Luis Felipe Palacios,María José Uriarte R. yMirna Velá[email protected]
Una aplanadora de diputados sandinistas y liberales despojaron ayer de su inmunidad a dos ministros y dos viceministros de Estado, para que enfrenten una acusación sobre supuestos delitos electorales cometidos en la campaña electoral del 2001.
El parlamento, controlado por sandinistas y liberales, quitó la inmunidad al ministro de Educación, Miguel Ángel García; al ministro del Ambiente, Arturo Harding; al viceministro de Hacienda y Crédito Público, Fausto Carcabelos, y al viceministro del Ambiente, Leonardo Somarriba.
La semana pasada levantaron el fuero al ministro de Gobernación, Julio Vega, y al viceministro Agropecuario y Forestal, Mario Salvo Horvilleur, por la misma causa.
Esos seis funcionarios, que viajaron el martes a Estados Unidos para denunciar su situación, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, están expuestos a ser llamados a declarar por el Juez Primero de Distrito del Crimen de Managua, David Rojas, quien lleva la causa de los delitos electorales.
El desafuero de García fue aprobado con 65 votos a favor y uno en contra; a Harding con 63 votos a favor y uno en contra; mientras que a Carcabelos le quitaron su inmunidad con 66 a favor y seis en contra, y a Somarriba 65 votos a favor y uno en contra.
PENDIENTE BOLAÑOS
La decisión de los legisladores sandinistas y liberales se produjo pese al llamado del Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, a través de su representante en el país, Dante Caputo, quien pidió detener los desafueros de los funcionarios públicos, para no “agregarle más gasolina al incendio”.
A la directora del Fondo de Garantía de Depósitos (Fogade), Vilma Rosa León York, los diputados decidieron sólo informar al juez que lleva la causa, que puede proceder en su contra, porque ella no goza de inmunidad.
El Frente Sandinista (FSLN) y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) dejaron pendiente el desafuero del Presidente de la República, Enrique Bolaños, y no precisaron la fecha en que lo discutirán en el parlamento.
Ambas bancadas mayoritarias minimizaron que los desafueros de los funcionarios públicos provoquen mayor crisis política en el país.
EN REBELDÍA
El Juez Primero de Distrito del Crimen de Managua, David Joy Rojas, advirtió que podría declarar rebeldes a los ministros del Gobierno que abandonaron el país.
“Estos funcionarios, si tienen conocimiento que una autoridad judicial les está llamando, independientemente en qué calidades sea que se llame, ellos tienen que asistir. En todo caso, una persona o un ciudadano que no asiste, más bien está promoviendo, estimulando e impulsando actos de rebeldía ante la ley”, sostuvo el juez Rojas.
Las primeras citatorias en el nuevo capítulo de este juicio fueron para la directora del Fogade, Vilma Rosa León York, y el viceministro Agroforestal, Mario Salvo. León York no asistió a la cita judicial y Salvo deberá comparecer el 13 de octubre próximo.
Manuel Martínez Sevilla, presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dijo que la decisión de los funcionarios desaforados de recurrir ante la CIDH para exponer sus casos es apresurada, porque no agotaron antes el Derecho interno, y en el caso de que haya una resolución, no afectará el juicio.
“Lo que yo pienso que va a hacer ese organismo es decirles: Tráiganme la sentencia. ¿Fueron condenados sin ser oídos? ¿fueron procesados y no les recibieron pruebas? ¿se les violaron los derechos fundamentales que la Constitución de Nicaragua garantiza para cada procesado? Entonces, si no tienen esas pruebas yo casi estoy seguro de que les van a decir: primero vayan a que les hagan una cosa concreta, pero el hecho de que les digan que los van a procesar, no quiere decir que los están condenando injustamente”, expuso el magistrado.
SALVO AL MAGFOR
Mario Salvo Horvellieur fue nombrado ayer por el presidente Enrique Bolaños, como nuevo ministro Agropecuario y Forestal (Magfor), cargo que hasta la semana pasada ocupó José Augusto «Tuto» Navarro. Así lo confirmó el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Lindolfo Monjarretz.
Salvo ocupaba el cargo de viceministro de esa cartera desde el 1 diciembre del 2003, días antes que Daniel Ortega, secretario general del FSLN, advirtiera la posibilidad de reactivar el proceso de delitos electorales en que supuestamente Salvo Horvellieur estuvo involucrado. La semana pasada, Salvo fue desaforado junto al ministro de Gobernación, Julio Vega Pasquier. (LA PRENSA/Ricardo Guerrero N.)
OTRO “GOLPE” AL EJECUTIVO
El parlamento nicaragüense dio otro “golpe institucional” al Ejecutivo, al quitarle ayer de sus manos el manejo y control de la Seguridad Social y los temas de la propiedad.
Los legisladores sandinistas y liberales, que están aliados en contra del Gobierno, rechazaron tres vetos presentados por el presidente Enrique Bolaños.
Uno de los vetos rechazado es parcial, referido al proyecto de Seguridad Social, el cual desmembra el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) del Poder Ejecutivo, al crear una Superintendencia de Seguridad Social.
Los diputados también rechazaron el veto total al proyecto de reforma que crea el Instituto de la Propiedad Reformada Urbana y Rural (Inprur), que aglutinará a todas las instituciones que controlan el asunto de la propiedad y que han sido manejadas por el Ejecutivo.
También rechazaron el veto a una ley que permitirá a los diputados solicitar informes, la comparencia y la interpelación de los funcionarios públicos.
Los legisladores libero-sandinistas enviaron además a la Comisión de Asuntos Económicos, la iniciativa de ley que crea el Banco de Fomento para la Producción y un proyecto de ley de modificación del Presupuesto General de la República del 2005. (LA PRENSA/Luis Felipe Palacios)
