Douglas Carcache
Si tres leyes prohíben de forma expresa el cobro de la propina en las facturas de los restaurantes nicaragüenses, es ilógico que instituciones del Estado aleguen que hacen falta quejas de los afectados para que ellas actúen contra los negocios que violan las normas.
Así como la Dirección General de Ingresos (DGI) se preocupa por inspeccionar que en los restaurantes recauden el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y que le entreguen facturas a los clientes, también debería de vigilar que a los consumidores les cobren lo justo, sin hacerles recargos ilegales como la propina, que ha representado el 10 por ciento de la factura.
Tan importante son los impuestos para el Estado, como la expansión del consumo para los negocios; pero las imposiciones ilícitas alejan a los clientes en vez de atraerlos y, al final, los mismos empresarios serán afectados.
La exigencia de la propina debería alertar, incluso, a los inspectores del Ministerio del Trabajo (Mitrab) porque ha sido usada por dueños de restaurantes para financiar sus negocios, en el sentido de que la usan como complemento de salario para sus empleados (meseros, cocineros y barrenderos, entre otros).
Los contratan con una paga básica inferior al salario mínimo establecido por el Mitrab y les prometen un ingreso superior en dependencia del monto global de las propinas de la semana o del día, que reparten entre los trabajadores del restaurante.
O sea que los clientes que llegan a almorzar o cenar, además de pagar por las comidas y bebidas que consumen, cubren parte del salario del mesero, del cocinero y del que lava los platos, aminorándole los costos de operación al empresario. Si la factura es de 500 córdobas, le quitan 50 córdobas; pero si fue de 1,500 córdobas, le sacan 150 córdobas sólo en propina.
Así ha sido hasta hoy porque ninguna institución del Estado se ha interesado en proteger de oficio a los consumidores, a pesar de que hay leyes que lo exigen. Si fuera al revés, que el consumidor se resistiera a pagar un impuesto, cuidado y lo echan preso de inmediato. En cambio, cuando se trata de que al cliente le roban, el Estado se queda impasible, esperando denuncias, como dudando de que haya ocurrido el atraco, aunque en muchas facturas está muy claro el cobro ilegal de la propina y sólo basta inspeccionar los mismos documentos en que buscan las retenciones del IVA.
El Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur) es, quizás, la entidad más obligada a demandar la aplicación de la ley contra el cobro obligatorio de la propina en los restaurantes, porque una imposición de este tipo también incomoda a los turistas extranjeros que, si van al resto de países de Centroamérica, se percatarán de que hasta el IVA es inferior al de Nicaragua (15%).
El gobierno de Nicaragua es el único de Centroamérica que cobra por entrar a su territorio (cinco dólares) a los turistas que vienen de países fuera del istmo centroamericano; y además ha permitido que le graven el consumo a los visitantes con el 25 por ciento (IVA + Propina).
