Gabriel Álvarez Argüello
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¿Desafuero o desviación de poder?
Gabriel Álvarez Argüello
El proceso de desafuero al que están siendo sometidos el presidente Bolaños y algunos de sus colaboradores plantea, para variar, serios desafíos al Estado de Derecho y a la democracia en Nicaragua.
Pareciera que en el referido proceso se están contraponiendo importantes valores y principios vertebradores de todo el sistema jurídico-político en su conjunto. Por un lado, la probidad administrativa y la obligación de los funcionarios públicos de responder ante el pueblo por su correcto desempeño; y por otro, los principios de legalidad, de igualdad y de interdicción de la arbitrariedad.
Efectivamente, tanto el Presidente de la República como cualquier otro funcionario estatal están obligados a comparecer ante la Asamblea Nacional y, sobre todo, ante la ciudadanía para explicar su relación con cualquier presunta actividad delictiva. Sin embargo, en el caso concreto de los supuestos delitos electorales, independientemente de la contundencia que pudieran tener las reiteradas alegaciones de inocencia de los implicados, se observan indicios de gravísimas irregularidades por parte de la Asamblea Nacional que permiten presumir que se trata de una feroz persecución política contra el mandatario y no de un genuino interés de los legisladores por la justicia y la transparencia administrativa.
En realidad, no existe ninguna posibilidad de justificar la exclusión que hizo el parlamento en favor de personas que fueron igualmente puestas bajo sospecha pero que, curiosamente, se encuentran ahora radicalmente enfrentadas con las posiciones políticas del presidente Bolaños. También debe tomarse en consideración, por si a algún ingenuo le hiciera falta, el mandato convencional que uno de los partidos mayoritarios le giró a sus diputados obligándolos inexcusablemente a aprobar el desafuero. La conclusión automática de todo ello no puede ser otra que la afirmación de un móvil político como la única explicación de semejante actuación parlamentaria.
La persecución política o fumus persecutionis no sólo vulnera el derecho subjetivo que tienen los acosados a no recibir un tratamiento desigual e injustificado por parte del parlamento, sino que implica la contaminación e invalidación de todo el proceso. Resulta claro que si el único objetivo que persigue la Constitución con el otorgamiento de inmunidad es evitar procesos judiciales por persecución política, constituye una verdadera arbitrariedad utilizar la amenaza de desafuero como chantaje para conseguir determinados réditos políticos.
Por eso, la actuación de la Asamblea Nacional al impulsar el desafuero del Presidente y sus ministros de la manera que lo está haciendo no sólo es políticamente ilegítima, sino también jurídicamente ilegal por incurrir en el vicio de desviación de poder. Es ésta una figura acuñada en el derecho francés y acogida en la mayoría de los Estados democráticos contemporáneos, entre ellos Nicaragua, que consiste en el hecho de que una autoridad utilice sus poderes con vistas a un fin distinto de aquél para el que le han sido conferidos. Dicho de otra manera, aunque la autoridad cumpla escrupulosamente con los procedimientos y demás requisitos establecidos para ejercer una competencia que le es propia, su actuación debe reputarse como ilegal si persigue fines distintos de los taxativamente señalados por el ordenamiento jurídico. El móvil político es, precisamente, uno de los casos típicos utilizados por la doctrina para ejemplificar este vicio de desviación de poder. Existe abundante jurisprudencia al respecto.
Así pues, de la misma manera que el Presidente de la República está obligado a comparecer ante la Asamblea Nacional cuando ésta actúa respetando los principios constitucionales, también está obligado a enfrentarla por todos los medios legales posibles, cuando su requerimiento se realizan con ostensible ruptura de dichos principios. Y esto ya no tanto en aras de sus legítimos derechos particulares, sino, sobre todo, porque el país entero está harto ya de vivir al borde del precipicio por el simple prurito e ignorancia de ciertos políticos irresponsables.
El autor es abogadoconstitucionalista.
