Ana Murillo Argüello
El 23 de diciembre de 1994, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió que el 9 de agosto de cada año se celebrara el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, conjuntamente con el Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo.
Esta fecha recuerda el día en que se celebró la primera reunión del Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones Indígenas de la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos. Según el objetivo del Decenio Internacional es fortalecer la cooperación para solucionar los problemas que enfrentan las poblaciones indígenas en todo el mundo con respecto a los derechos humanos.
La población nicaragüense es multiétnica y pluricultural y así lo reconocen la Constitución Política, las leyes y decretos nacionales e internacionales, en los que se determina que los pueblos indígenas y comunidades étnicas del Pacífico, Norte y Centro del país tienen su propia identidad, expresiones organizativas, territorios, cultura, lenguas y costumbres.
Pero una de las grandes incógnitas es que las leyes se dicen que se cumplen de igual manera para todos, entonces ¿por qué por mucho tiempo las tierras de los pueblos indígenas les han sido arrebatadas, sus culturas denigradas o directamente atacadas, sus lenguas y costumbres suprimidas, su sabiduría y conocimientos tradicionales pasados por alto o explotados y sus maneras sostenibles de desarrollar recursos naturales, rechazadas? Algunos incluso han enfrentado la amenaza de la extinción.
Me pregunto, ¿se reconoce y se defiende en toda su magnitud el artículo antes mencionado? El Gobierno nicaragüense ha luchado contra la pobreza, pero queda aún el desafío de llegar a la pobreza extrema en áreas indígenas aisladas, Regiones Autónomas del Atlántico Norte y Sur, a las cuales tradicionalmente ha sido difícil brindar ayuda debido a un sinnúmero de situaciones, entre ellas el aislamiento geográfico de estas áreas, el desconocimiento de las estructuras sociales, jerarquía de autoridad tradicional, la ausencia histórica de planes de proyectos y el alto costo de proyectos por ejecutar en estas zonas geográficamente aisladas.
Recordemos los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas: paz, desarrollo y derechos humanos y reafirmemos nuestra determinación de ampliar el círculo de la solidaridad para los pueblos indígenas a fin de que estos principios se pongan en práctica en todas las partes del mundo.
En Nicaragua existen organismos que actúan en pro de los derechos de las personas y que de una u otra manera están pendiente de las principales violaciones de derechos humanos de los pueblos indígenas y de la sociedad en general. Entre estos organismos están: el Programa de Fortalecimiento Institucional de la RAAS y RAAN, la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, entre ella, la Procuraduría Especial de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas para la Defensa de los Derechos Humanos (PEPICE- PDDH), el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y la Fundación para la Autonomía y el Desarrollo de la Costa Atlántica de Nicaragua.
Estos organismos de una u otra manera han estado vigilando y defendiendo las principales violaciones de derechos humanos en base a la Constitución Política, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de sus instrumentos jurídicos, como la Carta de las Naciones Unidas, Convenio Internacional sobre todas las formas de Discriminación, Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, Declaración de Conferencia Mundial de los Derechos Humanos sobre el Programa de Acción de Viena, No. 28 y No. 40, sobre la Autonomía Municipal y el Derecho Consuetudinario que rige el accionar y costumbre de la Costa Caribe, entre otros.
En este día hago un llamado al Gobierno, a las organizaciones intergubernamentales y la sociedad civil para trabajar y dar más poder a los pueblos indígenas y asegurar su participación en decisiones que afecten su vida.
La autora es Relacionista Pública de la CPDH.
