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¿Estatizar el servicio eléctrico?
En medio de la grave crisis energética que sufre actualmente el país —y prácticamente todo el mundo—, con insistencia se está culpando del problema a la privatización del sector que ocurrió en los años noventa, después de la revolución sandinista. Inclusive se dice que lo mejor sería volver a estatizar el sector eléctrico, porque —aseguran los proponentes de semejante “solución”— una vez estatizado no habría más problemas de tarifas altas, escasez y racionamiento de energía, apagones, etc.
Pero la realidad es que el sector eléctrico fue privatizado precisamente porque administrado por el Estado era un desastre. En efecto, tal como lo hemos recordado recientemente, los racionamientos y cortes de energía programados y súbitos eran tan frecuentes y prolongados en aquella época, que la gente ya no hablaba de apagones de luz, sino de alumbrones, por la oscuridad casi absoluta que reinaba entonces.
La privatización en general y del servicio eléctrico en particular, no es un asunto estrictamente nicaragüense sino que tiene dimensión internacional. Y es inagotable la discusión sobre si los servicios públicos son más o menos eficientes según sean administrados por el Estado o por la empresa privada.
Pero la privatización del sector eléctrico no se basa en consideraciones caprichosas de nadie, ni en imposiciones de los organismos financieros internacionales, como aseguran las personas que tienen un pensamiento de izquierda sobre la función del Estado, la empresa privada y los servicios públicos. La privatización del sector eléctrico se funda en principios básicos de administración pública: mejorar la calidad y confiabilidad del servicio; reducir las interrupciones hasta hacerlas desaparecer (salvo por las llamadas razones de fuerza mayor: terremotos, huracanes, etc.); ampliar la cobertura y llevar la electricidad y la luz artificial hasta los sectores marginales de las ciudades y áreas rurales; y transferir la responsabilidad de la inversión del sector público al privado.
Hay que detenerse un poco en este último punto, porque precisamente la crónica escasez de recursos económicos del Estado para la inversión pública, y la demanda gigantesca de capital y tecnología avanzada en las instituciones de servicios que han sido llevadas a la quiebra y la obsolescencia por las administraciones estatales, es la motivación más fuerte para la privatización de las empresas de generación y distribución de electricidad.
Con el Estado quebrado de los años noventa después de la experiencia desastrosa —en todos los ámbitos— del régimen sandinista, y con un Instituto Nicaragüense de Electricidad (INE) todavía más quebrado e ineficiente que el mismo Estado en su conjunto, la única posibilidad que había para comenzar a normalizar el servicio eléctrico era la privatización. Por eso fue que la mayor parte de la distribución de electricidad le fue concedida a la empresa transnacional de base española, Unión Fenosa, la cual, ya para el año 2003 había alcanzado un nivel de distribución de 1,659 gigawatios y tenía 515,775 clientes en un área de más de 52,000 kilómetros cuadrados, según los datos que se dan a conocer en la página web de dicha empresa.
En todo caso, nadie puede negar que después de la privatización del sector eléctrico se terminaron los racionamientos eléctricos y apagones. Y además, el aumento en las tarifas no fue excesivo, a pesar del sensible mejoramiento del servicio y no obstante que la empresa concesionaria nunca pudo resolver el grave problema del robo de energía, por falta de apoyo de las instituciones del Estado para combatirlo.
La crisis en el servicio de energía eléctrica comenzó hasta después de que la privatización ya había demostrado que era muy superior a la administración estatal. Realmente, la crisis comenzó después de los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001, y sobre todo a partir de la guerra de Estados Unidos en Irak que dio pretexto a los países productores de petróleo para subir incesantemente los precios del crudo, del que depende la generación eléctrica en Nicaragua debido a la imprevisión de todos los gobernantes que se han turnado en el poder.
Reconocer objetivamente las causas reales de la crisis energética es indispensable para poder encontrar e implementar los medios adecuados para enfrentarla, o al menos para aliviarla. Las propuestas de volver a la estatización eléctrica y depender de la “generosidad” de un jeque petrolero suramericano, equivalen a regresar a un pasado que ahora sería peor.
