María José Uriarte [email protected]
El presidente del Partido Conservador (PC), Mario Rappaccioli, afirmó que están de acuerdo con la resolución de la Dirección de Atención a Partidos Políticos, que les manda a actualizar sus juntas directivas a nivel nacional. Sin embargo, anunció que apelaron la orden de reintegrar a los ex directivos denominados “lilas”.
Los llamados “lilas” —verdes más rojo— son: Yalí Molina, Ariel Granera, William Báez, Jaime Arellano, Alfredo Hernández y Alejandro Ruiz Jirón.
Rappaccioli señaló que presentaron ante el Poder Electoral, vídeos y artículos periodísticos en los que se constata que los “lilas” renunciaron a la junta directiva de la organización política, en el marco de un cisma interno que se presentó al expresar su respaldo al candidato del PLC, en ese período, Enrique Bolaños.
El director de Atención a Partidos Políticos del Consejo Supremo Electoral (CSE), Julio Acuña, informó que entre los documentos requeridos al PC, al solicitar éstos una certificación de autoridades, no se incluyó la supuesta renuncia de los ex directivos, aspecto que fue analizado por los directivos conservadores en una sesión el 20 de julio del 2001, según consta en acta notariada, para elegir a sus sustitutos.
No obstante, los mencionados declararon ante esa Dirección, que ellos nunca renunciaron al PC, y la actual directiva no presentó esa documentación, sino los informes periodísticos con fecha siete de septiembre del 2001, en los que se señala que los sustituyen.
Para Acuña, un elemento de incongruencia son las fechas en la que se celebró la sesión para sustituirlos y la publicación de la renuncia de los “lilas”.
Dijo que aunque esas personas hubiesen sido expulsadas del PC, se tenía que presentar un acta y no lo hicieron, mucho menos la que contuviera sus renuncias, aceptación de parte del Consejo Nacional, y la notificación a las partes.
LA APELACIÓN
En la apelación, los conservadores enfrentados a “los lilas” incluyen en la expresión de agravios que no aceptan que se les obligue a incluir en su junta directiva a personas que renunciaron públicamente a sus cargos directivos. También señalan que éstos se pusieron a la orden de un partido diferente, a favor del cual hicieron campaña proselitista, gozando la mayoría de ellos de cargos debidamente remunerados, sin haber solicitado autorización al partido, como se establece en el artículo 8, y sin efectuar la debida cotización al PC.
Señalan que de acuerdo a consultas realizadas, sobre la resolución emitida por Acuña, ésta constituye “un manifiesto abuso de autoridad”, porque sus funciones no pueden extenderse a dictar resoluciones como la que han recurrido.
El funcionario electoral por su parte, aclaró que no primó ningún sesgo político en la resolución de desconocer a los actuales directivos del PC, sino que se basaron en una serie de inconsistencias contenidas en el expediente de esa organización política.
Acuña explicó que en la documentación requerida a la organización política, ante la solicitud de certificación de autoridades, iniciaron el proceso de obtener la información pertinente; y al analizarla apegado a los estatutos del partido y la Ley Electoral, se determinó que debían actualizar a sus autoridades nacionales, departamentales y municipales, ya que llevan 60 meses sin elegir, por lo que ya no tienen vigencia.
El pasado dos de agosto, la Dirección de Atención a Partidos Políticos emitió una certificación, en la que ratifican doce directivas departamentales, a excepción de las Regiones Autónomas Atlántico Norte y Sur, Jinotega y Rivas, por diferentes aspectos.
A ELEGIR
De acuerdo a Julio Acuña, director de Atención a Partidos Políticos del Poder Electoral, las actuaciones de Mario Rappaccioli en la toma de decisiones del Partido Conservador, son legales, porque él fungía como primer vicepresidente cuando se registraron los cambios. Ahora deben elegir nuevas autoridades.
