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El Juez Cuarto Civil de Distrito de Managua, Néstor Castillo, citó para la mañana del tres de agosto, al Estado y al representante de la familia Somoza, a una audiencia para cumplir con un mandato del Tribunal de Apelaciones, de nombrar un interventor judicial en la Compañía Nacional Productora de Cemento.
Castillo informó que citó a la Procuraduría General de la República (PGR) como representante del Estado y al abogado de la familia Somoza, para que en una audiencia se discuta quién será la persona que ejercerá la función de interventor.
Antonio Morgan, abogado de la familia Somoza, propuso para este cargo a Luis Toruño Coronel, Álvaro Somoza Urcuyo, Roberto José Cuadra y Bayardo Núñez Mejía. Pero para el nombramiento de cualquiera de ellos, las partes del juicio deben ponerse de acuerdo y el juez Castillo tomará la última decisión.
FAMILIA SOMOZA AÚN NO GANA JUICIO
Con este trámite la familia Somoza, 26 años después de haber sido confiscada, podría tomar el control de la Cementera, una de las primeras empresas creadas por el fundador de la dinastía somocista, general Anastasio Somoza García.
El interventor tiene como tarea administrar la empresa y, según el juez, ésta es sólo una medida cautelar que no implica que la familia Somoza haya ganado el juicio.
NOVOA: NO ACEPTAMOSl A INTERVENCIÓN
El Procurador General, Alberto Novoa, dijo ayer que su posición al respecto es la misma: la empresa es propiedad del Estado y como tal la administración estará en arriendo a Cementos de México S.A.
“Nosotros no aceptamos la intervención que fue ordenada por el Tribunal de Apelaciones, creemos que se han alterado los procesos y creemos que en última instancia no se han respetado las leyes”, declaró el procurador.
“Lo que hicieron estos señores fue una burla, una simulación, porque presentaron como válidas, acciones que ya no eran válidas, se ofrecieron como válidas acciones que por efectos de la ley (…) ya dejaban de tener validez. (…) hoy, esta gente trata de revivir esos documentos que fueron cancelados por ministerio de la ley, y esa ley (aprobada en 1985) no ha sido declarada ni inconstitucional, no ha sido revocada, no ha sido derogada, es ley vigente y como tal se tiene que respetar, dijo Novoa.
