Róger Vega Rodríguez
Toda decisión tiene per se beneficios y costos. Lo que se persigue siempre, si se es racional, es maximizar el beneficio neto de la decisión, que como tal implicará realizar acciones coherentes con sus objetivos. La decisión que enfrenta hoy día Nicaragua —más bien los legisladores— sobre si ratificar el DR-Cafta o no, también tiene beneficios y costos. En general, un TLC es un acuerdo de intercambio de bienes y servicios entre los firmantes, que supone condiciones que beneficien a las partes, siendo esto así, debe en el tratado establecerse “medidas” de naturaleza comercial y económica que lo rijan, en cuanto a qué productos comerciar, cuánto, con qué características técnicas, por cuánto tiempo, así como los impuestos, subsidios, cuotas, tarifas, que serán aplicados a las importaciones, exportaciones, al consumo o a la producción. En sí, el tratado comercial es complejo, pues intervienen muchas variables micro y macroeconómicas. Como toda decisión debe ser evaluada, pero evaluar de previo y detalladamente un tratado es una tarea “costosa”. La experiencia de los países latinoamericanos que han suscrito tratados con Estados Unidos, como México y Chile, podría ser tomada como evidencia de que el beneficio neto es positivo.
En Nicaragua, de acuerdo con la dinámica que ha tomado la discusión sobre este tema, hay sectores que tan sólo ven los costos del tratado, principalmente los productores agrícolas, poco tecnificados y por lo tanto poco competitivos, y hay otros que por su lado ven sólo los beneficios, aduciendo el mayor empleo como el principal beneficio, debido a las mayores inversiones producto del tratado. Un tratado comercial permite eventualmente acceder a más productos, que no son producidos en el interior del país o que son producidos con altos costos, originándose de esto las importaciones —el beneficio es el mayor consumo y el costo es el uso de divisas— y permite también producir y vender productos en los que el país tiene ventajas comparativas, se es competitivo, es decir se produce más barato, y por lo tanto se exporta, siendo el beneficio la mayor cantidad de divisas que ingresan al país y los costos, pues los incurridos para producir. Éstos son los beneficios y costos más importantes del tratado, por el lado de los consumidores y productores, se desea que el efecto neto sea positivo.
Los productores nacionales tienen razón cuando reconocen que no son competitivos en algunos productos. Sin embargo, no serlo no implica decir no al tratado. La competitividad no es algo abstracto, inalcanzable. Todo lo contrario, es concreta y al final de cuentas significa producir un bien o servicio, de calidad —de acuerdo con algún estándar— y al mínimo costo. Esto requiere de know how, de infraestructura tecnológica, de recurso humano calificado, del acceso a recursos financieros “baratos”, de estabilidad socioeconómica y política. Los productores nacionales y la nación como un todo deben dedicar sus energías a estos aspectos. La discusión actual debe girar en torno a como ser más competitivos y maximizar los beneficios del tratado. Es una oportunidad que debe aprovecharse, la manera de mejorar es imponiéndose el reto de hacerlo y no esperar a firmar acuerdos de este tipo hasta cuando “estemos listos”.
La agenda mínima de discusión debe incluir: (i) el acceso a préstamos “baratos” —que no es lo mismo que un Banco de Fomento, alrededor del cual hay tantos “fantasmas” y malos recuerdos, (ii) una estrategia integral de formación de capital humano, pertinente a la demanda laboral de los inversores potenciales, (iii) la transferencia de tecnologías e innovación tecnológica, (iv) un marco legal consistente y (v) el debido respeto a la institución de las leyes. Los últimos dos puntos son un componente importante, que tiene que ver con la percepción que se tiene en el exterior del país. ¡Un componente que al final de cuentas cuesta mucho, pues puede alejar o atraer inversiones!
El autor es Ingeniero, con especialidad en Evaluación Económica de Proyectos en la Pontificia Universidad Católica de Chile.
