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Cultura de la muerte
El secretario general del FSLN, Daniel Ortega Saavedra, inauguró esta semana la construcción de un monumento en honor a Rigoberto López Pérez, quien asesinó al dictador Anastasio Somoza García el 21 de septiembre de 1956 y a su vez fue asesinado por asistentes militares del tirano ejecutado.
La decisión de erigir ese monumento representa, sin dudas, una exaltación del asesinato como forma de lucha política. Y demuestra, además, el penoso retroceso que está sufriendo la cultura política nicaragüense, que se pensaba había dejado atrás el culto a los procedimientos criminales para dirimir los conflictos entre los nicaragüenses.
En realidad, a pesar de que en los últimos quince años — es decir, durante el período de la transición democrática—, en Nicaragua se cometieron varios crímenes con claros y declarados fines políticos, como por ejemplo los asesinatos de Enrique Bermúdez, Arges Sequeira y Carlos Guadamuz, sin embargo se creía que éstos eran sólo rescoldos de un pasado, que todavía es reciente, de dictaduras feroces, de violencia aguda y de luchas armadas y desalmadas por el poder. Y se tenía la esperanza de que los nicaragüenses ya nos estábamos considerando y nos respetaban por eso, como parte de un mundo moderno y civilizado en el que el crimen y la violencia como medios de lucha política son absolutamente inaceptables.
Pero ahora tenemos que reconocer que hay en Nicaragua fuerzas políticas importantes que siguen rindiendo culto a la violencia en sus diversas modalidades; y que al parecer seguiremos padeciendo quien sabe por cuánto tiempo esa primitiva y degradante forma de lucha por el poder .
Se dice que la exaltación nacional a la acción de Rigoberto López Pérez es constitucional, y es cierto. En el preámbulo de la Constitución se evoca “La acción heroica de Rigoberto López Pérez, iniciador del principio del fin de la dictadura”. Pero ese párrafo preambular es un remanente de la constitución sandinista de 1987 que no corresponde a la nueva época democrática y civilizada en la que vivimos, y si permanece allí es porque cuando se hizo la reforma constitucional de 1995, se impidió, por medio de la fuerza, suprimirlo. Y en todo caso no tiene validez jurídica y mucho menos moral.
También se dice —y en esto coinciden los radicales de izquierda y de derecha— que no es lo mismo el crimen político practicado contra cualquier persona, que el tiranicidio, o sea el asesinato de un tirano o dictador. Y agregan que el tiranicidio no sólo es legítimo sino también necesario.
Se argumenta al respecto que el tiranicidio fue justificado por los clásicos romanos y griegos, como Cicerón, Plutarco, Polibio, Teofastro, Séneca, Quintiliano y Luciano; lo mismo que por pensadores cristianos de la antigüedad y no tan antiguos, como el jesuita español Juan de Mariana (1536-1624), quien expresó en 1599 (De Regeet Regis Institutione ad Philipus III) que: “Cuando el gobernante usurpa el poder o, cuando elegido, rige la vida pública de manera tiránica, es lícito su asesinato por un simple particular, directamente o valiéndose del engaño, con el menor disturbio posible”.
Pero quienes eso invocan no dicen que el Concilio de Constanza de la Iglesia Católica (1414 y 1418), condenó explícitamente la proposición de que una persona cualquiera pudiera matar a otra porque es un tirano. Además, el hecho de que el crimen político fuera practicado y que lo hubieran justificado en el pasado, no significa que era algo bueno y mucho menos que se deba justificar y practicar en el presente. ¿Acaso entre los logros principales del progreso social y cultural, del desarrollo de la civilización y de la humanización de las relaciones sociales y políticas, no está precisamente la abolición de prácticas y procedimientos criminales y horrendos que eran comunes en el pasado, como la esclavitud, la tortura y el crimen político?
Un crimen es un crimen independiente de quien lo cometa, de los motivos que se tengan para asesinar y de quien sea el asesinado. Y justificar el asesinato de los Somoza —padre e hijo— porque fueron dictadores o tiranos equivale a reconocer que cualquiera tiene derecho de matar a quienes considere que también fueron dictadores feroces en el bando contrario al somocista.
Y eso significa volver al pasado y restablecer la ley de la selva en la desventurada política nicaragüense.
