José Luis Medal
En los años ochenta se sostuvo que la Revolución era fuente de derecho. Actualmente prevalece una situación curiosamente similar: el poder de los caudillos pretende ser fuente del derecho y del control de las instituciones. Hoy, las leyes y los tribunales no parecen ser instrumentos del orden social sino que medios para la lucha política.
Fue Montesquieu quien escribió que todo estaría perdido si el mismo hombre o un mismo grupo ejerciese los tres poderes, y señaló que jueces dependientes o subordinados al Poder Ejecutivo o al Poder Legislativo, podrían constituirse en verdaderos opresores. En Nicaragua estamos pasando del concepto de la dictadura del proletariado que prevaleció en los años ochenta, a la dictadura de sentencias judiciales emitidas en base a intereses políticos.
Desde el punto de vista jurídico se considera como fuente formal del derecho a la legislación, la costumbre y la jurisprudencia. Desde una perspectiva más cínica —algunos dirían que realista— hay quienes sostienen que la ley es lo que el poder dice que es, lo que implica que en última instancia la fuente del derecho es el poder. Desde la perspectiva marxista el derecho se considera como parte de la denominada superestructura, y más precisamente como un instrumento de dominación de una clase sobre otra. Se hablaba en los ochenta de un derecho burgués y de una legislación burguesa que defendía los intereses de la burguesía, por lo que se sostuvo que la revolución se transformaba en la fuente primordial del nuevo ordenamiento jurídico revolucionario. Los jueces de ese entonces, más que sujetarse a la legislación vigente y a los principios fundamentales del derecho, se sujetaban a los denominados principios de la revolución.
Si el derecho se conceptualizaba en los años ochenta como un simple instrumento de la lucha de clases, de manera paralela hoy es un medio para la lucha política. Como es sabido el Poder Judicial está altamente politizado y las carreras judiciales y el ascenso a los cargos de magistrados dependen enteramente de la sumisión a la voluntad de los caudillos. Lo mismo ocurre en las otras instituciones. En teoría se vive en un sistema democrático, donde los diputados son electos libremente por el pueblo y representan a la voluntad popular. Los diputados a la vez eligen a los contralores, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Supremo Electoral.
La realidad detrás de ese ropaje jurídico es bien conocida: los diputados y casi todos los magistrados deben su nombramiento y lealtades a los dos caudillos. Disfrazado con el ropaje jurídico de la democracia, lo que prevalece en nuestro medio es el poder de los caciques. Si bien no se ha llegado al extremo de afirmar el Estado soy yo, como decía Luis XIV, en la práctica ocurre casi lo mismo: el partido soy yo, representa la ausencia de democracia interna dentro de las organizaciones políticas, principio que se refleja en el sistema institucional. Los caudillos controlan a los dos partidos y a las instituciones. La legalidad es casi sólo una apariencia, la esencia es un poder asentado en el caciquismo atávico.
En consecuencia, el ordenamiento jurídico y el poder de los tribunales termina siendo un simple instrumento del poder y no lo que debería de ser: un elemento esencial para el orden social y el bien común. Cuando el derecho y los tribunales se pervierten a tal extremo, sus sentencias podrán quizás tener validez jurídica pero no tendrán autoridad moral. Y ese es el problema del que adolecen nuestras instituciones, la ausencia de autoridad moral, lo que conlleva a la ausencia de legitimidad.
Como los caudillos controlan a las instituciones clave del sistema jurídico, ha predominado en los últimos meses —como observara atinadamente el Secretario General de la OEA—, una extrema judicialización o legalización del conflicto político. Lo que le faltó agregar es que ello no es porque Nicaragua sea un país donde predomine el derecho. La extremada judicialización del conflicto obedece únicamente a que los caudillos controlan todo el engranaje jurídico institucional, poder que han utilizado para casi dar un golpe de Estado de facto al Poder Ejecutivo.
La solución del conflicto constitucional requiere de una Asamblea Constituyente que permita al pueblo optar por instituciones independientes con autoridad jurídica y moral. Ello contribuiría a transformar al sistema jurídico en el instrumento del orden social y del bien común. Si por el contrario, a través de sentencias judiciales, los caudillos llegan a controlar también el Poder Ejecutivo, parafraseando a Montesquieu: todo estará perdido para Nicaragua.
El autor es Economista.
