Humberto Antonio Miranda [email protected]
Uno de los componentes de la reforma del Estado es la transformación del sistema del empleo público, lo que se ha denominado Servicio Civil y de Carrera. Estas reformas ¿qué implicaciones tienen? Se parte de la premisa que son necesarias porque el Estado constituye la máxima instancia de articulación de las relaciones sociales. Pero las implicaciones a tales acciones de reformas están directamente relacionadas con el entorno institucional, el sistema político-administrativo, el marco jurídico y la idiosincrasia de todos aquéllos que son parte de la administración pública. Por tanto, plantearse la necesidad de una reforma del empleo público requiere investigación y un análisis cientista social que proporcione insumos para la consecución de políticas que garanticen que el Servicio Civil y de Carrera cumpla con su objetivo, que es la existencia y protección de una administración pública profesional, fundamentada en un sistema de mérito y de búsqueda de mejoras en la prestación de los servicios públicos y no en el clientelismo político o padrinazgo.
En Nicaragua, la Ley No. 476 del Servicio Civil y de la Carrera Administrativa fue aprobada por la Asamblea Nacional el 19 de noviembre; publicada en diciembre del 2003; y reglamentada por el Decreto Presidencial No. 87-2004. Esta ley, después de un anteproyecto de ley con 25 versiones, logró ser aprobada en una situación polémica y controversial, que actualmente investigo. El proceso de diseño de la ley es un indicativo de que las reglas del juego planteadas en la ley estaban siendo muy discutidas por actores tales como los sindicatos, las bancadas de los partidos políticos con presencia en la Asamblea Nacional y las propuestas del Poder Ejecutivo. ¿Por qué? La respuesta amerita identificar intereses, ganancias y pérdidas que les reportan a cada uno de los actores involucrados. Desde el punto de vista técnico el régimen de Servicio Civil y de Carrera Administrativa pretende separar a la burocracia de la élite política; teniendo siempre en cuenta que la burocracia es dirigida y controlada por la política, es decir, por aquéllos que fueron elegidos por la ciudadanía en un sistema democrático. De cara a este planteamiento es importante conocer el ámbito de aplicación de la Ley que permite identificar la línea divisoria; entre funciones profesionales y funciones políticas de la administración pública.
¿Es suficiente la existencia de una Ley de Servicio Civil y de Carrera Administrativa para garantizar la eficiencia de la administración pública? Las garantías de funcionamiento del Servicio Civil no son predominantemente jurídicas. La implementación de un régimen de Servicio Civil y de Carrera Administrativa requiere de un análisis de factibilidad, que permita conocer cuáles son las restricciones a las que hay que diseñarles mecanismos, es decir, acciones, estrategias, para que efectivamente se disponga de una burocracia profesional. Otro aspecto vital a considerar es el apoyo que los actores políticos brindan al proyecto de reforma.
El autor cursa la Maestría en Gobierno y Asuntos Públicos en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), México D.F., y realiza la investigación sobre el Proceso Político de aprobación del régimen del Servicio Civil y de Carrera Administrativa en Nicaragua.
