- Vocero presidencial cataloga de “transacción bancaria” la decisión de la comisión legislativa
- Monjarretz aduce que Ortega “está abonando” a la excarcelación del reo Arnoldo Alemán
Ludwin Loáisiga Ló[email protected]
La comisión legislativa que investiga a algunos ministros acusados de haber cometido delitos electorales, dictaminó ayer que el plenario de la Asamblea Nacional proceda a desaforarlos.
Los tribunales investigan supuestas violaciones a la Ley Electoral en lo relativo al financiamiento de la campaña electoral del hoy presidente Enrique Bolaños, durante los comicios presidenciales del 2001.
El parlamento, controlado por liberales y sandinistas opuestos a Bolaños, conformó a solicitud judicial, dos comisiones: una para dictaminar el desafuero o no de los funcionarios del Gobierno central, y otra para dictaminar sobre el desafuero del propio mandatario.
Lilliam Morales Tábora, presidenta de la primera comisión, explicó ayer que el equipo de campaña del entonces candidato presidencial Enrique Bolaños, durante las elecciones del 2001, no reportó algunos depósitos a las autoridades, abrió cuentas en bancos que no pertenecen al Sistema Financiero Nacional y además no se determinó el origen de los fondos.
En total, de acuerdo a los miembros de la comisión, durante la campaña electoral no se reportaron ocho millones de dólares y otros doce millones de córdobas.
“Hubo ocultamiento repetido de la información por parte de los distintos funcionarios convocados, no se supo exactamente de dónde provenían los aportes anónimos, hubo desconocimiento en relación al origen de los fondos”, dijo la diputada sandinista Alba Palacios.
SEIS DICTÁMENES
Seis fueron los dictámenes emitidos, uno desfavorable para cada una de las siguientes personas: Julio Vega, ministro de Gobernación; Arturo Harding, ministro del Ambiente; Fausto Carcabelos, viceministro de Hacienda; Miguel Ángel García, ministro de Educación; y los empresarios Leonardo Somarriba y Mario Salvo.
La comisión incluyó a la ex viceministra de Educación, Vilma Rosa León-York, entre las personas supuestamente implicadas, de la cual estableció que no goza de inmunidad.
Hoy introducirán ante la primera secretaría del parlamento los dictámenes y se espera que cuando los diputados retornen de sus vacaciones, en septiembre, se discutan las resoluciones de la comisión especial de desafuero.
TRANSACCIÓN BANCARIA
El vocero presidencial Lindolfo Monjarretz calificó como una “transacción bancaria” los dictámenes de la comisión de desafuero.
“Es como una transacción bancaria: el comandante (Daniel) Ortega es deudor del ex presidente (Arnoldo) Alemán y por lo tanto tiene que pagar esa deuda, abonando por la libertad del ex presidente Alemán”, arguyó Monjarretz.
Según su razonamiento, ahora liberales y sandinistas obligarían a negociar al Gobierno la excarcelación de Alemán.
Vega, en declaraciones que ofreció al Canal 2 de televisión, ratificó que la posición del Ejecutivo es que los dictámenes de la comisión responden a una persecución política. “Es meramente política, allí están los intereses del PLC, de Arnoldo Alemán y del Frente Sandinista, Daniel Ortega”, dijo.
MORALES NIEGA NEGOCIACIONES
Lilliam Morales Tábora, presidente de la Comisión de Desafuero de varios funcionarios de Gobierno, negó que los dictámenes obedezcan a negociaciones políticas de liberales y sandinistas para obligar al Gobierno a negociar la libertad del reo Arnoldo Alemán.
El diputado de la bancada Azul y Blanco, Alfredo Gómez Urcuyo, fue el único miembro de la comisión que no firmó los dictámenes, alegando que no existen pruebas contundentes en contra de los funcionarios investigados.
Las cuentas no reportadas, de acuerdo a la comisión, son las número 1113; 0963; 6825; 8627 (todas del Saint George Bank, de Gran Caimán); así como las 9912 y 8681.
HOY FIRMAN OTRO DICTAMEN
La presidenta de la comisión que investiga al presidente Enrique Bolaños, la diputada sandinista Mirna Rosales, dijo que hoy se firmará el dictamen en torno a ese caso. Por otra parte, Fausto Carcabelos, viceministro de Hacienda, dijo anteriormente en un comunicado que no reconocería un dictamen que solicitara la supresión de su inmunidad, por ser los liberales juez y parte.
