- Carazo, Tola y la isla de Ometepe son las zonas con mayores problemas
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Asentamientos sin control
| Carazo, Tola y la isla de Ometepe son las zonas con mayores problemas |
Anne Pérez Rivera
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La Asociación de Municipios de Nicaragua (Amunic) demandó la pronta aprobación de la Ley de Reformas y Adiciones a la Ley 309, de regulación, ordenamiento y titulación de asentamientos humanos espontáneos.
Patricia Delgado, directora ejecutiva de esa asociación, explicó que la pronta aprobación de la reforma permitiría a los gobiernos locales acceder a financiamiento para legalizar las propiedades de los asentamientos humanos y para agilizar el proceso de legalización.
A nivel nacional, el departamento de Carazo, el municipio de Tola en Rivas y la isla de Ometepe son las zonas con mayores problemas en la legalización de las propiedades de asentamientos.
“Con gran frecuencia las municipalidades no tienen ninguna referencia —ni siquiera en el catastro municipal— de los terrenos donde se han asentado algunos ciudadanos”, aseguró Miguel Estrada, asesor legal del Programa de Titulación de Amunic.
Ante este problema, la ley de reforma propone la elaboración de una minuta descriptiva, lo que permitiría la caracterización de la propiedad.
Otro de los problemas es que los mecanismos de traspaso de propiedades del Gobierno a los municipios es muy complejo.
Lissete Gómez, directora del Programa de Titulación de Amunic, explicó que “la actual ley de regulación, ordenamiento y titulación de asentamientos humanos espontáneos no contempla mecanismos de traspaso específicos. A veces hasta pueden pasar varios años para realizar un traspaso”.
AVANCES EN PROGRAMA DE TITULACIÓN
Desde el 2003, Amunic empezó un proceso de titulación en 27 municipios. A la fecha se han entregado más de tres mil 712 títulos de propiedad.
Gómez aseguró que el programa ha favorecido a las familias más pobres y a las alcaldías con más debilidades.
Esta asociación también empezó a capacitar las áreas legales de las municipalidades, porque uno de los grandes problemas es que “la mayoría de abogados municipales no conocen los mecanismos en la legalización de terrenos”, dijo Gómez.