS
LA PRENSA conoció, sin embargo, que a lo interno de la Corte se baraja la destitución de los jueces Julio Morales y Moisés Rodríguez Zelaya, ambos implicados en la salida ilegal del dinero. El primero por extralimitarse en sus funciones y ordenar la salida del dinero.
La misma fuente judicial adelantó que la primera de la lista de “sancionados” es la notario Astrid Bracamonte por haber librado una certificación de una sentencia de la Sala Constitucional, cuando ésta era apenas un proyecto de sentencia y no contaba con todas las firmas requeridas para que tuviera carácter de sentencia.
Los magistrados valoran la suspensión por dos años de la notario Bracamonte y los demás abogados que resultaron involucrados.
Otra de las sorpresas que al parecer dará la Corte es la inclusión en las investigaciones de Roxana Zapata, Juez Primero de Ejecución de Sentencias, quien había emitido una orden de libertad cuando empezó a ejecutarse la trama para liberar al supuesto narcotraficante Luis Ángel González Largo y/o Jorge Eliécer Hernández.
Leyla Bucardo, cónyuge de González Largo, declaró a LA PRENSA que ella no participó en la salida del dinero, pese a que las autoridades administrativas de la Corte informaron anteriormente que varios cheques fueron emitidos a su nombre.
“No tengo nada que ver. Lo único que a mí me interesa es que mi marido salga”, dijo Bucardo.
Expresó que su vinculación con las gestiones para que el dinero saliera son “especulaciones”.
CAMBIO DE ABOGADO
Ayer mismo, el procesado González Largo se presentó ante la Sala Penal Dos del Tribunal de Apelaciones para cambiar a su abogado defensor y nombró a Israel Zelaya como su nuevo representante, dejando así por fuera a Pánfilo Orozco, antiguo defensor.
Zelaya informó que el próximo paso que dará para conseguir la libertad de González Largo será desistir de la apelación de la sentencia que lo condenó a diez años de prisión por lavado de dinero, en vista de la sentencia de la Sala Constitucional.
“Si la Sala Constitucional se pronunció a favor de que ellos (González y Bucardo) fueron sustraídos de su juez natural y ordenan la libertad en consecuencia de la misma, la señora Leyla Bucardo está libre, entonces también ese beneficio le compete a él (González)”, señaló Zelaya.
La magistrada Alba Luz Ramos, integrante del Consejo de Administración de la Carrera Judicial, reveló que la Corte nunca investigó el primer intento de sacar al narcotraficante en agosto pasado, cuando Rodríguez actuó como juez ejecutor y ordenó la primera liberación de González Largo y Bucardo.
