Mauricio Díaz D.
América Latina está viviendo desde hace un cuarto de siglo una lucha por la democracia y el liberalismo económico, luego de experiencias fallidas en los campos de la política y la economía, de la década del Cepalismo y la década perdida. Nuestras naciones intentan, en medio de grandes dificultades, demostrar que la mejor forma de organizarnos es la basada en la libertad y la democracia, hecho puesto a prueba en casi todos los países del continente. Por diversas razones nuestros pueblos se encuentran atrapados en el círculo de la pobreza, y la aplicación de medidas de ajuste económico no produce aún los tan necesarios cambios en los indicadores socio económicos. La democracia sobrevive en medio de la indigencia más como una alternativa irremediable que como una esperanza de futuro, lo cual está poniendo a prueba la fortaleza de sus valores en realidades político-ambientales de hostilidad y distorsión.
A pesar de las dificultades que atravesamos, un nuevo fenómeno recorre nuestro continente en la búsqueda del paradigma que concilie libertad con desarrollo y equidad. Es un paradigma difícil y complejo de encontrar en medio de las enormes desigualdades que caracterizan a nuestras naciones.
En el centro de las tragedias y los desencantos los pueblos no parecen resignados a quedarse en las medias tintas de sus aspiraciones, y así como se exige más oportunidades, más democracia y mayores espacios para el ejercicio de la libertad, así también los pueblos demandan democracia interna en los partidos políticos, que acerquen más al votante con el votado, y que el rol de sociedades intermedias de las organizaciones partidarias se cumpla a cabalidad.
Ese rol requiere que los partidos ejerciten la democracia entre ellos y al interior mismo de ellos, pues ése es el motor fundamental para su propia renovación y reproducción. Lo otro nos lleva irreductiblemente al autoritarismo y a la dictadura partidaria, por ello la demanda de elecciones primarias se convierte en piedra angular del futuro político institucional en nuestro país.
Nicaragua está pasando en estos precisos momentos por la coyuntura de las definiciones estratégicas sobre su “modelo” democrático y sistema de partidos políticos. Es de sobra conocida la crisis de credibilidad de los partidos políticos, producto del abuso en el manejo de la representatividad, y del adulterio en el uso de las franquicias institucionales, lo que ha venido degenerando en prácticas que han alimentado el caudillismo y el clientelismo, cuyas últimas expresiones lo constituyen la caída de gobiernos legítimos, pues además los pueblos, hastiados de las crisis, han tomado las calles sin utilizar los medios de intermediación naturales.
En Nicaragua se están poniendo a prueba no sólo los valores y principios de la democracia sino la defensa colectiva del sistema interamericano cuyo fundamento es la democracia representativa. Pero además y muy especialmente, están naciendo desafíos por la necesidad de entendimiento entre los partidos políticos y la sociedad civil organizada, tema éste crucial para dar saltos de calidad en la necesaria coordinación entre ambos.
Los partidos políticos, en tanto representantes de los ciudadanos deben democratizarse permanentemente y alimentarse de la savia que genera una sociedad civil emergente y beligerante, no sustitutiva de las colectividades partidarias, pues eso significaría la desnaturalización de ese hermoso y novísimo fenómeno democratizador. El mayor desafío de los partidos políticos es asumir conductas inclusivas versus los patrones tradicionales de exclusión y marginalidad contra el adversario, lo cual pasa por hacer respetar la institucionalidad, las normas y las leyes.
Es la asignatura pendiente de nuestra clase política: poner en práctica lo que se predica con suma facilidad.
El autor es miembro del Partido Social Cristiano
