Marcos Carmona Rivera
Los magistrados y los jueces del Poder Judicial se vanaglorian del proceso de profesionalización de la carrera judicial. Sin duda alguna la carrera judicial no garantiza la independencia de la magistratura.
Desde el mismo momento en que un juez depende de un magistrado y éste obedece ciegamente las órdenes del partido que lo llevó a ese Poder del Estado no se puede hablar de justicia en Nicaragua. Nuestra Corte Suprema de Justicia está, básicamente, dividida en dos bancadas políticas: FSLN y PLC.
Estos poderes están viciados desde raíz y ameritan ser derribados. Sus miembros son elegidos desde los cuarteles generales del FSLN y PLC. La justicia ha sido convertida en un bazar donde abogados, magistrados, jueces, políticos, funcionarios, ricos y caudillos manipulan a su antojos las decisiones judiciales.
Las sentencias generalmente no están apegadas a derecho. Todo lo contrario, el derecho no juega ningún papel en las decisiones que adoptan los hombres de togas y birretes a la hora de impartir justicia. Los derechos de los pobres siempre son pisoteados. En ese templo de injusticia lo que predomina es la influencia, el dinero y el partido político.
Los magistrados de la Sala Constitucional fallaron tres polémicas sentencias que reconocen las reformas constitucionales, que legalizan la Superintendencia de Servicios Públicos, aprobada por la Asamblea Nacional sin tomar en cuenta un acuerdo con el Ejecutivo, y le devolvió a Alemán el Régimen de Convivencia Familiar, que había sido suspendido por magistrados sandinistas. Sin embargo, ahora tres magistrados de la Sala Constitucional se han ausentado para permitir que sus colegas liberales aprobaran los controversiales fallos.
La decisión de la Corte Suprema de Justicia no extraña a nadie. Era de esperarse que los magistrados actuaran en contra de la ley y obedeciendo a sus amos Ortega y Alemán. Esas sentencias no tienen ningún antecedente jurídico, sino simplemente político. Obedecen a los caudillos. Las palabras que se escuchan en la calle son caos e inestabilidad. Los empresarios, por un lado, expresan opiniones alarmistas al decir que los inversionistas nada más llegar a Managua abandonan el país al ver la turbulencia política.
Muchos se preguntan que ganó Nicaragua con la liberación de Alemán. Por otro lado, se abre un nuevo capítulo de crisis y forcejeo político en la Sisep. Entretanto, el presidente Enrique Bolaños salió al paso a las palabras del liberal Manuel Martínez, rechazando esas resoluciones, pero dejando entrever que acatará los fallos siempre y cuando Ortega explique su conducta y revise las dos sentencias polémicas. Esto hace pensar que el diálogo se aleja del país y abre un largo impasse, más aún cuando Ortega deja entender que la crisis se puede resolver únicamente con las elecciones presidenciales. Me pregunto, ¿hasta dónde piensan Ortega y Alemán llevar el país?
El autor es Administrador de Empresas.
