Mauricio Peralta Mayorga
El poeta Pablo Antonio Cuadra se refirió en una ocasión a Nicaragua como el “reino de lo ilógico”. Esta definición se actualiza constantemente cuando el país se ve sometido a los embates de los eternos “magos” del caos y del atraso político, económico y social.
En Nicaragua, por ejemplo, se resuelve el problema de la luz eléctrica hasta que se dan los primeros apagones. El problema del transporte acaba, hasta que el creador del nudo lo desata y los “dirigentes estudiantiles” vuelven a sus “aulas”, escondiendo el “rabo”, hasta que algún policía pierde el ojo o la oreja, al mejor estilo de las fiestas taurinas.
Esta misma lógica de llevar hasta el límite los problemas nacionales, antes de resolverlos, pareciera ser la explicación del engavetamiento, en la presidencia de la Asamblea Nacional, de la ley DR-Cafta. Este engavetamiento de la ley ha sido muestra de una de las actitudes dictatoriales más trágicas de los últimos años y de la cual han sido testigos los sectores productivos de nuestro país.
Por medio de subterfugios legales, la presidencia de ese poder del Estado ha truncado las aspiraciones de miles de trabajadores, estudiantes y empresarios, que perciben en el Tratado de Libre Comercio un detonante, para un mayor bienestar económico de la nación.
En julio de este año, la Comisión Especial Cafta, creada por la Asamblea Nacional para analizar el TLC, por mayoría recomendó su aprobación en el plenario. El 9 de agosto de este mismo año, se mostraron a los señores diputados más de 50 pronunciamientos, respaldando la pronta ratificación del tratado.
Estos pronunciamientos provenían de todos los sectores productivos de nuestro país. Representan más de medio millón de trabajadores que participan en la generación de más de 600 millones de dólares anuales, en exportaciones. Son pescadores artesanales, acuicultores, ganaderos, horticultores, pequeños y medianos empresarios de artesanías, muebles, productos lácteos, maniceros, sorgueros, arroceros, cafetaleros, Pyme turísticas, centros de investigación universitarios, exportadores no tradicionales, cañeros, plataneros, comerciantes de los mercados, comerciantes mayoristas, pulperos, transportistas de carga, estibadores y agentes aduaneros que se oponen al autoembargo comercial que nos quieren imponer.
El 20 de septiembre (ya de regreso del descanso legislativo), Camino Cristiano, la bancada Azul y Blanco, el Partido Liberal y el Partido Conservador le solicitaron en la sesión de ese día, al Presidente de ese poder del Estado, que sometiera a discusión el DR-Cafta. Oídos sordos, junto a la cabeza escondida como avestruz, parecieran ser las respuestas del presidente de ese poder del Estado, al clamor de miles de nicaragüenses y al de la mayoría de sus representantes legislativos.
El boicot legislativo ha llegado lastimosamente al límite de querernos hasta limitar el derecho a asistir a las discusiones dentro de la Asamblea Nacional, colocando para ello, a dos diputadas sandinistas en la entrada de este recinto, como “puertas giratorias de un solo sentido”, siendo captadas en “plena faena”, por el Diario LA PRENSA en una foto de reciente publicación.
La alternativa posible al DR-Cafta que nos han “recetado” estos boicoteadores profesionales, es la “chavicastrista” idea del Alba. Invito a todo el que lea este artículo a que acceda a la página Web oficial, del Alba: www.portalalba.com y se convenza por sí mismo de la penúltima payasada, de nuestra izquierda “revolucionaria”, llamada Alba. Y digo la penúltima payasada, porque la última fue el cuento aquel de la importación de gasolina más barata, procedente de Venezuela, importación que todavía están esperando los alcaldes de todo el país.
En estos últimos días se ha desaforado a varios funcionarios públicos. Propongo desaforar también a aquellos diputados que han optado por el genocidio económico de todo un país, negándonos el derecho a pertenecer a una nación integrada comercialmente, lo que se traducirá tarde o temprano, en miles de desempleados más, que sin lugar a dudas se trasladarán de inmediato a la Asamblea Nacional a reclamarles a los Gustavo Porras, Alba Palacios y René Núñez, entre otros, que les devuelvan sus puestos de trabajo, arrebatados desde la comodidad de un curul.
Serán decenas de miles de trabajadores afectados por esta negligencia legislativa, los que rodearán la Asamblea Nacional y no habrá “poder popular” alguno capaz de contener esta verdadera y auténtica ola de rabia y descontento laboral. ¡A ello se están arriesgando estos señores!
El autor es economista y catedrático de la Universidad Thomas More.
