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Protestas y problema del transporte
Los “sectores sociales” que obedecen las orientaciones del sandinismo orteguista, anunciaron que esta semana harán nuevas movilizaciones callejeras, sin descartar el uso de la violencia, en “protesta” por los malos caminos rurales, el DR-Cafta, la tarifa del transporte colectivo en Managua, etc.
Al respecto algunas personas democráticas consideran que las perturbaciones sociales y los cuantiosos daños materiales que suelen causar las “protestas” violentas, en última instancia resultan positivas porque el sandinismo orteguista se desprestigia políticamente y se desgasta socialmente. De manera que aumenta el rechazo de la población a la figura de Daniel Ortega y a sus pretensiones de volver a ser Presidente de Nicaragua.
En realidad, es cierto que por su sempiterna afición a la violencia el sandinismo orteguista aumenta su desprestigio entre la ciudadanía honrada, trabajadora, lúcida y democrática de Nicaragua, que es la mayoría de la nación. Pero la zozobra ciudadana, los daños a la propiedad pública y privada y las pérdidas en la actividad industrial y comercial que causan las protestas violentas del sandinismo orteguista, son peores que el dividendo que significa su desprestigio entre la población democrática del país.
Lo mejor para Nicaragua —inclusive para el mínimo 5.8 por ciento de nicaragüenses que según reveló la última encuesta de M&R Consultores, publicada en la edición de ayer de LA PRENSA, apoya los tranques de calles y carreteras, las quemas de autobuses y otras protestas violentas con las que de nuevo está amenazando el sandinismo orteguista—, sería que los problemas antes mencionados y todos los demás que hay en Nicaragua, se pudieran resolver de manera civilizada, negociada y pacífica, o sea por medio de acuerdos consensuados a base de lo que es posible hacer, y no por imposiciones ni chantajes de ninguna de las partes en conflicto.
Por ejemplo, el precio de los pasajes en el transporte colectivo no se puede determinar simplemente por lo que quieran los transportistas, pero tampoco por lo que decidan burocráticamente las autoridades municipales y el Gobierno Central. El precio de los pasajes en el transporte colectivo —como el de cualquier mercancía o servicio—, se establece de conformidad con sus costos de operación, que a su vez son determinados por los precios del combustible y sus derivados, la depreciación de las unidades y sus refacciones y repuestos, el salario de los trabajadores, el pago de los impuestos y un margen razonable de ganancia para los empresarios.
Los transportistas, la Alcaldía de Managua y los ministerios de Hacienda y Transporte deben saber cuales son los costos reales del transporte público. Por lo tanto, ellos no pueden determinar las tarifas “al bolsazo” ni hacerlas objeto de regateo político. Si el precio real del pasaje, de conformidad con los costos de operación del transporte, es el actual de 2.50 córdobas como aseguran transportistas independientes; o si debería ser de 3.00 ó 3.50 córdobas por persona, eso se tiene que determinar por la estructura de costos y no por un acuerdo político o una decisión burocrática. Y si el precio real resulta oneroso para la población, lo lógico es que se busque cómo reducir los costos, establecer el sistema diferenciado de transporte, liberar el transporte o aplicar un razonable subsidio estatal.
El subsidio estatal se utiliza en muchas partes del mundo, pero como un recurso excepcional y sólo para favorecer a la población que no puede pagar el costo real del servicio de transporte público. El subsidio no debe ser para beneficio de los transportistas, aunque chantajeen con la amenaza y con el uso de la fuerza y la violencia. Si de común acuerdo se determina que es necesario aplicar el recurso del subsidio, éste debe implementarse de manera que sean los usuarios los directamente beneficiados y debe ser sometido a un control riguroso, a fin de que los transportistas no lo usen mañosamente para aumentar sus ganancias.
La misma experiencia de Nicaragua demuestra que los subsidios, cuando son indebidamente otorgados y se permite que sean manejados sin control de ninguna clase, se constituyen más bien en focos de corrupción y arbitrariedad. Por eso es que el subsidio sólo ha servido para fortalecen a un grupo económico-político monopolista sin escrúpulos, que usa la violencia callejera para imponerse e impedir la modernización del servicio público, el beneficio de los usuarios y el progreso de la nación.
