Fernando José Bárcenas Molina*[email protected]
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Ley de emergencia energética agravaría crisis
Fernando José Bárcenas Molina*
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“Lo malo, si se cree bueno, es pésimo”.
El Parlamento por medio de un anteproyecto de ley de emergencia energética ha puesto en la agenda del día la necesidad urgente de enfrentar la crisis provocada por los altos precios del petróleo, que no sólo contrae aún más nuestra economía, sino que desde ahora mantiene al país al borde del racionamiento eléctrico.
Sin embargo, el proyecto de ley en sus partes medulares agrava la crisis.
En primer término, la política de energía no la traza el Parlamento, sino especialistas en planificación energética, que asignan los recursos disponibles escasos de acuerdo a costos de oportunidad.
Recursos privados para el Plan Energético, en una economía de mercado.
Cuando el Estado no puede aportar los recursos que requiere el plan energético, en la sociedad moderna los fondos privados provienen de las utilidades o de los préstamos conseguidos en los mercados financieros, que toman sus decisiones de inversión por análisis de riesgo y costos de oportunidad.
El inversionista valora más el dólar que va a invertir que el dólar que espera ganar. La utilidad que espera el inversionista en el sector energético es, por lo menos, igual al valor que renuncia al dejar de invertir en otro ámbito.
Los costos variables y los costos marginales.
La microeconomía establece que la asignación óptima de los recursos de la sociedad se consigue cuando el precio del producto iguala al costo marginal. La ley de emergencia propuesta, en cambio, contempla que el precio en el Mercado de Ocasión para cada generador sea su costo variable. Lo cual, precisamente, de acuerdo a las leyes del mercado, define el punto de cierre de las empresas; es decir, iremos con toda seguridad, en virtud de esta ley, al desabastecimiento energético cuando el precio iguale el costo variable para todos los generadores.
No se puede esperar que aumente la competitividad en la industria eléctrica si una tecnología eficiente no reporta una utilidad mayor al productor. Con esta medida, además, se castiga al generador eficiente. El modelo a diseñar, por el contrario, debe estimular el incremento de la productividad y de la producción.
Costos fijos y variables.
La oferta considera los costos fijos y variables del producto eléctrico. La ley propuesta, de manera confusa contempla pagar también la potencia en el Mercado de Ocasión, de acuerdo al precio monómico que cada generador tiene con Unión Fenosa (más un 10 por ciento). Pero, de esta forma tampoco se hace sostenible el nuevo modelo. Primero, porque el análisis coyuntural de negociación de un contrato no es regla para definir permanentemente el precio de una unidad generadora adicional.
En segundo término, hay generadores, viejos y nuevos, que no tienen contratos con Unión Fenosa. Se requiere, también, un justo equilibrio entre el Mercado de Contratos y el Mercado de Ocasión.
A medida que crece el número de grandes consumidores que compran potencia y energía en el mercado mayorista, probablemente empeora el factor de carga del distribuidor (ya que su curva de demanda se ve más influenciada por los clientes residenciales), y estará obligado a vender más energía excedente en el mercado de ocasión.
Pero, con la ley que pretende que Unión Fenosa contrate el ciento por ciento de su demanda, se conseguirá que la energía excedente que le pertenece a Unión Fenosa sea extraordinariamente más grande que lo que es ahora, y que deba venderla al costo variable del generador (cuando probablemente la ha pagado más cara por contrato).
Entonces, si toda la demanda de Unión Fenosa debe estar contratada, ¿para qué se ha tenido que distorsionar, con la nueva ley, el mercado de ocasión?
Inversión del INSS en el sector hidroeléctrico.
Se exige que el INSS invierta 45 millones de dólares en hidroelectricidad. Una planta hidroeléctrica con embalse requiere una inversión considerable, con un factor de planta de 0.3, influido por la estacionalidad del aporte hídrico. Es decir, su impacto monómico en tarifa probablemente es mayor que el de una térmica (ya que se tiene que pagar un costo de potencia inmenso, con poca energía).
En conclusión, se requiere incrementar la eficiencia y estabilidad de precios en nuestro sistema energético.
—En primer término, se deben crear facilidades con urgencia para el desarrollo del proyecto geotérmico de San Jacinto Tizate, con 66 MW de generación renovable a precios constantes, que produciría un ahorro de 14.5 millones de dólares anuales para la tarifa de Unión Fenosa.
—El distribuidor debe atraer de inmediato inversionistas que reduzcan el precio medio de compra, por medio de contratos con generadores eficientes, que no utilicen combustible fósil.
—El CNDC debe gestionar la compra de toda la energía barata en el Mercado Eléctrico Regional, que disminuya el impacto de los generadores térmicos.
—Se debe resolver la dificultad que ha sacado de operación a GEOSA, de manera que no sigan marcando precio en el mercado de ocasión los generadores más caros.
—Se debe exigir a la Comisión Nacional de Energía la elaboración de un Plan Maestro de Desarrollo Energético con un horizonte de treinta años.
* El autor es ex Presidente del Consejo de Operación del Mercado Eléctrico de Nicaragua
