Emilio Álvarez Montalván*
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Los apuros de la OEA
Emilio Álvarez Montalván*
Los países subdesarrollados, como Nicaragua, sufren periódicamente crisis políticas y económicas graves, que no se pueden resolver, en parte por carecer de instituciones democráticas sólidas y permanentes que actúen como árbitros.
Recurren entonces en el campo político, a procedimientos aberrantes como dictaduras, guerras civiles, repartición de cuotas de poder entre los caudillos de turno e incluso invocan la intervención armada extranjera. Son intentos desesperados de lograr estabilidad, aunque al final el remedio escogido resulta peor que la enfermedad. A su vez, sus angustias financieras tratan de aliviarlas con un populismo inflacionario que los lleva a la bancarrota .
Con el fin de aliviar esas situaciones angustiosas se han tomado dos tipos de medidas. En el campo financiero formaron agencias internacionales que otorgan a esos países préstamos blandos y auxilios humanitarios, siendo la contrapartida el compromiso de tomar medidas de disciplina fiscal. En Nicaragua hasta que llegó la administración Bolaños no logró Nicaragua calificar para el HIPC y recientemente a la Cuenta del Milenio y beneficiarnos de la dispensa de la deuda externa multilateral, concedida por el G8. Son logros que ahora peligran al aprobar irresponsablemente la Asamblea Nacional un “presupuesto nacional” altamente deficitario.
En el área política se creó en este Continente la Carta Democrática para vigilar, denunciar y penalizar rupturas del sistema democrático. Sin embargo, no se le proveyó a la OEA de fuerza coercitiva y por lo tanto, no se atreve a tomar decisiones firmes para no evidenciar su situación inerme o provocar división entre sus miembros.
En el caso actual de Nicaragua, tanto la misión técnica enviada por la OEA a solicitud del presidente Bolaños, como los acuerdos de la última Asamblea General fueron contestes en afirmar que hay aquí una flagrante violación de los principios de la Carta, específicamente con la ruptura del equilibrio de los poderes del Estado. Y en vez de ratificar la Secretaría General esa decisión y denunciar los abusos de la Asamblea Nacional de Nicaragua insiste en un diálogo donde recomienda a las partes hacer concesiones , a sabiendas que el agredido y despojado ha sido el Jefe de Estado, y que lo que cabe es que la Asamblea Nacional rectifique. De otra manera, aparece débil y ambigua la OEA convertida la Secretaría General en mera transmisora de mensajes, facilitando el regreso de la acción unilateral.
Por otra parte, se practican en Nicaragua variantes bizarras e ilegítimas de la ruptura del sistema democrático. La primera es que no es el Ejército quien pretende minimizar el rol del Presidente de la República, sino el Poder Legislativo al autodeclararse “poder dominante” en vez de mantenerse parte del sistema de pesos y contrapesos que identifica a la democracia. La segunda característica es que no buscan la destitución del gobernante, sino mantener un acoso sostenido, arrebatándole poco a poco sus privilegios constitucionales y por último abrirle juicio, alegando causal inventada para desaforarlo y condenarlo por tribunales que los mismos caudillos controlan. La tercera, es que ya no es un caudillo carismático quien dirige el complot, sino una pareja de caudillos quienes controlan no sólo el 90 por ciento de la Asamblea Nacional, sino la totalidad del Poder Judicial , la Contraloría, la Fiscalía y el Consejo Nacional de Elecciones y unos cuantos jirones arrancados al Ejecutivo.
En el fondo es una versión nica del Plan Colombia (1950) en que por 20 años gobernaron por mandato constitucional liberales y conservadores. De ahí que no les importe al PLC y al FSLN quién de la pareja gane la Presidencia en el 2006, pues tienen asegurado cada uno gran parte del botín, mientras la Convergencia asume el papel de minoría congelada.
Ante esta distorsión del sistema democrático la OEA debe estar clara que no está en presencia de una simple disputa legalista de adversarios políticos. Lo que hay en Nicaragua es toda una estrategia perversa para romper y corromper los cimientos del sistema democrático, apropiándoselo por mucho tiempo.
Al amplio sector democrático nicaragüense sólo le queda la opción ucraniana o sea organizar una gran unión nacional que impida el fraude que terminaría con la transición hacia la democracia que hace 15 años emprendimos con grandes dificultades.
* El autor es analista político
